Bustelo dimite

El polémico traslado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de Madrid a Barcelona ha desembocado en la dimisión de su presidente, Carlos Bustelo. Como era previsible, su resistencia a cumplir una decisión del Consejo de Ministros se ha saldado con la renuncia minutos antes de que el ministro de Industria hiciera sonar la campana del cese. El penúltimo episodio fue la decisión de la CMT de mantener una subsede operativa en Madrid, contraviniendo el decreto del Gobierno.

Descentralizar las sedes de los organismos reguladores es una vieja demanda de los políticos catalanes de cualquier signo, que Zapatero decidió poner en marcha el pasado mes de julio tras una entrevista con Pasqual Maragall en La Moncloa. Que la decisión encontrara fuertes resistencias entre los empleados de la CMT era previsible. Lo que era insostenible es que el presidente encabezara la manifestación. Lo lógico es que el Gobierno designe ahora a una persona idónea para hacer cumplir su decisión y persuadir con incentivos a una plantilla compuesta por casi un centenar y medio de empleados cualificados.

Sin embargo, la tarea no se presenta nada fácil, dado que los trabajadores han presentado ya un recurso ante la Magistratura de Trabajo por considerar que han sido "pisoteados" sus derechos laborales y estudian elevar otro ante el Tribunal Supremo basado en la "nulidad" del decreto sobre el cambio de sede. Y a esos contenciosos se suma el que proyecta Esperanza Aguirre. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido entrar también en la batalla, con lo que el conflicto se ha convertido, además, en un enfrentamiento entre administraciones autonómicas.

Bustelo, nombrado responsable de la CMT en 2002 por un periodo de seis años por el Gobierno de Aznar, ha admitido siempre como legítima la decisión del Ejecutivo. En su carta de dimisión justifica su gesto en las dificultades para llevar a cabo el complejo y delicado proceso de trasladar la sede. Sin embargo, en público ha sido mucho menos comedido, al calificar el traslado a Barcelona como una "deportación" que obedece a razones políticas. Esta rotundidad choca con las ideas que en otras ocasiones ha expresado en favor de la movilidad del funcionariado. En lo que sí puede llevar algo de razón el ex ministro de Industria de la época de Suárez es en la falta de tacto que tuvo el Gobierno al anunciar la decisión sin apenas consultar a su presidente ni tantear a los empleados. Por lo demás, resulta muy sano, si se quiere integrar a las comunidades autónomas en la política de Estado, descentralizar no sólo la CMT, sino otros organismos públicos.