El FMI vuelve a España para poner a prueba la supervisión bancaria

Como relata el ministro Luis Guindos en su libro España amenazada, el 15 de febrero de 2012 la jefa de la misión del FMI que visitaba España para examinar a la banca le solicitó un encuentro con urgencia. Aquella misma tarde, la jefa de la misión, la economista turca Celya Pazarbasioglu, trasladó a Guindos la gravedad del agujero de Bankia. “En aquel momento es verdad que solo teníamos la información que emanaba del Banco de España”, sostiene Guindos. Ambos acuerdan que se haga una mención indirecta en el adelanto de este informe publicado el 25 de abril de 2012. A partir de ahí, los hechos se sucedieron en cascada y acabaron con la destitución de Rodrigo Rato, la petición de un rescate y la inyección de 22.000 millones en Bankia. En definitiva, Guindos usó la evaluación del Fondo como una palanca para afrontar de frente los problemas de solvencia de la banca.

Cinco años más tarde, las autoridades españolas se preparan para recibir otra vez a los expertos del Financial Sector Assesment Program o Programa de Evaluación del Sector Financiero. Pero el escenario es completamente distinto: "La evaluación de 2017 tendrá lugar en un contexto muy diferente a 2012, cuando España abordó una decisiva y ambiciosa reforma financiera. Tomaremos nota del progreso conseguido. Es más, comprobaremos como se está ajustando el sector financiero a un contexto de cambios muy rápidos y revisaremos las conexiones transfronterizas de los bancos y los flujos financieros en general", explica Udaibir Das, director adjunto del departamento de mercados de capital del FMI y jefe de esta misión. Y añade: "El último examen del FMI publicado recientemente ya indicaba que el sistema financiero ha ganado fortaleza y que está cerca de dejar atrás la mayor parte del legado de la crisis". "No obstante, los bancos han progresado a diferentes velocidades y, al igual que ocurre en otros sistemas bancarios, se enfrentan a nuevos retos como por ejemplo la baja rentabilidad", señala.

Esta especie de ITV a la banca se lleva a cabo cada cinco años en aquellos países cuyos sistemas financieros se consideran sistémicos. No se suelen nombrar entidades concretas, se elabora con datos agregados, se hacen numerosas entrevistas con técnicos y autoridades y, en definitiva, se evalúan las vulnerabilidades y la resistencia a los vaivenes financieros.

Además, se somete a las entidades a unos test de estrés, si bien no tan exigentes como los del BCE. Sin embargo, a diferencia del banco central, esta misión no sólo analiza los bancos. Va más allá y toma el conjunto del sistema financiero incluyendo el marco institucional, los organismos reguladores y supervisores, los seguros y fondos de pensiones o los riesgos de contagio.

En otros países, esta valoración se realiza para comprobar si se cumple con la regulación bancaria internacional de Basilea. Solo que España ya la aplica por estar en la UE. Así que se pone un foco especial sobre la arquitectura institucional: "Analizaremos las necesidades del marco de supervisión, ya que ha cambiado bastante desde 2012 al introducir la unión bancaria y el Mecanismo de Supervisión Único", afirma Das.

"En el plano institucional, este examen funciona como un 'benchmarking' y compara con las mejores prácticas internacionales. Aunque el FMI no tiene capacidad para imponerlas, la UE sí que se toma en serio estos informes", comenta una fuente financiera. Un ejemplo claro sería la supervisión de los seguros. El FMI ha insistido en que el supervisor debe sacarse del Ministerio de Economía. Y Europa está empujando con la amenaza de sanciones si no se hace. Otro caso es el de la agencia de protección del consumidor financiero, cuya formación negocian los partidos. Tampoco se ha establecido todavía una autoridad que vigile los riesgos de burbujas, algo que ya se exigía en el memorando de rescate bancario. De ahí que Guindos se esté adelantando con las negociaciones para alumbrar un nuevo armazón institucional, con un nuevo mecanismo de selección de los altos cargos y una agencia de protección del consumidor financiero, entre otras cosas. Y todo ello coincide con que la supervisión de las entidades ya se ha trasladado al BCE y el Banco de España ha aparecido más dividido que nunca en medio del debate sobre el papel de la institución en la crisis.