La desigualdad arrecia

Después de años de caída del crecimiento, la recesión ha llegado a su fin, originando un clima de optimismo en los círculos empresariales y en los ámbitos oficiales. En ellos se piensa que en 2014 el PIB superará el 1% y que en 2015 se situará más allá del 2%. Se iniciará así un camino que nos llevará de nuevo hacia una sociedad más próspera.

Algunos tenemos una visión diferente de este momento económico, pensamos que el crecimiento será de baja intensidad y con poca creación de empleo, lo que hará que la recuperación tarde en dejarse sentir entre la gran mayoría de la población. La catarata de datos estructurales que vienen conociéndose justifican esta opinión.

Tras ellos emerge una crisis social producto de la desigualdad creada por un reparto cada vez peor de la renta y de la riqueza, que además puede hacerse crónica.

Inicialmente la desigualdad la produce el mercado donde se desencadenó una crisis de empleo que afectando a todo tipo de trabajadores, de cualquier edad y nivel educativo, se cebó más intensamente entre los jóvenes. La novedad estuvo en que el ajuste del empleo no se llevó a cabo jubilando a los mayores con peor formación, sino que recurrió a forzar la salida de los más jóvenes endureciéndoles sus condiciones de acceso y permanencia en el trabajo.

En las retribuciones las cosas no fueron mejor, los salarios sufrieron continuas rebajas, que redujeron su peso en la renta nacional. Desde 2007, perdieron en el PIB 2,4 puntos porcentuales, mientras que el excedente empresarial y las rentas mixtas aumentaron 2,9 puntos. El desplome del empleo —que había sido de 10,2 puntos porcentuales— junto con el aumento del paro —que fue del 18%— certifican lo ocurrido.

Las políticas públicas (educación, sanidad, protección social y fiscalidad) constituyen otro vector que se pone al servicio de la igualdad. En nuestro caso, la mancuerna de la denominada austeridad, ha estado integrada por la devaluación salarial y un ajuste a granel que maltrata a todo aquello que suena a público. Contemplándolas conjuntamente se ve que muchas fa­mi­lias, en cuan­tía bien di­fe­ren­te, so­por­ta­ron una do­ble mer­ma de re­cur­sos que de­te­rio­ró su ni­vel de vi­da.

Sien­do es­to así, con­vie­ne que des­de los agre­ga­dos ma­cro­eco­nó­mi­cos se des­li­ce el aná­li­sis aguas aba­jo, bus­can­do ele­men­tos pun­zan­tes que pro­por­cio­nen la me­jor in­for­ma­ción de cuan­to vie­ne ocu­rrien­do. Una pri­me­ra apro­xi­ma­ción de­be lle­var­nos a ob­ser­var los da­tos que el INE fa­ci­li­ta so­bre las con­di­cio­nes de vi­da de los es­pa­ño­les. El gas­to me­dio por per­so­na, des­de que se ini­ció la cri­sis, dis­mi­nu­yó un 9,8% cuan­do el sus­ten­ta­dor prin­ci­pal de la fa­mi­lia es un ocu­pa­do y un 21,7% cuan­do es un pa­ra­do.

Si fo­ca­li­za­mos la aten­ción en los be­ne­fi­cia­rios de las pres­ta­cio­nes por des­em­pleo, ve­mos co­mo és­tas des­cien­den des­de 2010 a un ma­yor rit­mo que el con­jun­to de los pa­ra­dos. Su ta­sa de co­ber­tu­ra cae con­ti­nua­men­te. El úl­ti­mo da­to dis­po­ni­ble la si­túa en el 57,7% cuan­do ha­ce cua­tro años era del 78,2%. Desciende el número de beneficiarios a la vez que el gasto medio por beneficiario, lo que se traduce en un menor gasto total. Un escenario poco alentador (CES).

Lo que más determina la desigualdad —lo que la ancla con fuerza a la pobreza— es la tasa de paro de los cabeza de familia. Unicef acaba de decirnos que el número de hogares en los que todos los adultos están sin trabajo se ha incrementado, desde 2010, en más del 30%. A la vez que esto ocurre, las Administraciones, entre otros, han reducido en el 15% el gasto en políticas de infancia.

Desde la atalaya que ofrecen estos ejem­plos, pue­do sos­te­ner que en Es­pa­ña es­ta­mos de­jan­do atrás el tiem­po du­ran­te el que las di­fe­ren­cias dis­mi­nuían. Aho­ra ocu­rre lo con­tra­rio, se es­tá dis­pa­ran­do la de­sigual­dad, con el agra­van­te de que la ame­na­za de ex­clu­sión ha am­plia­do su pe­rí­me­tro yen­do más allá de los tra­di­cio­na­les sec­to­res mar­gi­na­dos.

A quien ten­ga tra­ba­jo hoy no se le ga­ran­ti­za que lo ten­ga ma­ña­na, tam­po­co que ese tra­ba­jo le pro­por­cio­ne la co­ber­tu­ra de sus ne­ce­si­da­des bá­si­cas, lo que ha­ce que esos ciu­da­da­nos vi­van en un es­ta­do de cons­tan­te an­sie­dad (Z. Bau­man y M. Cruz). To­do ello lle­va a que so­por­te­mos los efec­tos de una fuer­te frag­men­ta­ción so­cial, que da ori­gen a un cli­ma de ten­sión y de po­la­ri­za­ción.

