El fiscal pide año y medio de cárcel para el alcalde de Camas, tres concejales y el empresario Gaviño
El Ministerio Público acusa de cohecho a los implicados por intentar comprar el voto de una edil
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado un año y medio de cárcel, otro tanto de inhabilitación para ejercer cargo público y 24.000 euros de multa para los cinco acusados de intentar sobornar a una concejal del Ayuntamiento de Camas. El fiscal presentó ayer ante el Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla su escrito de acusación contra el alcalde de la localidad, Agustín Pavón (IU), tres concejales (dos ex ediles del PP y un ex edil adscrito al PA) y el empresario Eusebio Gaviño. El Ministerio Público les acusa a todos de un delito de cohecho por pagar, en septiembre de 2005, 12.000 euros a la concejal independiente Carmen Lobo para que votara a favor de varios acuerdos plenarios sobre proyectos urbanísticos.
La pena solicitada por el fiscal del caso Camas, Arcadio Martínez, coincide con la que pide la acusación popular, ejercida por el PSOE y que también se conoció ayer. Amba acusaciones consideran que el alcalde, Agustín Pavón; el empresario Eusebio Gaviño; los concejales de Camas Antonio Enrique Fraile (ex del PP) y José del Castillo (ex adscrito al PA) y el edil de Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas (ex del PP) son autores de un delito de cohecho por el que deberían ser condenados a un año y seis meses de prisión. Sin embargo, los dos escritos difieren en las cuantías de las multas y del periodo de inhabilitación que piden para los cinco acusados.
El fiscal solicita que se les inhabilite por el tiempo de la condena, es decir, durante un año y seis meses, y que se les imponga una multa de 24.000 euros, equivalente al doble de la cantidad que supuestamente entregaron a la concejal Carmen Lobo (12.000 euros). El PSOE, por su parte, pide que la inhabilitación se extienda durante cinco años y que la multa ascienda a 36.000 euros, el triple de lo que pagaron a la edil.
La acusación particular, ejercida por la concejal supuestamente sobornada y por Francisco Gordo, un ex militante de IU que denunció los hechos, presentó su escrito hace tres semanas y pidió dos años de cárcel, cinco de inhabilitación y 36.000 euros de multa.
El relato de los hechos en los que el fiscal basa su acusación, advierte de que los cinco acusados acordaron en 2005 "ofrecer un beneficio económico" a la entonces edil independiente de Camas Carmen Lobo para intentar "poner fin a la situación de bloqueo económico" en la que se encontraba el Ayuntamiento "como consecuencia de una serie de vicisitudes políticas". El equipo de gobierno de Pavón estaba en minoría desde que, unos meses antes, Lobo lo abandonara por lo que, según el fiscal, los cinco acusados urdieron un plan para que la edil "volviese" al gobierno municipal.
La decisión de sobornar a la edil se gestó, según el escrito presentado por el Ministerio Público, "tras algunas reuniones sostenidas por todos los acusados" con Francisco Gordo, un ex militante de IU amigo de Lobo. El alcalde, los concejales y el empresario decidieron usarle como intermediario "debido a la influencia política que los acusados consideraban que mantenía" Gordo sobre la edil independiente.
Según el fiscal, Gordo puso en conocimiento de Lobo las reuniones que estaba manteniendo y ambos decidieron que "fingirían acceder a sus pretensiones para comprobar hasta dónde estaban dispuestos a llegar" el alcalde, los ediles y el empresario. "Tras algunas reuniones más", según relata el fiscal, el empresario Gaviño se citó con Carmen Lobo la noche del 12 de septiembre de 2005 en un restaurante de Sevilla, una cita que la edil puso previamente en conocimiento de la Brigada Provincial de Policía Judicial.
Durante su encuentro, según el escrito de la Fiscalía, Eusebio Gaviño le entrega [a Carmen Lobo] 12.000 euros a cambio de que ella votara a favor de varios puntos relacionados con asuntos urbanísticos que se iban a debatir en el pleno municipal que se celebraba al día siguiente. Sin embargo, y con la tranquilidad de que la Policía ya estaba tras el caso y conocía la reunión de la noche anterior, la concejal votó en contra de los puntos a los que según el acuerdo con Gaviño, debía dar el visto bueno.
