El Gobierno llevará a las Cortes la Ley de Dependencia y reformará la del Menor

Tres cuestiones figuran entre las prioridades en materia social que el Gobierno prevé afrontar tras las vacaciones: la puesta a punto del proyecto de ley para crear un sistema nacional de atención a las personas que no pueden valerse por sí mismas (Ley de Dependencia), nuevas medidas contra la violencia machista que desarrollen la Ley Integral ya vigente y reforma de la Ley del Menor para permitir que los menores delincuentes puedan ingresar en prisión al cumplir los 18 años. Fuentes del Ejecutivo aseguran que el Consejo de Ministros dará el visto bueno antes de final de año a las normas respectivas a esas tres cuestiones.

- Atención a las personas dependientes. Llega la hora del "cuarto pilar del Estado del bienestar", tal como lo define la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce. Asegura que el Gobierno aprobará este año el proyecto de ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes (Ley de Dependencia). El objetivo es establecer el "derecho universal" de los ciudadanos a recibir atención cuando no puedan valerse por sí mismos. Para ello se prevé crear el sistema nacional de dependencia en el que el Estado garantizará unos servicios básicos iguales en todas las comunidades. "Nadie dejará de ser atendido por falta de recursos, pero las personas que dispongan de ellos deberán pagar por los cuidados que reciban en función del conjunto de sus rentas", señala Valcarce. Antes de la aprobación por el Gobierno para su envío al Parlamento, el proyecto debe recibir el visto bueno en la mesa de diálogo social (en ella se debe decidir sobre la financiación) y consultarse a las comunidades autónomas, añade.

- Violencia machista. El desarrollo de la Ley Integral contra la Violencia de Género irá en las próximas semanas al Consejo de Ministros. Se creará por decreto el Observatorio Nacional contra la Violencia de Género (encargado de analizar la situación y de proponer actuaciones), previsto en esa norma. También se pondrán en marcha medidas como el plan nacional de sensibilización y prevención, asegura la Delegada del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, Encarnación Orozco.

- Ley de Igualdad. La Ley de Promoción de la Igualdad, otro de los proyectos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tiene un calendario todavía incierto, pese a que en un principio estaba previsto que el Gobierno aprobara el proyecto este año. Algunas de las medidas contempladas, las de ámbito laboral, también se discuten en la mesa de diálogo social (patronal y sindicatos).

- Ley del Menor. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, tiene previsto llevar a un próximo consejo del Gabinete la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, cuya medida más polémica será la posibilidad de llevar a la cárcel a los menores delincuentes al cumplir los 18 años. Fuentes de Justicia han indicado que sólo se aplicará esta medida cuando el menor sea autor de delitos de extrema gravedad (incluida la reincidencia) y su comportamiento sea muy agresivo o perjudicial para los demás internos de un centro de menores. Según estas fuentes, la medida será "excepcional", nunca se aplicará "de forma mecánica" y se contempla como una opción disponible para el juez a partir de que el menor delincuente cumpla los 18 años.

A esta modificación se oponen organismos y asociaciones que defienden los derechos de la infancia (Unicef, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Plataforma de Organizaciones de Infancia, Instituto Universitario para el Estudio de los Derechos y Necesidades de la Infancia y Save the Children) y el Consejo General del Poder Judicial.

También se ha barajado aumentar, para determinados crímenes relevantes, el tiempo de internamiento en un centro cerrado, diferenciando entre la franja de edad de los 14 a los 16 y de los 16 a los 18 años. El endurecimiento de esas medidas afectará a los menores que actúen en bandas organizadas.

- Matrimonio gay. La reforma del Código Civil que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo tiene pendientes dos cuestiones de constitucionalidad presentadas por sendos jueces (Telde, en Gran Canaria, y Dénia, en Alicante). Se suman a la paralización posterior de un matrimonio homosexual en Burgos. La cuestión enviada por la responsable del Registro Civil de Dénia y titular del juzgado número 3 de esa localidad, Laura Alabau, se recibió en el registro del Tribunal Constitucional a primeros de agosto y se resolverá, según fuentes del alto tribunal, a lo largo de este año.