Pe­se a tan cru­da reali­dad, has­ta aho­ra las me­di­das a fa­vor de la jus­ti­cia eco­nó­mi­ca y so­cial no es que ha­yan si­do ti­bias, es que han si­do inexis­ten­tes. Hoy son mu­chos los ciu­da­da­nos es­pa­ño­les que ne­ce­si­tan que el Es­ta­do les apo­ye, aun­que pa­ra­dó­ji­ca­men­te és­te no ha­ce ac­to de pre­sen­cia. Por el con­tra­rio, abun­dan las si­tua­cio­nes en las que los pro­ble­mas que afec­tan a la gen­te se en­cuen­tran fue­ra de la agen­da po­lí­ti­ca de los go­ber­nan­tes o en­tran a for­mar par­te del si­len­cio y el ol­vi­do de la opo­si­ción. La­men­ta­ble­men­te, a pe­sar de que la cri­sis ha cas­ti­ga­do a mu­chos con con­tun­den­cia, el de­ba­te de las pre­fe­ren­cias po­lí­ti­cas y de la or­de­na­ción que hay que es­ta­ble­cer en ellas pa­ra sa­lir de es­te la­be­rin­to se en­cuen­tra mal plan­tea­do y peor re­suel­to.

Hay da­tos que mues­tran que las po­lí­ti­cas de re­dis­tri­bu­ción apo­ya­das en más trans­fe­ren­cias so­cia­les, pa­ra me­jo­res sis­te­mas de edu­ca­ción, sa­ni­dad y pro­tec­ción so­cial y ma­yo­res im­pues­tos per­so­na­les di­rec­tos, con­tri­bu­yen a re­du­cir las di­fe­ren­cias y a re­pa­rar las in­jus­ti­cias. Pe­ro las co­sas aquí no van en esa di­rec­ción, por lo que si no exis­te un cam­bio de sen­ti­do bien pu­die­ra ocu­rrir que a lo lar­go de los pró­xi­mos años los con­flic­tos de es­ta so­cie­dad em­po­bre­ci­da pue­de que den lu­gar a más an­ta­go­nis­mo po­lí­ti­co que a con­sen­sos.

Des­de ese pris­ma tie­ne ló­gi­ca so­cial el que en al­gún mo­men­to se lle­gue —si es que no se ha lle­ga­do ya— a que vea­mos có­mo se des­en­ca­de­na una fuer­te reac­ción en con­tra de la de­sigual­dad. Que, de­bi­do al ma­les­tar exis­ten­te, apa­rez­can con ni­ti­dez ac­ti­tu­des orien­ta­das “a vol­ver a co­lo­car las co­sas en su si­tio”, abrien­do un fuer­te de­ba­te po­lí­ti­co di­ri­gi­do a li­mi­tar, en­tre otras op­cio­nes, el re­cor­te tri­bu­ta­rio que han ve­ni­do dis­fru­tan­do aque­llos con­tri­bu­yen­tes que po­seían más ren­ta y más pa­tri­mo­nio.

He­mos vuel­to a un mun­do con de­man­da in­su­fi­cien­te, que lle­va años en una po­si­ción in­sos­te­ni­ble, en el que pa­ra sa­lir de ella se ne­ce­si­ta que el gas­to pú­bli­co se com­pro­me­ta más, fa­vo­re­cien­do la crea­ción de em­pleo, en el que re­sul­te atrac­ti­vo ele­var los im­pues­tos, ya que ése es el pro­ce­di­mien­to más só­li­do y con­sis­ten­te pa­ra re­du­cir los dé­fi­cits en las es­cue­las, las in­fra­es­truc­tu­ras, la se­gu­ri­dad so­cial o pa­gar la deu­da (J. Ro­bin­son).

Es­tas po­lí­ti­cas son im­pres­cin­di­bles, ya que es un error su­po­ner que cuan­do sal­ga­mos de la cri­sis —y vol­va­mos a ge­ne­rar em­pleo— la de­sigual­dad, por sí so­la, se re­du­ci­rá. So­lo po­drá lo­grar­se es­te pro­pó­si­to me­dian­te una im­por­tan­te po­lí­ti­ca de re­dis­tri­bu­ción de ren­tas (L. Aya­la).

Dan­do tras­la­do de es­tos plan­tea­mien­tos a las op­cio­nes de po­lí­ti­ca eco­nó­mi­ca es co­mo en­con­tra­rán so­lu­ción es­tas cues­tio­nes: ¿qué hay que ha­cer pa­ra afian­zar la re­cu­pe­ra­ción?, ¿cuál es el rit­mo de con­so­li­da­ción pre­su­pues­ta­ria que hay que apli­car?, ¿bas­ta con en­ga­tu­sar a los con­tri­bu­yen­tes pa­ra sos­te­ner que la pro­pues­ta de re­for­ma fis­cal es la ade­cua­da?

En el Pro­gra­ma de Es­ta­bi­li­dad 2014-2017 es­tán las res­pues­tas. Con él se pre­ten­de re­du­cir el dé­fi­cit en 44.000 mi­llo­nes de eu­ros, a los que hay que su­mar los 9.000 mi­llo­nes de eu­ros que se de­ja­ran de re­cau­dar con la re­ba­ja que se anun­cia. En to­tal 53.000 mi­llo­nes de eu­ros me­nos. Un vo­lu­men de re­cur­sos des­pro­por­cio­na­do que es­tá a años luz de las ne­ce­si­da­des de la so­cie­dad es­pa­ño­la, en la que el des­gas­te su­fri­do por los ser­vi­cios pú­bli­cos y la eu­ta­na­sia de las po­lí­ti­cas de re­dis­tri­bu­ción ha acen­tua­do aún más las de­sigual­da­des. Por eso, los al­qui­mis­tas que nos go­bier­nan de­be­rían de­cir­nos si han en­con­tra­do el eli­xir que en es­ta oca­sión evi­te el da­ño ge­ne­ra­do con sus po­lí­ti­cas ¿Cuán­ta de­sigual­dad más pien­san que po­de­mos aguan­tar?

* Francisco Fernández Marugán es economista y exdiputado del PSOE