Gobierno, comunidades y agricultores buscan un pacto ante la reforma de la PAC

El Ministerio de Agricultura, las comunidades autónomas y las organizaciones del sector agrario van a intentar entre hoy y mañana acercar posiciones para que España tenga una sola posición ante la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). En el horizonte próximo hay una nueva reforma de la PAC y esta nueva regulación se aplicará, en principio, desde 2020. En las jornadas que organiza el departamento que dirige Isabel García Tejerina también estará presente el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, el irlandés Phil Hogan.

Tejerina pretende que España sea un participante activo en las negociaciones para la reforma de la PAC, un punto importante del presupuesto europeo que es capital para el sector en España, segundo país receptor de ayudas, tras de Francia. La ministra ya había recibido críticas de algunas comunidades por ir con retraso en este tema. Para ello pretende hacer propuestas conjuntas con otros países, como Francia, en el transcurso de las conversaciones.

La posición española pasa por defender unos presupuestos comunitarios suficientes. Hay coincidencia total sobre la necesidad de, como mínimo, mantenerlos. Actualmente, los fondos para cinco años ascienden a 35.700 millones de euros para pagos directos y otros 8.300 millones para desarrollo rural. Estos fondos han supuesto entre un 26% y un 30% de la renta agraria, aunque su peso es muy diferente según zonas, producciones o cultivos.

Un segundo aspecto lo constituye el mantenimiento de las políticas de rentas, en la actualidad básicamente a través de pagos directos. Para ello, desde las instancias comunitarias se plantean varias vías abiertas en los debates: continuar con el actual sistema reformado y simplificado; apoyos por compromisos con medidas para contener el cambio climático; ayudas por implementar una gestión eficiente de riesgos, etc.

En los dos días de reuniones de hoy y mañana, Agricultura pretende que se trabaje en la propuesta española a defender en Bruselas y dejar al margen la distribución de los fondos en España. Este asunto es clave, pues se presumen grandes diferencias entre comunidades autónomas porque nadie quiere perder recursos.

Castilla-La Mancha y Aragón plantean que se dé un vuelco al sistema actual, mucho más cuando se teme que los fondos globales puedan sufrir graves recortes en Bruselas. El consejero castellano manchego aboga por debatir desde ya nuevos criterios sobre la futura asignación de los pagos. De entrada, plantea nuevamente el debate para que las ayudas vayan exclusivamente a los profesionales de la actividad agraria frente a los criterios comunitarios de una flexibilización del objetivo; la eliminación de los pagos por los derechos históricos, hoy algo básico; la necesidad de unos procesos de convergencia entre territorios mucho más abiertos que los aplicados en España en la anterior reforma; la posibilidad de elevar la ayuda para las primeras 25 hectáreas de una explotación, o la fijación de techos de ayuda por explotación más allá de esa modulación actual del 5% para los pagos superiores a los 150.000 euros.

Para el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martinez, sería indispensable un esfuerzo de comunicación del sector hacia el conjunto de la sociedad. Pretende con ello concienciar sobre la necesidad de mantener la PAC y busca hacerlo en dos direcciones. La primera debe concienciar de la necesidad de que haya una producción suficiente de alimentos a precios asequibles, con calidad y seguridad alimentaria. La segunda iría encaminada a convencer de que la presencia de agricultores y ganaderos mantiene vivo el territorio.