La fiscalía pide casi 40.000 años de cárcel para los siete principales acusados del 11-M

La fiscalía de la Audiencia Nacional solicitará previsiblemente mañana penas de casi 40.000 años de prisión para siete de los 29 procesados por su participación en los atentados del 11-M, según informan fuentes próximas a la investigación. El escrito de conclusiones provisionales del fiscal recogerá con toda probabilidad que los autores intelectuales del atentado fueron Serhane ben Abdelmajid, El Tunecino; Hassan el Haski; Rabei Osman, El Egipcio, y Mohamed Belhadj, mientras que como autores materiales incluirá a los siete suicidas de Leganés, el fallecido en Irak Mohamed Afalah, los presos Jamal Zougam, Basel Ghalyoun y Abdelmajid Bouchar y el huido Daoud Ouhnane. La utilización de móviles para activar bombas se enseñaba en un campamento afgano.

La activación de bombas con móviles se enseñaba en un campamento de Jalalabad (Afganistán)

Trashorras sabía que la Goma 2 podría usarse en "acciones terroristas de gran envergadura"

La fiscalía acusa de asociación ilícita a los integrantes de la trama asturiana

Los siete procesados que se enfrentarán a penas cercanas a los 40.000 años son: Jamal Zougam, Basel Ghalyoun y Abdelmajid Bouchar, los tres autores materiales que fueron reconocidos por testigos en alguno de los trenes durante la mañana del 11 de marzo de 2004; Rabei Osman, Mohamed el Egipcio; Youssef Belhadj y Hassan el Haski, los tres autores intelectuales de los crímenes, junto con el jefe ideológico, fallecido el 3 de abril de 2004 en Leganés, Serhane el Tunecino, y finalmente, José Emilio Suárez Trashorras.

El fiscal estima que este último debe ser considerado autor por cooperación necesaria de los atentados, ya que suministró una importante cantidad de explosivos -alrededor de 200 kilos-al jefe operativo del grupo, Jamal Ahmidan, El Chino, sabiendo que éste era un fanático integrista que continuamente defendía la necesidad de atacar a Occidente y que podría utilizarlos "para la ejecución de acciones terroristas de gran envergadura".

La Fiscalía reclamará para cada uno de ellos penas de 30 años de cárcel por cada uno de los 191 asesinatos y de 18 años de prisión por cada uno de los 1.820 asesinatos intentados. Además, habrá que añadir la pena por el delito de pertenencia a banda armada en grado de dirigente, integrante o colaborador, y para Suárez Trashorras además, la del delito de asociación ilícita, delito nuevo respecto de lo que figuraba en el auto de procesamiento.

No obstante, y a pesar de lo elevadísimo de las penas que se solicitan, en caso de ser condenados, ninguno de ellos superará los cuarenta años de reclusión, máximo previsto en la legislación española cuando se cometieron los crímenes.

Los restantes 22 procesados se enfrentarán con toda probabilidad a penas que oscilan entre los 30 y los cuatro años de prisión.

La idea de realizar atentados comenzó a fraguarse en noviembre de 2001, cuando tras los atentados de las Torres Gemelas y del Pentágono, en Estados Unidos, fue detenido en España Imad Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah, y otros islamistas integrantes de la célula española de Al Qaeda. La decisión de efectuarlos se reafirmó con la intervención de España en Irak y la reunión de las Azores. Por último, el detonante final para la ejecución del atentado fue la intervención de Osama Bin Laden el 18 de octubre de 2003 en la cadena qatarí de televisión Al Yazira, en la que anunció que España estaba entre los objetivos de los islamistas.

El escrito del fiscal atribuirá la colocación de las bolsas con bombas en los trenes a los siete suicidas de Leganés, entre los que se encuentran el jefe ideológico de la célula, Serhane el Tunecino, y el jefe operativo, Jamal Ahmidan, El Chino. Los otros cinco suicidas, son Allekema Lamari, Asrih Rifaat Anuar, Abdennabi Kounjaa y Mohamed y Rachid Oulad Akcha. Los otros acusados de ser autores materiales son Mohamed Afalah, que huyó de España y murió en un atentado suicida en Irak; Jamal Zougam, que proporcionó los móviles Trium utilizados en las bombas y que fue reconocido por testigos en los trenes; Abdelmajid Bouchar, que avisó a los suicidas de que estaban rodeados por la policía y tras fugarse fue arrestado en Belgrado; Basel Ghalyoun, reconocido por testigos como uno de los que colocó bombas en los trenes y Daoud Ouhnane, cuyas huellas en la bolsa de los explosivos hallada en la Renault Kangoo, y otros escenarios el 11-M, no ofrecen dudas al respecto. La Fiscalía deja abierta la posibilidad de que participara en la colocación de las bombas algún terrorista más que no ha sido identificado, ya que las bombas fueron 13.

