Mas insta a cerrar traspasos pendientes por temor a un adelanto electoral

Mejor recoger lo sembrado por si llega el temporal. Los insistentes rumores de adelanto electoral en Madrid han llevado al Gobierno catalán a planear una estrategia para intentar arrancarle a José Luis Rodríguez Zapatero cuantos acuerdos y traspasos de competencias sean posibles antes del verano. Aprovechando la situación de debilidad del Gobierno del PSOE, el presidente catalán, Artur Mas, espera que durante este mes de julio acaben de madurar negociaciones importantes, como las del traspaso de las competencias sobre becas y de los ocho hospitales de la Seguridad Social en Cataluña, así como la clarificación de la gestión aeroportuaria.

A ello se está dedicando el jefe de filas de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, que espera rentabilizar con estos traspasos su abstención, ayer, en la crítica votación del techo de gasto del Gobierno para 2012. Artur Mas convocó ayer a Duran para que asistiera a la reunión semanal del Ejecutivo catalán con el fin de transmitirle formalmente el encargo de pedir la convocatoria de la comisión bilateral-Estado Generalitat para antes de finales de julio. La reunión solo se producirá si hay posibilidad de acuerdos después de un contacto que Duran tiene previsto mantener con el vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, antes del fin de semana. "No haremos una reunión de la bilateral solo para hacernos la foto si no hay acuerdos previos", dijo ayer el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs.

CiU intenta sacar réditos de su ayuda al Gobierno con el techo de gasto

La Generalitat busca fórmulas para diferir el pago de 761 millones al Estado

Desde finales de junio, después de que CiU salvara en el Congreso la reforma de la negociación colectiva impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, la Generalitat tiene atado el traspaso de la propiedad de los hospitales de la Seguridad Social en Cataluña que gestiona el Instituto Catalán de la Salud. Entre estos figuran los de Vall d'Hebron y Bellvitge, en Barcelona; Josep Trueta, en Girona, y Arnau de Vilanova, en Lleida.

Además se ha avanzado en la transferencia de becas educativas y en el modelo de gestión aeroportuaria, para que las instituciones catalanas sean decisivas en la toma de decisiones del aeropuerto de El Prat-Barcelona, pero falta cerrar los acuerdos.

El Gobierno catalán también espera avances en la concreción de inversiones en infraestructuras previstas en el Estatuto, así como en lo referente a la necesidad de encontrar una salida a la obligación de la Generalitat de devolver a la Administración central 761,8 millones de euros en 2011 y 2012, por los anticipos recibidos por el IRPF y el IVA en 2008 y 2009.

Aparte de acuerdos tangibles y cuantificables, la Generalitat también está buscando salidas a conflictos como la exigencia de Bruselas para que la Generalitat asuma la deuda del Instituto Catalán de Finanzas. Este organismo de crédito público a empresas funciona de forma autónoma y, si se cambiara este funcionamiento, las cuentas de la Generalitat deberían reflejar un aumento de deuda próximo a los 35.000 millones. La deuda del ICF ronda ahora los 3.500 millones.

La comisión bilateral Estado-Generalitat todavía no se ha reunido desde que el nuevo Gobierno de CiU tomó posesión, el pasado diciembre. Josep Antoni Duran Lleida preside la parte catalana de este organismo, que en teoría debería reunirse cada medio año para formalizar traspasos y hacer el seguimiento de negociaciones en curso. El Gobierno catalán entiende que la única forma de garantizar que los asuntos más candentes lleguen a buen puerto en un plazo de tiempo razonable es abordarlos antes de las elecciones generales. Si estas se producen en marzo como está previsto, no habrá problema; pero los indicios de que puedan convocarse para noviembre han motivado las señales de alarma en la Generalitat.