Últimas torres sobre el acantilado

El urbanismo salvaje, en primera línea del mar, no es solo la caótica herencia del desarrollismo urbano de los sesenta y sesenta. En Benidorm, paradigma del urbanismo vertical, continúa el afán depredador del territorio bajo el amparo de licencias otorgadas en extrañas circunstancias hace décadas. En el cabo de Punta Llisera, junto a su famosa playa de Levante, los obreros trabajan a destajo para levantar dos torres de 21 plantas, antes de que cristalice el expediente de expropiación del Gobierno para recuperar para el dominio público el solar (10.000 metros cuadrados) e incorporarlo al parque natural de Serra Gelada.

El Ministerio de Medio Ambiente tramita la compra forzosa de la parcela que invade la servidumbre de protección, donde se levanta el complejo Gemelos 28, dos torres de 21 plantas para construir 168 apartamentos, promovido por el empresario Andrés Ballester. La empresa ha tasado en 90 millones de euros el valor del terreno. A pesar del proceso de expropiación iniciado por el Gobierno, Edificaciones Calpe, del promotor Ballester, continúa construyendo y ya ha vendido el 25% de la promoción de lujo, a precios que oscilan entre los 400.000 y los 800.000 euros. Ballester dice que parará las obras cuando reciba alguna compensación, ya que el proyecto se ajusta a la ley.

En 1988, el empresario Achille Cafarelli pidió licencia al Ayuntamiento de Benidorm para el derribo y la construcción de viviendas en esta parcela. El PSOE, que gobernaba entonces en la ciudad, otorgó permiso el 1 de junio de 1988 en medio de una gran polémica, sin esperar a que estuviera listo el nuevo Plan General de Ordenación Urbana -en trámite, que se aprobó en 1990-, ni la Ley de Costas, que veía la luz el 26 de julio, pocas semanas después, y que lo hubiera impedido. La Ley de Costas obliga a guardar 20 metros de servidumbre de paso desde el linde del mar, y el edificio se sitúa a tan solo 7. Costas ha intentado todos estos años frenar las aspiraciones de Cafarelli y de Ballester, que en 1995 le compró los derechos. La justicia les dio la razón y, en 1996, PSOE y PP aprobaron un estudio de detalle definitivo en virtud del cual se agrupaban las parcelas y se obtenía una edificabilidad total de 26.597 metros cúbicos. La Abogacía del Estado presentó un recurso contencioso administrativo contra ese trámite que prolongó el proceso y fue desestimado. En 2005, finalmente, la Consejería de Infraestructuras y Transportes otorgó la última autorización a Edificaciones Calpe. El condicionante es que la empresa está obligada a ceder una parcela adyacente de 7.755 metros cuadrados para uso público, sobre la cual construirá un mirador. Edificaciones Calpe inició en 2005 el derribo del antiguo Coblanca, tras obtener todos los permisos y múltiples sentencias favorables en dos décadas de litigios.La demolición dejó al descubierto los acantilados que tapaban el cemento, y los vecinos y la oposición, sorprendidos por la nueva realidad, iniciaron las protestas para impedir nuevas construcciones. La jefatura provincial de Costas intentó de nuevo paralizarlas. Pidió medidas cautelares al TSJ -que fueron rechazadas en cuatro ocasiones-, mientras mediaba con el consistorio -también sin éxito- para que permutara los terrenos. Al final, la única fórmula posible para impedir su construcción, según reconoció el jefe provincial de Costas, Vicente Martínez, era la expropiación. El Consejo de Ministros aprobó el 15 de junio la declaración de utilidad pública de la parcela, y el BOE publicó el expediente el 21 de agosto.

Andrés Ballester considera que Gemelos 28 está "totalmente integrado en la configuración urbanística" y que su realización "mejora, en todos los aspectos, el área en la que se ubicaba el edificio derribado", al construir un mirador sobre el cabo. El empresario considera que sufre "un grave e incomprensible abuso de posición dominante que quiebra el Estado de Derecho y el principio de seguridad jurídica".

El gobierno local de Benidorm, del PP, aplaude la iniciativa y el alcalde, Manuel Pérez Fenoll, no duda de la legalidad de la promoción, avalada con dos sentencias del Tribunal Supremo. El PP sostiene que el Gobierno central "intenta lavar su conciencia", ya que fueron los socialistas quienes dieron la licencia cuando gobernaban en el año 1988.