La reconciliación, desde el rigor histórico

En estos últimos años han proliferado las interpretaciones de nuestro más reciente pasado colectivo -esto es, de la incivil Guerra Civil de 1936 a 1939 y de la dictadura fascista que se prolongó hasta más allá de 1975- no ya faltas del más mínimo rigor histórico, sino preñadas de una gran carga de intoxicación política. Algunos seudohistoriadores, opinadores y publicistas han intentado reescribir la historia a su antojo, en un ejercicio revisionista, puesto siempre al servicio de sus particulares intereses ideológicos.

Frente a este fenómeno, se ha alzado la voz de un importante grupo de prestigiosos historiadores y juristas catalanes que, convocados por la Fundación Carles Pi i Sunyer con motivo de una jornada de estudio sobre Violència, Repressió i Justícia a Catalunya (1936-1975), dieron a conocer unas conclusiones tan contundentes como ejemplares, que juzgo de especial utilidad cuando parece haber llegado ya la hora de hacer memoria justa de nuestro más reciente pasado colectivo. En estas conclusiones parten del carácter legítimamente democrático de la Segunda República y de la constatación de que en aquella época en Europa era habitual la defensa y práctica de la violencia por parte de sectores políticos diversos, tanto de derechas como de izquierdas. Subrayan que la insurrección militar del 18 de julio de 1936 fue la única responsable de la Guerra Civil y de toda la violencia subsiguiente, para pasar a señalar que la violencia en la retaguardia republicana fue condenada por las instituciones públicas, aunque no puede ser considerada del todo espontánea porque en parte corrió a cargo de militantes y grupos integrados en organizaciones políticas y sindicales.

Por lo que respecta a la violencia cometida en la retaguardia franquista, se señala que "fue consubstancial a los objetivos antidemocráticos de los sediciosos", "una violencia diseñada y ejecutada desde el poder emergente para depurar a la sociedad, eliminando la anti-España". Se destaca que "en ningún momento, ni las autoridades militares, ni las civiles, ni las eclesiásticas del nuevo Estado franquista denunciaron la violencia ni intentaron ponerle fin". Más contundentes son aún las conclusiones sobre la larga posguerra. "Con el franquismo configurado como una dictadura totalitaria, la violencia contra cualquier forma de disidencia y de oposición quedó institucionalizada en un formidable aparato represivo, que sólo desapareció con el fin de la dictadura". Señalan que "este aparato, que incorporó normas penales retroactivas y practicó la tortura con total impunidad, se convirtió en un signo de identidad básico del régimen y, al mismo tiempo, en una condición esencial para asegurar su estabilidad. La dictadura franquista vulneró, hasta sus últimos días, los derechos humanos y las libertades civiles básicas en cualquier sociedad democrática".

Estas conclusiones -firmadas, entre otros, por Borja de Riquer, Marc Carrillo, Carlos Jiménez Villarejo, José Antonio Martín Pallín, Josep Lluís Martín Ramos, Carme Molinero, Pelai Pagès, Hilari Raguer, Manel Risques, Joan M. Thomas, Francesc Vilanova, Pere Ysàs, Joan B. Culla, Àngel Duarte, Ferran Gallego, Andreu Mayayo, Anna Sallès, Ricard Vinyes y hasta más de una cuarentena de historiadores y juristas- tienen una elocuente reflexión final: "Consideramos inaceptable la actitud de quienes ahora reaccionan airadamente contra todo intento de sacar del olvido y retornar su dignidad a las víctimas de la violencia franquista. Es significativo que aquellos que nunca han condenado la dictadura ahora se opongan a esta política de reconciliación y de justicia, con el pretexto de que se trata de hurgar en viejas heridas. En este sentido, es particularmente lamentable la campaña del episcopado español de cara a las beatificaciones o canonizaciones masivas anunciadas para el próximo octubre en Roma. Es conveniente recordar que la política desarrollada por el régimen franquista de sólo reconocer a las víctimas de la denominada 'causa nacional' y su utilización vengativa, comportó la negación de una auténtica voluntad de reconciliación". Por todo ello, además de instar a las instituciones a que "promuevan el reconocimiento, la memoria y la reparación de todas las víctimas de la dictadura franquista", piden que, "haciendo uso de un auténtico espíritu de reconciliación, también deben cuidar por el respeto y la memoria de aquellos ciudadanos que, por razones de condición social, opción ideológica o creencias religiosas, fueron víctimas de la violencia desatada como reacción a la sublevación del 18 de julio de 1936". Esto es, reconciliación, desde el rigor histórico.

Jordi García-Soler es periodista.