El general propuesto para la CIA defiende las escuchas

"Con todo respeto, senadores, creo que el aparato estadounidense de inteligencia ha pasado a ser un balón de fútbol en el debate político". El general Michael Hayden, propuesto por George W. Bush para dirigir la CIA, abrió ayer la discusión sobre su nombramiento en el Senado lamentando que la discusión sobre el espionaje sea un arma arrojadiza.

"La comunidad de inteligencia y la CIA han recibido un desproporcionado número de palos, algunos justos, pero muchos no". "¿Será capaz el general de recuperar la independencia de análisis y la objetividad en la CIA y de hablar con claridad al poder o acomodará la inteligencia para apoyar la política del Gobierno y llevar a engaño al Congreso y a los estadounidenses, como hizo Tenet

[director de la CIA en la época de la guerra de Irak]?", preguntó el demócrata Carl Levin, que llevó ayer la batuta de las críticas.

"Dirigiré a los analistas de la CIA con el ejemplo", respondió el general, que admitió el fracaso sobre los arsenales de armas de destrucción masiva de Sadam Husein y aseguró que tomará medidas para no repetir los errores y "recuperar y reforzar la confianza pública" en la agencia.

Vestido con su uniforme de general de cuatro estrellas de la Fuerza Aérea y con un aplomo en ocasiones un punto condescendiente hacia los senadores -los demócratas le presionaron con firmeza, los republicanos le trataron con algodones- Hayden, de 61 años, defendió a capa y espada el programa de escuchas electrónicas; no podía ser de otra forma, porque lo puso en marcha cuando era director de la Agencia Nacional de Seguridad.

"Después del 11-S, era inevitable", dijo, y aseguró que es legal -a pesar de que la ley obliga a pedir mandatos judiciales para las escuchas-, que su objetivo son los terroristas y que no se entra en el contenido de las llamadas intervenidas, sino en el modelo de comunicación que se establece, a la hora de rastrear comportamientos sospechosos.

Según un sondeo de CNN, el 54% de los estadounidenses entiende, frente al 39%, que el Gobierno debe intentar contrarrestar las actividades terroristas a través de escuchas telefónicas, pero el 50%, contra el 44%, cree que sólo se debe hacer con mandatos judiciales.