Una vez que las tres acusaciones han presentado sus escritos de calificación, el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla deberá dictar en las próximas semanas un auto para fijar la fecha del juicio oral, que se llevará a cabo con jurado popular.
El pulso perdido de Pavón
La petición del fiscal llega a poco más de un mes y medio de la celebración de las elecciones municipales, una cita en la que el alcalde de Camas, Agustín Pavón, quería estar hasta hace cuatro meses. Pavón echó un pulso a la dirección de Izquierda Unida, en la que había sido una persona de la confianza del coordinador regional, Diego Valderas, para repetir como candidato pese a su implicación en el caso. De hecho, la asamblea de IU en Camas llegó a proclamar a Pavón candidato a la alcaldía en noviembre del año pasado. Finalmente, tras las presiones internas, en las que se llegó a implicar el coordinador federal, Gaspar Llamazares, renunció a su candidatura. "He decidido no dinamitar el capital de IU en Camas", dijo en una entrevista en este periódico.
Pavón, implicado en el caso por una grabación realizada por Francisco Gordo, uno de los denunciantes, siempre ha sostenido que el caso no era más que una conspiración auspiciada por el PSOE, una teoría que no han creído ni el juez ni el fiscal. Lo más difícil para él ha sido explicar qué hacía en la casa del empresario Eusebio Gaviño en una de las reuniones en las que se fraguó el intento de soborno a la ex concejal Carmen Lobo. Pavón ha reconocido que esta cita fue una ligereza. "Incluso la puedo catalogar de inmadurez, ¿a quién se le ocurre mantener una reunión en la casa de un empresario con la que está cayendo? Mis ganas de desbloquear el ayuntamiento y mi desesperación ante la falta de aprobación de los presupuesto, hizo que lo aceptara", ha dicho.
El papel de los implicados
Eusebio Gaviño: El empresario que manda.
Un informe policial señala su "papel de árbitro" y destaca la "autoridad" que ejercía Gaviño sobre el alcalde y los ediles imputados. Él fue quien se presentó ante Gordo y afirmó hablar de parte de un grupo inversor de Madrid, quien se reunió en varias ocasiones con todos los implicados y quien dio a Lobo el sobre con los 12.000 euros que precipitaron las detenciones.
A. Enrique Fraile (PP): Al habla con Gaviño.
Además de asistir a las reuniones en las que se gestó el supuesto soborno, el ex concejal del PP habló con Eusebio Gaviño al menos en dos ocasiones veces antes del pleno en el que la edil Carmen Lobo tenía que haber votado a favor de varios proyectos. En ambas conversaciones, Fraile da muestras de estar al tanto de lo que el empresario le iba a ofrecer a la concejal.
José del Castillo (PA): La pista de los gánsteres.
El edil ex adscrito al PA es el autor de una de las frases que llevaron a la policía a adelantar las detenciones. En una conversación telefónica mantenida con Gaviño tras el pleno en el que Carmen Lobo incumplió su promesa de votar a favor de varios puntos, del Castillo propuso amenazar a la edil: "Ahora habrá que mandarle unos gánsteres", le dijo al empresario.
Agustín Pavón (IU):El alcalde al tanto de todo.
El alcalde de Camas se cuidó de intervenir poco en las reuniones mantenidas con Francis Gordo y Gaviño. Sin embargo, las escuchas telefónicas sí que llamó dos veces al empresario media hora antes del pleno que destapó el caso. Gaviño había querido verse con él la noche antes, pero Pavón estaba ocupado: "Vosotros tiráis para adelante sin problemas", le dijo.
Aureliano Lucas (PP): El primer intermediario.
No era concejal del Ayuntamiento de Camas, sino de un municipio cercano, Castilleja de Guzmán, pero Aureliano Lucas sí que había estado vinculado al municipio gobernado por Agustín Pavón tras ejercer como Comisario de la Feria Industrial, Comercial y de Turismo (Ficotur) de Camas en 2004. Según el escrito de acusación presentado por el PSOE, Lucas fue el primer en contactar, en junio de 2005, con Francisco Gordo para anunciarle que "una persona importante de Madrid" se pondría en contacto con él para hablarle de negocios. Días después, Eusebio Gaviño telefoneó a Gordo. La investigación policial coincidió también en implicar "sin duda" a Lucas, quien participó en algunas de las conversaciones telefónicas intervenidas.
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