El Gobierno catalán crea la primera oficina antifraude en España, adscrita al Parlament

El Gobierno catalán aprobó y remitió ayer al Parlament el proyecto de ley de creación de la primera oficina antifraude que se creará en España. Se trata de un organismo encargado de investigar posibles casos de uso irregular de fondos en las administraciones catalanas. Su campo de actuación para la detección y prevención de eventuales casos de corrupción será la totalidad del sector público catalán, integrado por la Administración autonómica y la local, incluidos los organismos y empresas públicas que dependen de ellas, y las universidades públicas.

Con esta aprobación se cumple un compromiso que figuraba ya en el programa del anterior Gobierno de izquierdas, que no pudo aprobarse por el acortamiento de la legislatura. Era una de las condiciones incluidas en 2003 por Esquerra Republicana en el programa del Tinell, procedente de la etapa en que, como partido de oposición, denunciaba la existencia de irregularidades y amiguismo en los gobiernos de CiU y, al mismo tiempo, en los gobiernos municipales dirigidos principalmente por los socialistas.

El proyecto incluye las recomendaciones formuladas por el Consejo Consultivo de la Generalitat, al que le fue remitido en la anterior legislatura. Aquel dictamen advirtió de que la oficina debía respetar las funciones atribuidas por las leyes a la Intervención General de la Generalitat, a la Sindicatura de Cuentas, al Síndic de Greuges, la autoridad judicial y el ministerio fiscal.

La oficina será un nuevo ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y capacidad de actuación independiente. Estará adscrito al Parlament, que elegirá a su director a propuesta del Gobierno y el presidente de la Generalitat. Su mandato será para seis años, renovable una sola vez, y estará sometido a un severo régimen de incompatibilidades. En la pasada legislatura se citó el nombre del fiscal David Martínez Madero como posible director.

En el ámbito municipal, que ha sido uno de los caballos de batalla del proyecto, la Oficina instará en cada caso a la entidad local correspondiente que investigue e inspeccione a través de sus propios órganos los posibles casos de uso o destino irregular de fondos de los que se ocupe. Al dar cuenta de la aprobación del proyecto, el consejero de Gobernación, Joan Puigcercós, explicó que para crear este nuevo organismo de control se ha seguido el modelo de la oficina existente en la Unión Europea.

El Gobierno aprobó ayer otros proyectos:

- Tratado Unión Europea. Como avanzó la semana pasada el presidente Montilla, el Gobierno aprobó ayer el documento que expone las demandas de la Generalitat de cara a la reforma del Tratado constitucional de la Unión Europea. Pide que se respete el principio de subsidiariedad y reclama al Gobierno español que garantice que los parlamentos autonómicos podrán acudir al Tribunal Europeo de Justicia si se viola este principio. El presidente de la Generalitat entregará hoy el documento aprobado al Secretario de Estado para la UE, Alberto Navarro.

- Aeropuerto de Alguaire. El Departamento de Política Territorial invertirá 23 millones de euros en la segunda fase del aeropuerto de Lleida. Esta fase comprende la construcción de la terminal y los edificios anexos a ésta. La primera fase, que incluye la construcción de la pista de aterrizaje, se licitó el mes pasado. Las obras se realizarán al mismo tiempo y tienen un plazo de ejecución de 14 meses. En el segundo semestre de 2008 el aeropuerto podrá comenzar a operar.

- Nuevas líneas de bus. El Gobierno aprobó ayer una partida de 4,6 millones para financiar el servicio de varias líneas de autobús iniciadas en 2006 en el cinturón de Barcelona, entre ellas las de Mataró a Sabadell pasando por Granollers y la línea de Montcada a Bellaterra.

- Receta electrónica. Aunque los centros sanitarios ya han emitido más de 30.000 recetas electrónicas desde su implantación, el Gobierno aprobó ayer el proyecto de decreto que las regulará. El texto pretende facilitar y hacer más seguras las prescripciones de la sanidad pública catalana. La implantación de la receta electrónica costará 19 millones.