Aguirre se recorta un 15% el sueldo, pero sigue ganando más que Zapatero

De 105.844 euros a 89.967 euros anuales. Es la rebaja del salario que Esperanza Aguirre se aplicará a partir de junio, para cumplir el real decreto de reducción de sueldos públicos publicado el lunes en el Boletín Oficial del Estado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció ayer, en la sede del PP de Madrid en Génova, que ella se rebajará el 15%, pese a que solo está obligada a bajarse el 10%, pues según la Ley Regional de Retribuciones de Altos Cargos sus emolumentos están homologados a los de un secretario de Estado. Y esa es la rebaja que fija para ellos el real decreto. "Los servidores públicos somos los primeros que nos tenemos que apretar el cinturón", justificó la presidenta, que ganará 6.426 euros al mes.

El salario de la presidencia está equiparado al de un secretario de Estado

La dirigente del PP pide perdón por haber dicho que era "pobre de pedir"

Pese a esta reducción, Aguirre mantendrá un sueldo superior en 11.782 euros anuales al del presidente del Gobierno, que cobrará 78.185 euros tras rebajarse él también el 15%. La razón es que algunos secretarios de Estado pueden llegar a cobrar más que el presidente, porque, según los Presupuestos Generales del Estado, junto a su sueldo, pueden percibir complementos de productividad -que fija cada ministro en función de una partida variable que tiene asignada para tal fin- y, por tanto, su salario es variable. Es un plus que se añade al salario base (incluidos complementos de destino y específicos) que, a partir de ahora, será de 67.055 euros, según el real decreto.

Según diversas fuentes, el complemento de productividad se estableció para compensar a los secretarios de Estado porque ellos, a diferencia de los subsecretarios y los directores generales, no pueden percibir dietas por asistir a consejos de administración de empresas públicas.

En teoría, las cuantías del complemento de productividad no son públicas (el real decreto de Zapatero al menos no las detalla), pero, según un portavoz del Ejecutivo regional, el Ministerio de Economía y Hacienda les comunicó en 2008 que "el módulo general asignado al secretario de Estado era de 28.131 euros". Este sería el complemento de productividad mínimo y, a partir de él, se fijó el salario de Aguirre para ese año y los posteriores, porque desde entonces se ha mantenido congelada las retribución de la presidenta.

Aguirre anunció también que, para el resto de miembros de su Gobierno, se aplicará estrictamente el real decreto de Zapatero, que fija reducciones entre el 5 y el 10%, en función de las categorías de altos cargos hasta director general. "No es un secreto nuestra discrepancia con Zapatero [del PP de Madrid], pero entendemos que es momento de tener altura de miras y de arrimar el hombro", afirmó Aguirre, que puntualizó que las medidas son "insuficientes" y no sirven para crear empleo.

Los nuevos salarios quedarán fijados en un proyecto de ley que la Asamblea de Madrid debatirá a finales de junio y que se tramitará por la vía urgente.

La presidenta no quiso aclarar si el PP aceptará también la propuesta socialista, ya registrada en la Cámara regional, de reducir un 15% el sueldo a los diputados y de retirar el complemento de unos 1.300 euros a los viceconsejeros que ocupan un escaño. Hasta 2007, cuando la presidenta lo incluyó en una ley escoba, era incompatible este cargo con el acta de diputado.

Pero Aguirre también aprovechó el anuncio de la rebaja de salarios para pedir perdón, una semana después, por haber dicho en la Asamblea que era "pobre de pedir", declaraciones que le han valido duras críticas en tiempos de crisis. "Las palabras que dije, fuera de micrófono, fueron desafortunadas", afirmó la presidenta regional. "Y si a alguien le ha molestado, pido disculpas".

Aguirre agregó que su patrimonio no ha aumentado, salvo por la herencia que recibió de su padre, desde que llegó a la presidencia en 2003. Y criticó la "curiosidad malsana" de quienes pretende conocer al detalle sus bienes, incluida la dirección en la que vive. "La ley no permite, ni obliga a que se haga por razones de seguridad", puntualizó.