Un paro de 'sin papeles' fuerza a Francia a revisar su política de regularización

El Gobierno francés, entre cuyas prioridades figura la lucha contra la inmigración ilegal, y que dispone incluso de una cartera específica de Inmigración, se dispone ahora a iniciar un proceso de legalización de trabajadores en situación irregular cuya amplitud, por el momento, es una incógnita. Para empezar, el ministro del ramo, Brice Hortefeux, se comprometió ayer a estudiar la regularización de los 600 trabajadores, mayoritariamente del sector de la restauración, que llevan una semana en huelga para denunciar su situación y la de cientos de miles de personas que trabajan, y en muchos casos pagan sus impuestos y cotizan a la Seguridad Social, pero que pueden ser deportados en cualquier momento.

El ministro respondía así no sólo a la presión de estos trabajadores y de la Confederación General del Trabajo (CGT), que apoyan sus reivindicaciones, sino también a las de la patronal de la hostelería, que da trabajo a cerca de 800.000 personas, de las que casi un 10% son inmigrantes. Otro tanto sucede en el comercio, la seguridad privada y la limpieza, donde las empresas se quejan de falta de mano de obra, argumentando que los obreros franceses no aceptan estos trabajos. Las restrictivas leyes aprobadas en esta legislatura ya contemplaban la posibilidad de conceder permisos de trabajo por sectores.

Las organizaciones patronales del sector de la restauración, Umih y Synhorcat, se han sumado a la protesta argumentando que la actual situación perjudica gravemente su actividad económica. Didier Chenet, presidente de Synhorcat, es partidario de llevar a cabo una regularización masiva al estilo de la que realizó en España el Gobierno socialista hace tres años, y que levantó las críticas del entonces ministro del Interior Nicolas Sarkozy. Una docena de empresarios tiene previsto presentar hoy una propuesta de proyecto de ley a los diputados para permitir la regularización de aquellas personas que disponen de un contrato de trabajo y están al corriente del pago de sus impuestos y cargas sociales.

André Daguin, presidente de la Unión de Oficios e Industrias de la Hostelería, asegura que en Francia hay actualmente unos 50.000 trabajadores irregulares en el sector que deberían ser inmediatamente regularizados. Chenet, por su parte, aseguró que cada año se quedan sin cubrir hasta 20.000 puestos de trabajo en la hostelería por falta de candidatos. También los inspectores de Trabajo se han sumado a la petición de que se regularice esta situación.

El detonante de esta situación es un decreto emitido el pasado verano por el Ministerio de Inmigración que obliga a las empresas a comprobar que sus trabajadores tienen los documentos en regla, lo que ha abierto la posibilidad de que puedan ser procesados si se descubre que uno de sus trabajadores no están regularizados. Los patronos argumentan que les es imposible comprobar los papeles que les presentan sus empleados.

Por el momento, el ministro Hortefeux se ha comprometido tan solo a estudiar "caso por caso" cada uno de los 600 expedientes de los huelguistas, aunque garantizó a los representantes de la CGT que se "estudiarán de manera positiva". Fuentes del sindicato indicaron que el ministro se reunirá hoy con los responsables policiales de la región de París para establecer un sistema para revisar la documentación.