El relato de hechos que figura en el escrito destaca que los terroristas llegaron a la estación de Alcalá de Henares con las bolsas-bomba en los vehículos Renault Kangoo y Skoda Fabia, ya que en ambos vehículos aparecen restos de explosivo Goma 2 Eco, y restos de ADN así como huellas de algunos de ellos (Allekema Lamari, Asrih Rifaat Anuar, Abdennabi Kounjaa, Mohamed Afallah y Daoud Ouhnane) y ambos vehículos fueron encontrados aparcados en las proximidades de la estación ferroviaria de Alcalá.

Catorce de los procesados que se sentarán en el banquillo están considerados como integrantes de la célula terrorista y por lo tanto, acusados del delito de pertenencia a banda armada. Tres de ellos, El Haski, El Egipcio y Belhadj tendrán la consideración de dirigentes del grupo, mientras que los 11 restantes estarán acusados de pertenencia a banda armada. Se trata de Mouhannad Almallah Dabas, Fouad El Morabit Amghar, Jamal Zougam, Basel Ghalyoun, Abdelmajid Bouchar, Larbi Ben Sellam, Saed el Harrak, Mohamed Bouharrat, Abdelilah El Fadual el Akil, Otman el Gnaoui y Rachid Aglif.

Otros ocho procesados serán acusados de colaboración con organización terrorista: Rafa Zouhier, Nasreddine Bousbaa, Mahmoud Slimane Aoun, José Emilio Suárez Trashorras, Antonio Toro, Hamid Ahmidan, y Brahim y Mohamed Moussatem.

Como novedad, con respecto a lo que figuraba en el auto de procesamiento, la Fiscalía acusa a siete de los integrantes de la trama asturiana, del delito de asociación ilícita. En este caso, figurarán como dirigentes del grupo José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro, y como integrantes del mismo Raúl González, Javier González, Sergio Álvarez, Antonio Iván Reis Palicio e Iván Granados.

Ya sólo quedarían Carmen Toro, esposa de Suárez Trashorras, y Emilio Llano, el capataz de la Mina Conchita, de donde se sustrajo la dinamita Goma 2 Eco, para los que el fiscal reclama el delito de tráfico de explosivos.

El escrito de conclusiones del fiscal recogerá un informe secreto de la policía que destaca que la técnica empleada para la fabricación de los artefactos explosivos con teléfonos móviles mediante el sistema de activación por alarma-despertador se enseñaba en el campo de adiestramiento del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) en Jalalabad (Afganistán). Una descripción de este sistema de activación figuraba en documentos ocupados a los islamistas y que se encuentran incorporados en el sumario de los atentados de Casablanca, que instruye el juez Baltasar Garzón.

La Fiscalía tiene intención de proponer a 134 testigos, sin contar las víctimas, para que declaren en el juicio, que previsiblemente se iniciará en febrero de 2007.

Además, también comparecerán a instancias del fiscal cerca de 70 peritos o expertos en diferentes materias, como explosivos, perfiles genéticos, huellas, documentación, balística, acústica, intérpretes de varios idiomas, forenses y médicos especialistas. También serán citados como testigos varios altos cargos de la Dirección General de la Policía en la fecha de comisión de los atentados.

La Fiscalía considera que una de las pruebas fundamentales que figuran en la causa y que abrió una de las primeras líneas de investigación es el seguimiento del tráfico telefónico entre los números que empleaban los acusados. De esa forma se pudo determinar con exactitud el viaje realizado por Jamal Ahmidan, El Chino, con otros miembros de la célula islamista a Asturias para aprovisionarse de los explosivos. El viaje se celebró entre los días 27 y 28 de febrero de 2004. También por el rastreo de los teléfonos se pudo constatar que otros miembros del grupo, entre los que se encontraba Otman el Gnaoui, acudieron hasta Burgos con otro vehículo para auxiliar a Jamal Ahmidan y luego volvieron todos a la casa de Chinchón donde se montaron las bombas que colocadas en los trenes.

El escrito de conclusiones provisionales del fiscal no reflejará el hallazgo del ácido bórico en el domicilio de Canarias donde se escondía Hassan El Haski cuando fue detenido en diciembre de 2004. El hecho, según las fuentes citadas, es "irrelevante" para la investigación, por lo que ni el hecho en sí ni los informes periciales sobre esta sustancia se han tenido en cuenta en la acusación provisional.

En relación con la existencia de restos de metenamina, la Fiscalía ha incorporado a su escrito un dictamen pericial del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil -emitido sobre el explosivo Goma 2 Eco hallado en la vía del AVE- que explica su presencia. En el mismo se constata que es una sustancia no explosiva que se genera por la mezcla de dos de sus componentes (nitroglicol y nitrato amónico) con el metanol en el cromatógrafo de gases.