El gobierno local de Camas destituye a la edil que denunció un intento de soborno

El gobierno municipal de Camas (Sevilla) destituyó ayer a Carmen Lobo, la edil que denunció haber sufrido un intento de soborno en el que están imputados el alcalde de Camas, Agustín Pavón; tres concejales y un empresario. El equipo de gobierno aprovechó la ausencia de la concejal Inmaculada Larrinaga (antes del PP), para votar el cese de Carmen Lobo, condenada por el Tribunal Supremo por un delito de falsedad en documento privado. Agustín Pavón aseguró que esta condena "conlleva necesariamente la pérdida de la condición de concejal ". Carmen Lobo anunció que denunciará por prevaricación a los ediles que votaron su cese, algunos de los cuales protagonizaron el caso Camas.

La denuncia de Carmen Lobo fue el detonante del caso Camas, en el que están imputados por un presunto delito de cohecho el alcalde Agustín Pavón, (cuya militancia en IU sigue pendiente de resolución interna), los concejales Antonio Enrique Fraile (ex PP), José Del Castillo (ex PA) y Aureliano Lucas (ex PP), y el empresario Eusebio Gaviño. Hasta ayer, Lobo conservó su acta como edil.

Julia García Mesa, la abogada de Carmen Lobo, presentó a última hora de la mañana un escrito en la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla en el que solicitaba que se requiera al alcalde para que declare la nulidad del acto. La letrada también presentará un recurso contencioso-administrativo y elevará un escrito a la Junta Electoral Central pidiendo que no se le concedan las credenciales de concejal a Juan Pazos Aparicio, el futuro sustituto de de Lobo y actual coordinador de Asuntos Sociales.

Pavón dijo a los periodistas al término de la sesión que con el "nuevo contexto se refuerza la gobernabilidad del Ayuntamiento de Camas". Los grupos de la oposición tendrán ahora 10 representantes (PSOE, Nueva Izquierda y la edil Inmaculada Larrinaga) frente a 11 del gobierno. El alcalde instó a Lobo a que abandonara el salón de plenos antes de que se debatiera su destitución, a lo que accedió la edil en cumplimiento del reglamento.

El alcalde defendió la "viabilidad" del acuerdo adoptado basándose en la sentencia del Tribunal Supremo que condena a Carmen Lobo a un año y tres meses de prisión y a la inhabilitación para el derecho al sufragio pasivo durante ese tiempo por un delito de falsedad en documento privado. Esta sentencia está recurrida al Tribunal Constitucional por Lobo.

Agustín Pavón hizo referencia a un informe de la Dirección General de la Función Pública que confirma, según el alcalde, que "la imposición de esta condena conlleva necesariamente la pérdida de la condición de concejal". "Tampoco cabe la posibilidad de reincorporar al concejal una vez que ha perdido esta condición y ha sido sustituido", añadió.

Ausencia por "trabajo"

Por su parte, Inmaculada Larrinaga justificó su ausencia del pleno, que permitió votar la salida de Lobo, con el argumento de que estaba "trabajando", según manifestó a miembros del grupo socialista. Esta concejal ha presentado un escrito en el que desiste como denunciante en el procedimiento que sigue el Juzgado de Instrucción Número 9 de Sevilla, que fue abierto por la Fiscalía de Sevilla a raíz de unas declaraciones que efectuó Larrinaga en un juicio de faltas. En esa vista, Larrinaga dijo que el alcalde y los concejales Antonio Enrique Fraile, José Del Castillo y Juan José Jurado le ofrecieron "todo el poder del mundo" en una reunión, a cambio de que retirara su apoyo a la moción de censura que había presentado el PSOE el año pasado para desbancar al equipo de gobierno.

Larrinaga también ha anunciado que desistirá en otro procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción Número 18 de Sevilla para esclarecer si el empresario Eusebio Gaviño intentó sobornarla para que salieran adelante los presupuestos de 2005.

Por su parte, la oposición local (PSOE y Nueva Izquierda), solicitaron que el cese de Carmen Lobo quedara "sobre la mesa" por tratarse de una decisión "precipitada". Antonio Herranz, el portavoz socialista, advirtió a los concejales que podrían incurrir en un delito de prevaricación, ya que la propuesta "no está apoyada jurídicamente y no hay precedentes". Herranz hizo un llamamiento a "la sensatez" de todos los presentes antes de que se procediera a la votación.