El Gobierno impugna el mecanismo sobre fusiones en vigor desde 1996

La Lei de Caixas no incluye las fusiones entre las decisiones que las asambleas de las cajas deben adoptar con una mayoría reforzada. No modifica la ley anterior, de 1996, que establece una asistencia mínima de dos tercios de los consejeros y el voto favorable de la mitad más uno. Y ese sistema incumple claramente la ley estatal, de 1988, que requiere la asistencia de más de la mitad de los consejeros y el voto favorable de dos tercios. Pero en 1996 el PP presidía el Gobierno gallego y el central, y han tenido que pasar 14 años para que el Ejecutivo reparara en la contradicción.

La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, salió ayer en defensa de la constitucionalidad de la ley gallega, ante el anuncio del Gobierno de que promoverá un recurso que paralizará la entrada en vigor de la nueva norma. Para Currás, de los posibles artículos que puede recurrir el Ejecutivo, el relativo a las mayorías para aprobar la fusión es el más "sorprendente", ya que los modelos de la ley del Estado, la LORCA, y los de la Lei de Caixas son "simétricos". Pero en el previsible caso de una presencia de los 160 consejeros de una caja, con la primera se necesitarían 107 votos de la asamblea para aprobar la fusión, mientras que con la de Galicia bastaría con 81.

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Pescanova, empresa participada por Caixa Galicia en un 20% y por Caixanova en un 5%, se pronunció ayer, a través de dos de sus directivos, a favor de la fusión de ambas cajas en una reunión que el conselleiro de Economía, Javier Guerra, mantuvo en la Confederación de Empresarios de Pontevedra con unos 150 asociados. Ninguno atacó las tesis del conselleiro, al que reprocharon la "reacción tardía de la Xunta en facilitar información". El alcalde de Vigo, Abel Caballero, fue el blanco de todas las críticas por sus planteamientos del problema como un ataque a Vigo.

La legislación autonómica sobre cajas incumple la ley estatal. No ya la nueva, como sostiene el Gobierno para justificar el recurso que mañana aprobará el Consejo de Ministros, sino desde 1996, cuando el Parlamento de Galicia aprobó su primera normativa autonómica, 11 años después de que entrara en vigor la ley estatal, la LORCA. Durante todo este tiempo, en el que se produjo en Galicia la fusión que dio lugar a Caixanova, Galicia ha mantenido en vigor un sistema de aprobación de las fusiones por la mitad más uno de los votos. La ley estatal establece taxativamente que deben apoyarla dos tercios de los consejeros.

La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, se declaró "sorprendida" por la intención del Gobierno de recurrir este extremo, hasta el punto de considerar que se trata de un error. Pero lo cierto es que la LORCA establece la asistencia de la mayoría de los miembros de la asamblea de las cajas cuando se trate de aprobar una fusión, que debe contar con el apoyo de al menos dos tercios de los asistentes. La ley gallega de 1996 lo hace a la inversa: pide una asistencia mínima de dos tercios de los consejeros generales, pero basta con el apoyo de la mitad más uno de ellos.

Para Currás, son procedimientos "simétricos", que no deberían alterar el número de votos necesario para promover la fusión. Ese planteamiento es cierto sólo en el caso de que se vaya a los mínimos de asistencia establecidos. Pero si asistieran todos los consejeros, como parece más verosímil en el caso de aprobar una fusión, la aritmética es muy distinta: con la LORCA en la mano se necesitan 107 votos de la asamblea a favor de la fusión. Con la ley gallega, bastarían 81.

Otra cosa es que el Gobierno pueda recurrir este sistema. La Lei de Caixas, que es un texto refundido, relata un listado de asuntos que requieren mayoría reforzada, pero no incluye las fusiones, al interpretar que estas quedan reguladas por otro artículo de la ley del 96 que no se modifica. Entonces, con el PP en la Xunta y en el Gobierno, no se recurrió. El plazo para hacerlo venció a los tres meses.

Currás compareció ayer ante los periodistas para defender la constitucionalidad de todos los puntos de la nueva ley de los que recela el Gobierno. Se trata, además de la mayoría necesaria para acordar una fusión, de la preceptiva autorización de la Xunta a fusiones frías o SIP, de la renovación parcial de los órganos de gobierno de las cajas, de la doble representación del Parlamento en el consejo de administración, del carácter constitutivo del registro de altos cargos, del control por la Xunta de la obra social y de las situaciones de déficit patrimonial.

El de los SIP es el asunto en el que los argumentos de la Xunta resultan más sólidos. Las leyes de Andalucía, Castilla y León y Madrid recogen mecanismos de control por la Asamblea, la Junta y la consejería competente, respectivamente, sin que ninguno de los artículos correspondientes fuese recurrido por el Gobierno. La ley gallega, además, "limita la discrecionalidad" de la autorización, al vincularla "al cumplimiento de la finalidad financiera y social de Galicia".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mientras, criticó el recurso porque "no es un problema contra una ley", sino "una lucha para que Galicia no tenga cajas", que está "auspiciada por el socialismo gallego". Feijóo confrontó la voluntad de diálogo de la Xunta con el del Gobierno, que "no quiere hablar". Así, pidió "ver qué cosas están en la ley de Galicia y no están en otras leyes, como Cataluña o Andalucía, que no fueron recurridas". Además, el titular de la Xunta recordó que está en juego que las cajas "puedan tener una inyección de liquidez" del fondo de reestructuración bancaria. Sin ese dinero, Galicia "pierde sus entidades financieras", vaticinó.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró por su parte que presentará "de forma inmediata" un recurso contra la ley, en la que encuentra "un elevado número de causas de inconstitucionalidad". Además, denunció que la normativa rebaja la representación municipal en Caixanova de 19 a seis personas.