Europa, pueblos y ciudadanos

La Constitución europea, refrendada en referéndum el pasado 20 de febrero, introduce escasas novedades respecto a las relaciones entre instituciones comunitarias y entidades regionales de cada Estado. Ello ha permitido críticas a la misma por parte de quienes aspiran a un mayor protagonismo de las regiones en el proceso de Unión Europea, en general, partidos de naturaleza nacionalista. Incluso algunos de estos partidos propusieron el no en el reciente referéndum por esa causa.

Por otra parte, hay también quienes, desde posiciones nacionalistas, finalmente apoyaron el sí a la nueva Constitución.

Esta manifiesta contradicción, que puede conducir a la confusión, también confirma, como mínimo, lo relativo de los argumentos de fondo en esta cuestión o, en otras palabras, que resulta lógica la prevalencia de valores o intereses superiores a la hora de definirse sobre el texto.

La cuestión tiene relevancia en nuestro país, donde las cuestiones territoriales adquieren altas temperaturas con facilidad. Pero no la tiene en los demás Estados de la Unión, ni aún en aquellos en los que las entidades regionales tienen amplios poderes y facultades, como en España. Y es impensable en Estados federales como Alemania o Austria. No es gratuito preguntarse por qué ocurre esto.

Los tratados de la Unión han declarado sistemáticamente un escrupuloso respeto a las estructuras constitucionales internas y a la distribución territorial del poder de cada Estado. Por eso en la Unión conviven Estados federales, regionales, unitarios, centralizados o atípicos, sin que ello haya obstaculizado lo más mínimo el proceso de Unión Europea. Y éste se ha asentado sobre la voluntad de los Estados.

Las regiones tienen un canal de participación, el Comité de las Regiones, órgano consultivo, cuyo formato y funciones ha sido muy criticado y sin duda es perfectible, pero que permite englobar las muy variadas realidades regionales existentes en el espacio europeo. Ésta es la realidad y no cambiará sustancialmente.

La Constitución europea, además de confirmar estos principios y normas de funcionamiento, da un paso más y de gran trascendencia. Su artículo primero declara solemnemente que la Constitución "nace de la voluntad de los ciudadanos y de los Estados de Europa de construir un futuro común". Éstos son los pilares sobre los que se asienta la legitimidad de la futura Europa y sus instituciones. La soberanía de origen en la que se basa Europa es la voluntad de sus ciudadanos y los poderes inherentes a ella son los que le ceden los Estados. Ciudadanos y Estados son los únicos sujetos políticos habilitados por la nueva Constitución para la construcción de la Unión Europea.

No cabe mayor claridad, más aún cuando la Constitución establece, como corresponde a su condición, un determinado sistema de garantías en esa dirección. Como cuando establece que la Unión respetará la identidad nacional de los Estados miembros inherente a sus estructuras fundamentales políticas y constitucionales. Es decir, que cada Estado actuará en la Unión con una única identidad nacional, dejando a cada Estado la formulación constitucional en que aquélla haya de manifestarse. Y consagra el respeto a las funciones esenciales del Estado, entre ellas, garantizar su integridad territorial y la seguridad nacional.

Al definir como sujeto político activo y directo al ciudadano europeo no tiene sentido, ni cabida en la Constitución y las instituciones europeas, la pretensión de buscar categorías o conceptos que pudieran actuar de sujetos políticos intermediarios entre los ciudadanos y las instituciones, como por ejemplo "los pueblos", pretensión tan acariciada por ciertos partidos nacionalistas en nuestro país. Se descarta, por tanto, la Europa de los pueblos, conscientes la mayoría de los europeos de que "el pueblo" como sujeto político, conectado con el problema del espacio territorial, ha sido causa de innumerables conflictos y demasiados sufrimientos en la historia de Europa, sin aportar ninguna solución.

El concepto de ciudadano como sujeto político tiene una raíz y una profundidad democrática de nivel muy superior a cualquier otro. Y desde luego al de "pueblo", de contornos más difusos y variables, sujeto a definiciones coyunturales y discutibles y con gran carga de subjetivismo. Su concreción como sujeto político siempre ha sido y será controvertida. Por ello, las Constituciones, y la europea también, prevén un sistema de garantías, de derechos y deberes de los ciudadanos claros e inequívocos que nada ni nadie puede ignorar ni violentar.

La Constitución europea asienta el concepto de ciudadanía sobre valores como la paz, la libertad, la seguridad y la prosperidad. Valores con garantías exigibles por los ciudadanos a las instituciones europeas, nacionales y regionales, y que ninguna de éstas puede ignorar. A veces pienso si en el País Vasco los ciudadanos tenemos las garantías suficientes para la defensa de esos valores y si las instituciones hacen todo lo que deben en esa dirección. Porque los derechos de los ciudadanos como tales están muy encima de cualesquiera otros que como grupo social, político o como pueblo, pueden esgrimirse. Esto es la ciudadanía europea.

Declarar también al Estado y su identidad nacional unívoca, sujeto político con personalidad única ante las instituciones europeas, supone en la práctica una "petrificación" del orden territorial de los Estados en la configuración actual. Y una garantía de estabilidad institucional y territorial de los Estados miembros. No caben por tanto pretensiones de obtener de la Unión status específicos en la misma del tipo de Estado Libre Asociado o Estados Confederados, ni mucho menos veleidades secesionistas. Todo esto es, hay que decirlo claramente y sin ambigüedades, totalmente inviable. No se trata de una opinión particular, es la de cualquier responsable, sea del color político que sea, que hable con conocimiento de causa y con sinceridad.

Los agentes del proceso de Unión Europea son los ciudadanos y los Estados. Avanzamos hacia una federalización europea sobre estos pilares de manera nítida e irreversible. Los problemas de organización territorial son propios de cada Estado, sin que quepa endosar la cuestión a las instituciones europeas o buscar la cobertura de éstas para una cuestión estrictamente interna.

No conviene ignorar esta realidad ni, peor aún, alimentar sueños que nunca serán realidad. Y he de decir que me alegro de que así sea. Los más pragmáticos de los nacionalistas, los de reconocida vocación europeísta, conscientes de ello, nunca hicieron nada más allá de lo prudente. Y, en el límite, adoptan un discreto silencio. Saben que se es ciudadano europeo por ser español. Y que, fuera de Europa, sus sueños se convierten en quimeras. Por eso es entendible su sí a la Constitución europea.

Javier Rojo es presidente del Senado.