El juez encarcela a una mujer relacionada con los 'bonos' de ETA

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenó ayer el ingreso en prisión de Sandra Barrenetxea, de 31 años, detenida el pasado día 24 en Bilbao por su relación con Ibon Meñika, en prisión desde la semana pasada tras ser arrestado con 90 bonos de 60 euros para financiar a ETA.

Barrenetxea se negó a prestar declaración ante el juez central Ismael Moreno, que estaba de guardia, y éste se inhibió en favor de su compañero Santiago Pedraz, a quien correspondió la investigación del caso a raíz de la detención de Meñika. Pedraz tiene previsto citar a Barrenetxea la próxima semana para tomarle declaración, según fuentes de la Audiencia Nacional.

Por su parte, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró ayer "inaceptable" que Batasuna calificara de "graves" tanto los últimos ataques violentos como la detención de Ibon Meñika con bonos para financiar a ETA. "La detención de un presunto etarra es un acto de justicia; poner una bomba en una ferretería sencillamente es una canallada ilegal", dijo.

Condena por amenazas

Por otra parte, la Audiencia Nacional ha condenado a dos años de prisión a María Plazaola Zubizarreta, militante del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), por delito continuado de amenazas terroristas, a dos años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta por dirigir cartas que contenían amenazas a dos concejales del PSE-PSOE de las localidades guipuzcoanas de Villarreal de Urretxu y Zumárraga.

La sentencia señala que Plazaola dirigió sendas cartas a dos concejales socialistas de las citadas localidades y a la sede de éstos en Zumárraga en las que, entre otras frases alusivas a la "represión, dispersión e ilegalizaciones", aseguraba: "El conflicto salpicará a todos los miembros de tu partido, tanto militantes como concejales".

La sentencia considera autora a Plazaola a partir de los restos biológicos obtenidos de los sellos con que se franquearon los sobres manuscritos y que fueron comparados con los de una colilla de tabaco perteneciente a la acusada.

Sobre el hecho delictivo, el tribunal explica que el texto de la carta constituye una "auténtica amenaza contra las personas" y las considera terroristas "atendiendo al clima de inseguridad y zozobra propiciado por los atentados terroristas y los desórdenes de grupos callejeros conectados con bandas terroristas". "Se trata del anuncio de un mal contra la vida e integridad física de los concejales y sus familiares", concluye.

Por otro lado, el fiscal Jesús Alonso elevó ayer de 8 a 12 años la pena solicitada por estragos terroristas para el miembro de ETA Karmelo Laucirika, que el 6 de diciembre de 2004 colocó presuntamente un artefacto explosivo en la plaza de España de Almería, que fue desactivado.