El pleito más largo, y lo que le queda aún...

Llegar al final de un pleito que se prolonga ya casi 30 años -y lo que aún le queda- no ha sido fácil para los 3.000 afectados de la macroestafa inmobiliaria de Promocisa. El Tribunal Supremo, tres décadas después de estallar el escándalo, acaba de dictar una sentencia condenatoria por apropiación indebida y falsedad contra los tres inculpados de un litigio que, hoy por hoy, es el más antiguo y largo de la reciente historia de España. Por fin ya hay sentencia firme, pero lo crucial sigue en el aire: ahora queda ejecutar la sentencia, que las víctimas sean resarcidas. Mínimo, y con suerte, faltan dos años más para que cobren las indemnizaciones.

El caso Promocisa se desató en las postrimerías del desarrollismo español, mediados de los setenta. Tras captar los ahorros de unos 3.000 madrileños, esta inmobiliaria quebró y dejó paralizados gigantescos proyectos urbanísticos en Madrid capital y en las localidades de Móstoles, Torrejón de Ardoz y Collado Villalba. El Supremo ha apreciado en los tres encausados, directivos de Promocisa encabezados por una mujer que actualmente tiene más de 80 años, la atenuante de dilación judicial indebida (por la enorme lentitud del proceso).

Los afectados adelantaron entre uno y tres millones de pesetas -de las de entonces- por la compra de una casa. Promocisa, en lugar de levantar las casas, invirtió el dinero de las letras en suelo y en pagar a proveedores. Al ver que la inmobiliaria no construía las viviendas, los estafados dejaron de pagar las letras o exigieron la devolución del dinero, y la constructora se fue a la quiebra. Dejó un reguero de afectados.

El proceso judicial ha dejado en el camino a muchas víctimas: parejas de novios rotas, compradores de casas fallecidos tras tanta demora judicial, matrimonios arruinados que no levantaron cabeza... Son claros exponentes de lo que, eufemísticamente, se llama doble victimización: primero les estafaron con sus casas y, luego, les ha vapuleado una maquinaria judicial que se ha demostrado incapaz de dar una respuesta ágil y eficaz a 3.000 ciudadanos. Este pleito estuvo diez años prácticamente parado, a caballo entre el Juzgado número 9 de Madrid, donde se instruyó, y la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, donde se juzgó en 2004. La Inspección del Consejo General del Poder Judicial o no lo detectó o nada hizo por activarlo, a juzgar por su extremada demora.

Casi 30 años después de aquella macroestafa, que obligó a intervenir al Gobierno de la época para ayudar a los damnificados, el Supremo ha confirmado las penas -entre seis meses y un año de cárcel- que impuso la Audiencia de Madrid a los tres principales implicados: Josefa Polo, con más de 80 años y viuda de uno de los principales artífices de Promocisa, y los también acusados Luis Béjar Montalvo y Luis Constantino Jiménez.

Lo que hace el Supremo ahora es confirmar el fallo de la Audiencia e incluir a dos afectados más. Inicialmente, a comienzos de los años setenta, fueron 3.000 los afectados, pero al juicio que se celebró en 2004 en la Audiencia sólo acudieron 738 de las 1.500 víctimas que logró citar el tribunal.

Cuando las víctimas vieron a los acusados en el banquillo, tantísimos años después, las hubo que lloraron. Testificaron ancianas de memoria rota que, curiosamente, recordaban con nitidez la amargura de aquellos años de juventud. "Exijo que se nos indemnice por el infierno que hemos pasado", explicó en el juicio, angustiada, una afectada, de avanzada edad. De pie y mirando al tribunal, se quejó: "Mi hija sufría de poliomielitis y queríamos el piso porque tenía piscina. Al final ni piscina ni piso y mi hija sufriendo".