"La corrupción es contagiosa"

Ángel Núñez (Sevilla, 1960) ejerce como coordinador de la red de fiscales de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo. Su última advertencia ha sido a los alcaldes que no comunican, como exige la ley, los indicios de delitos.

Pregunta. ¿Qué ocurre con los ayuntamientos? ¿Por qué los fiscales andaluces en sus memorias han arremetido contra ellos?

Respuesta. No es un problema específicamente andaluz. Por muy diferentes razones, los ayuntamientos hacen dejación de funciones de sus facultades de disciplina urbanística. No se tramitan, no se resuelven y no se ejecutan sobre todo los expedientes de restablecimiento de la legalidad.

P. ¿Y a qué atribuye esa actitud?

R. Hay supuestos de falta de medios, aunque podrían recurrir a las diputaciones. Otras veces no quieren asumir el coste electoral que conllevan las medidas sancionadoras. En otros casos, y a la vista está, hay corrupción.

P. ¿Cómo analiza lo que está ocurriendo en Estepona? ¿Podría haber más casos similares en otras provincias?

R. La realidad demuestra que las conductas delictivas se trasladan con facilidad de unos territorios a otros. El fenómeno de la corrupción es especialmente contagioso, en la medida que no se le ponga coto. Nosotros no hemos detectado fenómenos de la entidad cualitativa y cuantitativa de Málaga pero es importante que los cuerpos de seguridad del Estado tengan los medios suficientes para llegar a tiempo. La Guardia Civil y la policía autonómica están muy por debajo de sus necesidades. Tienen que suplirlo con dedicación y sacrificio.

P. ¿Esa falta de medios policiales puede provocar que no se detecten nuevos casos?

R. El caso Obra Nueva de Chiclana es un ejemplo de eso, una conducta que estaba muy generalizada pero que, por falta de investigaciones, no se había dado a conocer. En algunos casos, ya hemos llegado tarde porque ha prescrito.

P. Hay quien acusa a la Junta de no actuar con diligencia para evitar casos como el de Estepona. ¿Está de acuerdo?

R. Yo no estoy de acuerdo con que se atribuya esa responsabilidad a la Junta de Andalucía. El reparto de competencias que establece la legislación andaluza y estatal en materia urbanística no organiza una relación jerárquica de las comunidades autónomas con respecto a los ayuntamientos, son repartos horizontales. Y en ese sentido, las facultades de inspección respecto a los ayuntamientos son limitadas.

P. ¿Habría que quitar competencias a los ayuntamientos?

R. No. La autonomía local es compatible con la creación de instancias de control y de inspección. No se trata de extraer competencias sino someter esas competencias a los necesarios controles externos. El que actúa no se debe controlar a sí mismo.

P. ¿Y qué se puede hacer?

R. Los instrumentos legales de inspección a los ayuntamientos son insuficientes. Los que se regulan en la ley de ordenación urbanística se han revelado como defectuosos ante delitos de esta naturaleza y habría que mejorarlos. De lo que se trata es que cualquier actuación de las corporaciones locales que suponga la modificación de suelo o convenios urbanísticos cuenten con una instancia externa que permita de forma temprana controlar su adecuación a la legalidad. Porque muchas veces cuando se examina es demasiado tarde.