Impedir o evitar los desahucios

Hay dos maneras de acabar con la tragedia de los desahucios. Una es impedirlos. La otra, evitarlos. Y quizá puedan combinarse.

La tragedia humana es hiriente. Los suicidios de deudores al filo del desalojo se han parado momentáneamente, gracias a la alarma social, a la movilización cívica y a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que permite a los jueces detener los procesos si median acusaciones de cláusulas abusivas. Pero ahí están, para vergüenza de todos nosotros. De todos.

Las cifras, aunque fueron invisibles, son espeluznantes: 391.032 desahucios en el quinquenio 2008-2012 (a tercer trimestre). Los que están en trámite son 198.000. Claro que suman todo tipo de evicciones, desde viviendas a despachos o garajes. En todo caso, muchas son de hogares familiares: el 88% de los créditos hipotecarios a la vivienda se concentra en las primeras residencias.

La manera de impedir por la brava los desahucios es la dación en pago que propone la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que tiene como portavoz a Ada Colau. No pretende la posibilidad de entrega del hogar como pago de la hipoteca con carácter universal, contra lo que se dice, sino en el caso de primera residencia.

La propuesta tiene una ventaja: es clara, radical, y suministraría un alivio inmediato a muchos ciudadanos. Y en cierto sentido, es proporcionada, pues el error del excesivo endeudamiento cometido por la familia es el envés del error de la entidad de crédito que se lo concedió, a veces con fórceps. No ha habido en la historia un boom inmobiliario sin la complicidad de un sistema bancario que lo financiase. Ningún Poncio puede lavarse las manos, todos los Pilatos deberán aportar algo a la solución.

El impacto negativo de la dación en pago es triple: inseguridad jurídica, encarecería las hipotecas futuras y agravaría aún más las cuentas de la banca

El impacto negativo de esta fórmula, que con demasiada rapidez descarta el Gobierno, es triple. Toda medida retroactiva provoca inseguridad jurídica, aunque pueda alegarse fuerza mayor y la legislación vecina.

Además, encarecería las hipotecas futuras, pues los bancos las concederían a cambio de muchas más garantías y a tipos más altos que cubrieran el susto de que les devolviesen el ladrillo: eso dificultaría el acceso a la vivienda de los menos instalados, lo que quizá conviene desde el punto de vista de la responsabilidad individual y colectiva, —así como fomentar el alquiler—, pero no sería un logro social del que enorgullecerse.

Y estropearía las cuentas de la banca, lo que interesa poco a la ciudadanía, si acaba pagando sus platos rotos. ¿Cuánto las estropearía? Hasta ahora la banca ha estimado el roto en unos 4.000 millones de euros. Si sólo es eso, no debería haber problema para encontrarlos, incluso queda un amplio remanente del rescate bancario que, negociando con la UE, quizá podría usarse. Juega en favor de un perjuicio limitado la tendencia de las familias a sacrificarlo todo, antes que impagar la hipoteca. Y en consecuencia, la muy modesta morosidad de la vivienda: el 3,49% del total de los créditos, apenas un tercio de la mora total.

Pero la cifra de pérdidas podría aumentar: el paro dispara la mora, y a ésta hay que añadirle los pisos ya adjudicados a la banca. En un escenario adverso, la auditoría de Oliver Wyman del 28 de septiembre preveía un 5,5% de pérdidas. Y se deteriorarían las cédulas hipotecarias que empaquetan esos créditos, que totalizan 425.000 millones.

Por eso, una dación en pago con carácter muy amplio para todos los casos de vulnerabilidad y riesgo de exclusión que impida buena parte de los desahucios, podría completarse con otra fórmula, que los evite. Y que permita que las familias sigan viviendo en sus casas y los bancos no se hundan.

La aplicó Franklin Delano Roosevelt el 13 de junio de 1933, a los dos meses de estrenar presidencia, y a los cuatro años de la Gran Depresión. Montó la HOLC (Home Owner's Loan Corporation), organismo público que compró a los bancos posiciones acreedoras en las hipotecas, a cambio de bonos. Y desde esas posiciones reestructuró la deuda de las familias caídas en el desempleo y asfixiadas por la crisis: dio quitas; amplió plazos desde los habituales cinco años hasta 20; y bajó tipos de interés, una operación que salvó a 25 millones de familias, por 4.750 millones de euros, el 8,4% del PIB de EE UU. Redujo “sustancialmente” el número de desahucios, el de suspensiones de pagos individuales, y el esfuerzo del pago de la hipoteca. La historia de esta iniciativa la encontrarán en Dealing with household debt, el capítulo 3 del World Economic Outlook publicado por el FMI el pasado abril. ¿La copiamos?