El Ayuntamiento de Torremolinos firmó dos convenios que ignoran la nueva normativa

PSOE e IU unieron ayer sus exiguas fuerzas en el Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga), para acusar al alcalde, Pedro Fernández Montes, del PP, de "ilegalidad manifiesta" y "fraude de ley" en dos convenios urbanísticos. La oposición sostiene que el Ayuntamiento "ha gastado" los 7,21 millones de euros pactados en los dos convenios antes de que éstos fueran aprobados por el pleno. El regidor firmó los convenios ocho días después de que se publicara en el BOJA una ley que impide recibir el dinero hasta que el cambio urbanístico haya recibido el visto bueno.

El primer convenio, firmado por Pedro Fernández Montes el 29 de noviembre de 2005, otorga un 80% más de edificabilidad a una parcela situada entre el Aquapark y el Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos y propiedad de Peel Developments España S.A. El consistorio recibió en el momento de la firma 3,03 millones de euros. Este convenio, con el dinero ya cobrado, "estuvo oculto nueve meses hasta el pleno de 29 de agosto de 2006", asegura Juan Ortuño, portavoz del PSOE. Ese día se aprobó el Plan de Sectorización de la parcela, con la nueva edificabilidad, pero sin hacer mención al convenio.

El segundo acuerdo urbanístico fue rubricado por el regidor torremolinense en la misma fecha que el anterior. Afecta al llamado sector R.1-14, pegado a la parcela de Peel. Según la oposición, en esa finca, en la que había un proyecto de construir un hotel-rascacielos de 90 metros de altura, las mercantiles La Leala Norte, Patrimonial Arrebola López y Suquimed vieron más rentable construir viviendas, por lo que pidieron el cambio de uso de la parcela de turístico a residencial. A cambio, entregaron en metálico 4,15 millones de euros a la firma del convenio, que todavía no ha pasado el trámite de aprobación por el pleno.

Estos acuerdos urbanísticos fueron firmados entre el alcalde y los promotores ocho días después de que se publicara en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. Esta normativa, que modifica a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, obliga a las administraciones que suscriben convenios urbanísticos a consignar en depósito las cantidades pactadas como adelanto "hasta la aprobación del instrumento de planificación".

Además, esta normativa exige reservar el 30% de los suelos residenciales para vivienda protegida, lo que "se ha obviado en ambos convenios", según el portavoz de IU, Juan Antonio García

La Ley 13/2005 entró en vigor veinte días después de su publicación, esto es, 12 días después de la firma de ambos convenios. Sin embargo, según expertos en derecho urbanístico y administrativo, "la firma por el alcalde no le vincula nada más que a él ya que la aprobación de los convenios es competencia del pleno y la aprobación se produce con la ley en pleno vigor".

El Ayuntamiento se escuda en que "estos convenios y otros forman parte de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), actualmente en redacción y no se harán efectivos hasta que se apruebe el documento, que tiene que llevar el visto bueno de la Junta de Andalucía".

"Nos parece gravísimo que el Ayuntamiento busque subterfugios legales para saltarse la legalidad urbanística que es absolutamente clara, y que haya gastado ya las cantidades en metálico que no debía tocar bajo ningún concepto", señaló el portavoz y único edil de IU.

Los grupos de la oposición denunciaron ayer también el "oscurantismo" del Ayuntamiento en temas urbanísticos. El PSOE, que tiene seis de los 21 concejales de Torremolinos, se tuvo que unir al edil de IU para lograr el 33% de ediles y tener acceso a los convenios, de los que no pudieron hacer copia. La oposición ha interpuesto tres querellas contra Fernández Montes por no facilitarles información.