Reformas de Estatutos y de la Constitución

La reforma de los Estatutos de Autonomía ha alcanzado una velocidad de crucero que permitirá que, a lo largo del próximo año, buena parte de las Comunidades Autónomas dispongan de unos nuevos textos estatutarios modernos, adaptados a las nuevas circunstancias políticas y sociales, con más y mejor autogobierno. Con ellos, deberán afrontar nuevos horizontes y metas para sus ciudadanos. Al tiempo, se habrá dado un paso decisivo, quizás definitivo, en la consolidación de la estructura territorial de España, profundamente descentralizada como corresponde a su realidad diversa y plural, pero también unida y sólida.

Quedan ya despejados los horizontes apocalípticos sobre la unidad de España que algunos divisaban en este proceso de reformas, fruto de propuestas con poco encaje en el marco constitucional, de mentalidades inmovilistas y también de desconfianzas en el pueblo español que han impedido la modernización de nuestro país durante siglos, más que del propio proceso de reformas en sí mismo. Es de celebrar por ello que todos los partidos políticos, con sus matices y diferencias, se hayan incorporado al actual proceso de cambios porque ello es garantía de solidez y estabilidad futura. En cierto modo, se repite el mismo proceso que en la década de los ochenta, cuando se inició la construcción del actual Estado de las Autonomías.

Encauzadas pues las reformas estatutarias, conviene detenerse en dos aspectos a mi entender fundamentales para completar el futuro de la estructura territorial e institucional de España. Con ser importantes, que lo son, las formulaciones legales concretas, la experiencia, en nuestro país y en otros de estructura descentralizada o federal, indica que es la gestión concreta de las mismas la que acaba conformando la auténtica naturaleza de un Estado, de la distribución de los poderes, de las relaciones institucionales, de su viabilidad y capacidad para afrontar los problemas. En definitiva, de los aspectos visibles del Estado, más allá del lenguaje técnico y jurídico de los textos legales.

De hecho, ésta ha sido la clave durante veinticinco años para llegar al momento actual de nuestro Estado. Desde la reconocida ambigüedad de la Constitución se ha ido construyendo un edificio territorial desde el pragmatismo y la gestión de los problemas, cuyo resultado ya nadie califica sino de satisfactorio, como mínimo. Y desde estos mismos pilares debe afrontarse el inmediato futuro de nuestra estructura territorial. Serán, como han sido hasta ahora, la lealtad, la honradez, el sentido común y la visión de futuro, los que marquen el éxito o no de las nuevas etapas que se abren.

Los Estatutos reformados afrontan nuevas metas de autogobierno, cuya consolidación debe hacerse con la prudencia y visión de futuro con que se ha hecho hasta ahora. Pero sobre todo introducen modificaciones, a veces sustanciales, en el modo de ejercicio de sus atribuciones y competencias, en su intensidad, en el modo de articularse con las del Estado y en la forma de relacionarse con éste. Precisamente en aquellos aspectos que, de acuerdo con la mayoría de los diagnósticos, nuestro Estado de las Autonomías adolece de deficiencias, por la debilidad del sistema de relaciones entre ambas estructuras.

Simultáneamente a este proceso y estrechamente relacionado con la idea anterior, queda pendiente de abordarse la propuesta inicial del Gobierno de afrontar una reforma limitada de la Constitución, al tiempo que se hacen otras propuestas para reformar otros aspectos de la Carta Magna. Cabe pensar, en un primer análisis, que estas últimas propuestas van a tener un incierto futuro del mismo orden que las anunciadas por el Gobierno, fundamentalmente por el enrarecido clima político existente en esta legislatura que no facilita precisamente los consensos necesarios. Pero una reflexión más serena permite deducir que ambas parten de una misma idea inicial: abordar los cambios necesarios en nuestra Constitución para afrontar una nueva etapa de la España autonómica y sus problemas. A partir de ahí, debemos debatir sobre cuáles son las mejores fórmulas para ello, pero no debemos desperdiciar el dato de que se estima conveniente afrontar la reforma.

Aunque, curiosamente, en la propuesta del Partido Popular no figura la reforma del Senado, como había figurado en sucesivos programas electorales de dicho partido hasta el momento, una parte de sus propuestas pueden enmarcarse en lo que hasta hoy ha sido el debate sobre los contenidos de la reforma del Senado.

Durante años, expertos, senadores y medios de opinión han coincidido en que el principal problema de nuestra estructura territorial es la ausencia de una Cámara de representación territorial, o, mejor, que la actual no tiene los medios, funciones y estructura para cumplir debidamente esa función ya atribuida constitucionalmente. Que la elaboración de políticas estatales con incidencia territorial, el ejercicio de las respectivas competencias por el Estado y las Comunidades Autónomas, frecuentemente judicializado, la participación de los entes territoriales en los planes generales de acción pública, no tienen el engranaje necesario ni la institución adecuada donde se debatan, se equilibren y se aprueben con garantía de eficacia y aceptación.

Las reformas estatutarias no van a dar la solución a estos problemas, porque no es su función. Pero sí van a resaltar y evidenciar más aún esas deficiencias. No es prudente continuar durante mucho tiempo sin abordar la reforma del Senado. Y aunque el momento actual no es el más propicio, una vez pase el periodo electoral del próximo año, deberíamos hacer todos una reflexión seria sobre los pasos a dar en la reforma de la Constitución, y en concreto en la reforma del Senado.

Porque, y en definitiva, lo que sí podemos afirmar con rotundidad, y negarlo es injusto, es que las Comunidades Autónomas han sido motor de progreso, equilibrio, cohesión y desarrollo de nuestro país. Y que la diversidad que representa la España actual, no es signo de ruptura, es aceptar una realidad consolidada, respetada y apreciada; y, sobre todo, que ha hecho de nuestro país un referente que muchos observan para abordar problemas del mismo tipo, y lo ha colocado en el grupo de cabeza en el orden internacional. Por tanto, debemos seguir por esa senda, mejorando su firme.

Javier Rojo es presidente del Senado.