El PSPV pide para el Teatro Romano 'amnistía cultural'

Ana Noguera, portavoz de Cultura del grupo socialista en las Corts, lanzó ayer una nueva oferta para sumar en el escenario de confrontación generada tras la confirmación por parte del Tribunal Supremo de la reversión de las obras de rehabilitación que se realizaron en el Teatro Romano de Sagunto en el plazo de 18 meses. El PSPV pidió ayer una "amnistía cultural" para el monumento. "Existe marco legal en estos momentos, con la Ley de Patrimonio Valenciano en la mano, para salvar el monumento y Sagunto", según aseguró Noguera.

La parlamentaria, que ayer ofreció una rueda de prensa en la que le acompañó la ex alcaldesa de Sagunto, también socialista, Gloria Calero, sostuvo que la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano da base para "poder llegar a un acuerdo político dentro de la legalidad". Y recordó que el PP realizó dos modificaciones en esta norma -en el 2004 y en el 2007- con el fin de "encajar distintas rehabilitaciones que les interesaba llevar a cabo". Noguera aseguró que la primera de ellas, introducida por el entonces titular de Cultura, Esteban González Pons, "se planteó a cambio del mantenimiento del Teatro Romano". La diputada socialista criticó al PP por abrir hace 17 años "una campaña sucia e iniciar un juego perverso y peligroso con unas consecuencias que hoy tiene encima de la mesa". Según ella, "jugaron con fuego pensando que nunca iba a llegar este momento". "Tienen que pedir perdón a los saguntinos, a la sociedad valenciana y a los profesionales de la cultura porque nadie se merecía el infierno que hemos vivido en estos años judicializándose un asunto que nunca tenía que haber salido del ámbito político", afirmó.

Fuentes jurídicas consultadas negaron ayer la posibilidad de que se arbitre una "amnistía cultural", circunstancia a la que no encontraron acomodo en el ordenamiento actual. Cosa distinta sería que las partes, incluido el abogado Marco Molines, titular de la demanda que dio lugar a este proceso, se conforme con unas determinadas actuaciones sobre el monumento, lo trasladen a la sala y le pidan que dé por ejecutado el fallo. Esa situación, técnicamente, y según las mismas fuentes, es un "incumplimiento" de sentencia. Los mismos juristas negaron que la ejecución de la sentencia pueda ampararse en la nueva ley valenciana de patrimonio ya que los hechos que originaron este litigio, tal como detalla el fallo del Supremo, estaban bajo la cobertura de la ley estatal de protección del patrimonio, y sólo esa norma es de aplicación.

El Teatro Romano de Sagunto es propiedad del Estado y su gestión está cedida a la Generalitat. El Ministerio de Cultura aseguró ayer que no tenía nada que decir sobre este asunto, que no era de su competencia. Sin embargo, sí afirmó que intervendría "en caso extremo" y "en función de cómo prospere el contencioso".