Ruiz Piñeiro atribuye a la huelga el fuerte aumento de las causas judiciales pendientes
La jurisdicción contencioso-administrativa sigue "sobresaturada", según Juan Luis Ibarra
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Ruiz Piñeiro, atribuyó ayer parcialmente a la huelga que vivieron los juzgados el año pasado durante dos meses y medio el fuerte incremento de las causas pendientes registrado en 2006. En el índice de pendencia -la relación entre las causas que entran en los juzgados y las que se resuelven- se ha retrocedido hasta los niveles del 2002 (en torno a los 66.000), después de haber mejorado en los retrasos a lo largo de los tres años anteriores. El magistrado Juan Luis Ibarra advirtió de la sobresaturación que sufre la jurisdicción contencioso-administrativa. Para paliarla se ha solicitado la creación de tres juzgados más en las capitales vascas.
La huelga de los trabajadores al servicio de la Administración de Justicia, que se prolongó desde el 24 de octubre de 2006 hasta el 12 de enero pasado para exigir mejoras salariales, es la causa principal de que en Euskadi aumenten los asuntos pendientes de resolver. "Dicha huelga es evidente que tiene incidencia en la estadística de 2006", señala la memoria judicial presentada ayer en la capital vizcaína. Y ya se advierte, además, de que "tendrá incidencia, seguramente, en la de 2007".
En cuanto al porcentaje de los asuntos pendientes en relación con los ingresos, la memoria revela que en 2006 alcanzó el 26,40%, el índice más alto en los últimos cinco años. En 2003 fue del 25,12%, en 2004 de 24,12%, en 2005 del 23,59% y en 2002, el índice de pendencia más alto en el último lustro, se situó en el 25,97%. En términos absolutos, el año pasado ingresaron en los juzgados vascos un total de 251.220 asuntos, mientras que el número de casos tramitados y resueltos fue de 246.570. Esto supone que 66.328 asuntos aún están pendientes, el 26,40% del total.
La jurisdicción contencioso-administrativa, desde la última reforma legislativa, no ha levantado cabeza. El propio presidente de la Sala de lo Contencioso, el magistrado Juan Luis Ibarra, reconoció ayer en la rueda de prensa que esperan salir de lo que entre ellos ya denominan como "el zulo de 2003 a mediados de 2008". También se encuentran a la espera de la reforma de la casación ante el Tribunal Supremo, cuyo proyecto de ley podría aprobarse antes de que finalice esta legislatura.
Pero los números actuales sitúan a esa jurisdicción en el País Vasco en su peor momento, con una "pendencia muy elevada" que "sigue en aumento de forma significativa", según destacó Ruiz Piñeiro. Sólo el pasado año entraron 4.724 casos y los juzgados resolvieron 4.259, situándose el número de causas pendientes en 3.983. En 2002, el número de asuntos pendientes estaba situado en 1.799. Por el contrario, la jurisdicción civil tiene un 45% de nivel de pendencia asuntos ingresados y un cuarto en la jurisdicción penal.
Menos órdenes de protección
Uno de los datos que puede sorprender en la memoria de 2006 es el descenso de las órdenes de protección para mujeres maltratadas dictadas por los jueces. Se concedieron el 65% de las órdenes pedidas por mujeres tras denunciar que estaban sufriendo violencia doméstica. Durante 2006, un total de 1.110 mujeres solicitaron esta medida de protección frente a sus agresores, que se adoptó en 725 casos, según los datos de la memoria.
El presidente del Tribunal Superior, Fernando Ruiz Piñeiro, valoró que los jueces vascos son "especialmente cuidadosos" en los asuntos de violencia doméstica, "salvo el porcentaje de error humano", precisó. El magistrado manifestó que "el sistema funciona razonablemente" y que la coordinación entre policía y juzgados se realiza con "fluidez". En 2004 se pidieron 1.651 órdenes -y se adoptaron 1.204 (el 72,92%)-, mientras que en 2005 las mujeres solicitaron 1.446 órdenes de protección y obtuvieron 948 (el 65,56%).
El juez decano de Bilbao, Alfonso González Guija, valoró positivamente la reforma legal en marcha para evitar que la mujer que ha sido víctima supuestamente de un maltrato y lo ha denunciado tenga dispensa para no declarar posteriormente en la instrucción de la causa contra su agresor. Esta prerrogativa, en muchos casos de maltrato psicológico o en los supuestos de maltrato físico donde no hay parte de lesiones u otro tipo de pruebas, implica el archivo de la denuncia. Aunque también apuntó González Guija que esa reforma "sería un paso necesario, pero no una solución". En estos casos, el testimonio de la mujer maltratada "es necesario". El pasado año fueron asesinadas en España 77 mujeres por violencia doméstica. En los últimos tres años, esa cifra ha oscilado en el País Vasco entre tres y seis mujeres.
La evolución de la delincuencia es positiva en la comunidad autónoma, según la memoria. Se ha pasado de los 168.310 asuntos penales incoados en 2002 a los 158.180 del pasado año. En el caso de los menores, en cambio, se ha pasado de 1.035 asuntos penales a los 1.256, en esos mismos años.
Los jueces, sin escolta doble
Los jueces y magistrados vascos que llevan escolta desde el asesinato en noviembre de 2001 de José María Lidón -un dato que no es público, pero en el que no están incluida la totalidad de los 204 de la plantilla judicial- mantienen su reivindicación histórica de que se les doble la protección personal y se les dote de un vehículo.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Ruiz Piñeiro, y el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Juan Luis Ibarra, reiteraron el miércoles esta petición en la reunión que mantuvieron con el
número dos
del Departamento de Interior, Mikel Legarda, y con el delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma. La respuesta, un lacónico "estudiaremos la petición", avanza que no hay intención, por ahora, de colocar dos escoltas a cada uno de los jueces y magistrados.
Ibarra admitió ayer que el programa de protección personal para los jueces vascos está haciendo mella en los protegidos. El magistrado se refirió a la "fatiga psicológica" que provoca llevar escolta desde 2001, algo que "afecta a muchas personas", añadió, dando a entender, como ya lo hiciera implícitamente la Memoria de 2005, de la existencia de un grupo de jueces que ha prescindido de dicha protección. Y ello con el riesgo que entraña esta dejación, dado que ETA ha anunciado su intención de volver a atentar tras dar por acabado oficialmente el "alto el fuego permanente" que ya voló por los aires el 30 de diciembre en la T-4.
Piñeiro precisó que a las nuevas generaciones de jueces que llegan a Euskadi -en 2006 se marcharon 33 jueces y magistrados, frente a los 62 del año anterior- les recuerda que la protección es un programa que "tienen que cumplimentar", pero cuya aceptación es una "decisión voluntaria". La Sala de Gobierno es consciente del peligro renovado y discutió hace varias días en su reunión semanal la necesidad de implicarse para convencer a todos los jueces de que deben llevar protección.
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