Los acusados del 11-M pueden salir de prisión antes del juicio por la lentitud del juez

La lentitud del juez Juan del Olmo en la instrucción del sumario del 11-M, en la que casi dos años después de los atentados no ha dictado aún auto de procesamiento, pone en "serio riesgo" que la Audiencia esté obligada en el futuro a dejar en libertad a algunos de los imputados por haber cumplido cuatro años de prisión preventiva, el máximo previsto en la ley. Así figura en un informe dirigido al Consejo General del Poder Judicial por el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, y que ha sido elaborado por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez.

El juez Juan del Olmo, que tiene concedida la dedicación exclusiva para instruir el sumario del 11-M, ha solicitado la prórroga de ese privilegio alegando que está agobiado para concluir la causa. Algunos de sus compañeros le han criticado duramente y han señalado que, en un caso en el que los principales autores materiales -los siete suicidas de Leganés- han muerto, el juez ha creado un macroproceso con 116 imputados y en el que casi dos años después de los hechos no ha dictado todavía auto de procesamiento. Y eso que está exento de guardias y de las causas de la Fiscalía Anticorrupción, las más complejas.

Hasta ahora, los casos de su juzgado los resolvía el juez Félix Degayón, que se encontraba en comisión de servicio, pero ésta concluye a principios de febrero. Ante la nueva petición de ayuda de Del Olmo, el presidente de la Audiencia, Carlos Dívar, ha pedido un informe al presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, quien a la vista del estado de la causa ha propuesto que se acceda a la prórroga solicitada. Pero ha precisado que con la condición de que sea por dos meses improrrogables, y siempre que en ese plazo se dicte auto de procesamiento y se resuelva el recurso de reforma con remisión a la Sala de los recursos de apelación. El informe propone que durante esos dos meses Del Olmo tenga que dar cuenta del estado de la tramitación cada 15 días.

Para asumir el apoyo a Del Olmo durante ese tiempo, el informe propone que los jueces Teresa Palacios y Fernando Andreu -que ante la urgencia se han ofrecido voluntarios- asuman durante un mes cada uno el despacho de los asuntos del juzgado de Del Olmo, además de los de sus respectivos juzgados.

No obstante, es el Consejo General del Poder Judicial el que tiene la última palabra sobre el asunto. Es muy probable que acceda a la propuesta de Dívar y Gómez Bermúdez ante el riesgo denunciado.

"Inquietud y preocupación"

El dictamen realizado por el presidente de la Sala de lo Penal, a pesar de acceder con condiciones a las pretensiones del juez Del Olmo, es muy duro con su actuación. Entre otros extremos, señala: "Próximo el vencimiento de los dos años de prisión provisional de varios encausados (13 de marzo), plazo máximo ordinario de la medida cautelar, sin que se haya dictado aún auto de procesamiento, debo poner en conocimiento de V.E. la enorme inquietud y preocupación que la lentitud de la instrucción de la causa genera, a pesar del enorme esfuerzo del instructor".

Y agrega: "Lentitud que se traduce en un serio riesgo de que no pueda celebrarse el correspondiente juicio oral y dictarse la sentencia a que haya lugar en derecho antes del 13 de marzo de 2008, fecha que constituye el límite máximo absoluto de la medida cautelar privativa de libertad". Es decir, que la lentitud en la investigación dirigida por Del Olmo provocará que los acusados tendrán que ser puestos en libertad tras agotar el máximo de cuatro años de prisión preventiva, porque los plazos para resolver recursos no se pueden acortar más.

El informe hace una previsión del recorrido que va a tener el proceso en los próximos meses. "Es previsible", señala, "que la instrucción se prolongue, como mínimo, cinco meses más, pues ha de dictarse auto de procesamiento, resolverse los más que seguros recursos de reforma y apelación contra el mismo, recibirse declaraciones indagatorias, dictarse auto de conclusión del sumario y elevarlo a la Sala".

Como el sumario del 11-M se tramita con el procedimiento ordinario, una vez que el juez lo concluya y lo eleve a la Sala deberá desarrollarse la denominada fase intermedia. "Aun en la optimista previsión de que no exista motivo alguno que dilate la celebración del juicio (como pueda ser la revocación de la conclusión del sumario, el planteamiento de artículos de previo y especial pronunciamiento, etc.)", señala el informe, "un cálculo muy ajustado del plazo necesario para evacuar el trámite de instrucción del artículo 627 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, posterior calificación de las partes y dictado del auto de admisión de prueba y señalamiento se situaría en torno a los cinco meses".

Respecto a las previsiones sobre el juicio -del que dado sus enormes magnitudes no se sabe todavía dónde se celebrará- el informe precisa: "Dado el número presumiblemente elevado de procesados, el exorbitante número de víctimas que se produjeron y el consiguiente volumen de la causa, el plenario tendrá una duración no inferior a los 10 meses con señalamiento intensivo de sesiones de juicio oral (ocho a la semana)".

Sobre la sentencia, el informe puntualiza que "requerirá no menos de 2 o 3 meses de elaboración, lo que sitúa el tiempo mínimo que precisa la Sala, siempre que no se produzca incidencia alguna, en 17 meses".

"Margen poco razonable"

El informe concluye que incluso con esas previsiones tan optimistas en cuanto a los tiempos invertidos en la tramitación de la causa, "queda un margen para imprevistos de sólo 2 meses, plazo poco razonable, atendida la complejidad y trascendencia del asunto".

Por ello, la Audiencia, aunque respalda el apoyo solicitado por Del Olmo, lo limita a dos meses y le impone como condición que concluya de una vez el auto de procesamiento y que dé cuenta de sus progresos cada 15 días.

El juez del Olmo ha aplazado en varias ocasiones el auto de procesamiento. El magistrado tenía previsto procesar antes del pasado verano a un tercio de los 116 imputados pero, según fuentes de la Audiencia, en su afán por incorporar nuevos datos ha retrasado sucesivamente el procesamiento.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "desde que resultare del sumario algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona, se dictará auto declarándola procesada". Sin embargo, el magistrado ha ido acumulando indicios en un macrosumario que cuenta con más de 60.000 folios, agrupados en más de 150 tomos. Por el momento, hay 116 imputados, de los que 27 se encuentran en prisión preventiva (ver cuadro adjunto). Además, han sido dictadas órdenes de busca y captura contra una docena de sospechosos, entre ellos, Amer Azizi, Othman el Andalusí; Said Berraj, El mensajero; Mohamed Belhadj, Mohamed Afalah, presuntamente fallecido, y Daoud Ouhnane.

En los atentados de los trenes de la muerte, el 11 de marzo de 2004, fueron asesinadas 191 personas y resultaron heridas más de 3.300.