¿Se puede expulsar a un terrorista?

Cualquier ciudadano al que se le preguntase si se puede expulsar de España a un sospechoso de terrorismo respondería de inmediato que sí. Argumentaría que la sociedad tiene derecho a defenderse de semejante lacra y que la deportación del delincuente a su país es una de las armas previstas en la ley. La afirmación sería rigurosamente cierta en Estados Unidos, donde bajo la sospecha de peligro para la seguridad nacional, cajón de sastre que lo abarca todo, se han permitido numerosos excesos y vulneraciones de los derechos de los detenidos. Recuerde el lector el limbo jurídico de Guantánamo o el tráfico de prisioneros de Afganistán e Irak en aviones de la CIA.

Europa, sin embargo, "is different". El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), cuyas resoluciones afectan directamente a España y son de obligado cumplimiento, ha establecido en el caso Saadi contra Italia, que la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes, prevista en el artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos, es absoluta. Ello supone que no se puede expulsar, deportar o extraditar a nadie a otro país en el que se sospeche que pueda ser torturado, incluso en el caso de que se trate de terroristas y el caso afecte a la seguridad nacional.

El precio de hacer las cosas bien siempre es alto en materia de terrorismo

El asunto tiene su origen en el caso de Nassin Saadi, un tipo nada recomendable. Tunecino de 34 años, residente en Milán, fue procesado en Italia por ser el cabecilla de una célula terrorista yihadista y por conspiración para cometer atentados con explosivos. En el juicio, el fiscal solicitó 13 años de prisión, pero el tribunal rebajó la condena a cuatro años y seis meses por conspiración criminal, y como pena accesoria impuso que, tras cumplir la sentencia, fuera expulsado del país. En sus conversaciones telefónicas, el angelito se mostraba orgulloso del "martirio" de su hermano Fadhal, convertido en una bomba humana, y mostraba su intención de ir a hacer la "guerra santa".

Tras varios recursos y vicisitudes, Saadi iba a ser expulsado a Túnez, pero entonces solicitó el asilo en Italia y alegó que en su país había sido condenado en ausencia a 20 años de cárcel por terrorismo y que al llegar iba a ser torturado. Aunque el Gobierno italiano denegó el asilo y estaba dispuesto a entregarlo -incluso exigió garantías a Túnez de que no torturaría a Saadi y de que volvería a juzgarlo-, el TEDH entendió que las garantías eran insuficientes y que aunque lo hubieran sido, como el riesgo de que fuera torturado era real, no se le podía deportar. El Reino Unido intentó que el Tribunal admitiera como excepción a esa norma general que la expulsión fuera posible cuando el detenido fuera sospechoso de terrorismo. Pero los magistrados se mostraron inflexibles: como la prohibición de la tortura es absoluta, la conducta del afectado resultaba irrelevante.

La resolución es de gran importancia, aunque sin duda será esgrimida por muchos abogados para evitar las deportaciones de sus clientes, incluso cuando no corran riesgo alguno. Sin ir más lejos, aquí en España, el sirio Basel Ghalyoun fue juzgado por su presunta participación en el 11-M. La fiscalía pedía casi 40.000 años de cárcel para él por creer que era uno de los autores materiales de haber colocado las bombas en los trenes. Luego, la Audiencia Nacional le condenó a 12 años como integrante de la célula terrorista y, finalmente, el Supremo le absolvió por falta de pruebas. Argumentó que, aunque su ideología es radical y que tiene amigos que resultaron ser terroristas, ello no bastaba para inferir que él lo fuera. Al haber sido absuelto, Ghalyoun tenía que haber sido puesto en libertad, pero de inmediato fue detenido de nuevo y deportado a Siria por no tener la documentación en regla, pese a que no podía haberla renovado por estar en prisión preventiva, donde había permanecido los últimos cuatro años. Una operación cuando menos peculiar.

El islamista solicitó el asilo y su abogado apeló al TEDH para paralizar la expulsión porque, debido a sus creencias religiosas, Ghalyoun corría el riesgo de ser torturado en Siria. Las alegaciones no tuvieron éxito y Ghalyoun fue deportado a finales de julio. Hasta el momento, el trato en Siria ha sido correcto. En caso contrario, a España se le hubieran exigido responsabilidades.

El precio de hacer las cosas bien, y más en materia de terrorismo, siempre es elevado, pero carga de razón y altura moral a los demócratas que es lo que les diferencia de los terroristas. Y aunque temporalmente pueda parecer que los atajos lo alivian, a la larga resultan mucho más caros. ¿Recuerdan los GAL?

Decía Benazir Bhutto que "el barco se siente seguro en el puerto, pero los barcos no se han construido para eso". Tenía razón, aunque ella fue asesinada. Un alto precio.