La banca internacional ve necesario más refuerzo de capital en España

¿Cuál es la morosidad latente en España? ¿A qué volumen de créditos potencialmente morosos se enfrenta el sistema bancario con más activos inmobiliarios de Europa? Esa es la pregunta clave de la reforma financiera española, de la recuperación de la confianza de los mercados en el sector y, por tanto, del regreso del crédito. Ayer, el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, en sus siglas en inglés), que es la organización que une a los 400 mayores bancos y aseguradoras del mundo, cifró los potenciales créditos problemáticos y, por tanto, que se deben provisionar, en una horquilla de entre 218.000 y 260.000 millones de euros.

De esta forma, las provisiones de 190.000 millones resultantes en el sector si se aplican las últimas exigencias de los dos reales decretos de saneamiento financiero serían insuficientes para cubrir dichas pérdidas, según el IIF. Los bancos y cajas españoles habían provisionado unos 110.000 millones al cierre de año, a los que hay que añadir 50.000 millones más de la reforma de febrero y unos 28.000 de la reforma de mayo, todos por créditos vinculados a los promotores inmobiliarios. Pero los inversores creen que España necesitará cubrirse mejor de los riesgos de las hipotecas particulares y de empresas no inmobiliarias.

La organización advierte de que banca española podría necesitar entre 50.000 y 60.000 millones de capital adicional, sin concretar si serían públicos o privados. El Gobierno, de momento, ha cifrado en unos 15.000 millones los fondos públicos que se prestarán a la banca para este proceso de saneamiento a través del fondo de rescate bancario (el FROB).

La mayor parte de las provisiones necesarias calculadas por el IIF se concentra en los activos inmobiliarios de las cajas de ahorros, de las cuales “un número significativo necesitará asistencia gubernamental”. Sin embargo, los tres grandes bancos españoles, Santander, BBVA y Caixabank, serán capaces de asumirlo por sus propios medios. “Se han intensificado las preocupaciones respecto al impacto del apoyo del Gobierno a la banca sobre las débiles finanzas públicas, sobre todo tras la decisión de nacionalizar Bankia, la mayor de las cajas”, recalca el IIF.

En este sentido, considera que persiste la incertidumbre sobre si los requerimientos de provisiones serán suficientes dado el deterioro económico, y recuerda que España recurrirá a auditores externos para determinar la magnitud de las pérdidas.

Y es que el entorno económico no ayuda. Según las previsiones del IIF con fecha de marzo, la economía española se contraerá un 2% este año y un 0,5% en 2013, ejercicios en los que la tasa de paro escalará al 25,5% y al 26,5%, respectivamente.

Goldman Sachs también hizo públicos ayer algunos de sus cálculos sobre la banca española y cifró en 84.000 millones las provisiones necesarias, teniendo en cuenta ambas reformas. Según sus previsiones, los beneficios de Santander y BBVA se reducirán un 22% y un 40% en el conjunto del año, respectivamente, pero lograrán mantener su rentabilidad, mientras que otras entidades de perfil más doméstico, como Popular y Banesto, podrían registrar pérdidas, mientras que Caixabank apenas logrará ganancia.

Goldman Sachs estima que el segundo decreto ley de saneamiento del sistema financiero que obliga a elevar las provisiones sobre activos sanos del ladrillo tiene un impacto conjunto de 17.400 millones para las ocho mayores entidades españolas, que se suma a los 16.500 millones de la norma anterior.