¿Debe mentir el ministro Guindos?
El Popular llevaba un lustro de parches homeopáticos como los que criticó este Gobierno
Un banquero central o un ministro de Economía deben mentir la víspera de una devaluación de su moneda (si la tienen): para evitar la especulación o el pánico financiero.
Pero ¿deben hacerlo en momentos menos dramáticos? No es tan claro. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha incurrido en graves inexactitudes al menos dos veces.
Una, al asegurar que el rescate bancario no costaría ni un euro a los contribuyentes: “No pondrán ni un euro en la reestructuración”, prometió en 2012. Dos, el 10 de abril cuando aseveró, amparándose en el Banco de España, que el Popular era “un banco solvente que ha de tomar decisiones importantes”.
Culpar de los accidentes de tráfico a los policías y no a los conductores es estúpido. La responsabilidad del colapso del Popular es de sus gestores. Ángel Ron llegó tarde y mal a la burbuja inmobiliaria y saneó poco y tarde sus malos activos y sus morosos, con dos ampliaciones de capital, de 2.500 millones (2012 y 2016). Los fieles quedaron atrapados.
El segundo grado de responsabilidad es de los vigilantes. Debería examinarlo el Congreso, al que el Banco de España someterá enseguida su informe sobre la crisis desde 2008.
El Ministerio de Economía y en menor medida el supervisor han distribuido un catecismo de respuestas sobre la crisis (y su gestión a cargo de los antecesores) que hoy se ve mediocre. Dicho de otro modo: muchas de las críticas —algunas certeras, otras menos—, al pasado les son ahora aplicables a los del presente.
Dijeron que las insolvencias no eran de los bancos. “Los problemas estaban centrados en las cajas” (España amenazada, Luis de Guindos, Península, Barcelona, 2016). El Popular no era una caja.
Dijeron que el grueso venía de la segunda caja catalana, Catalunya Banc, “la entidad con más ayudas en términos relativos” (ídem). Esta recibió 12.000 millones de euros, para unos activos de 80.000 millones; Popular, de tamaño doble, ha necesitado 5.000 en dos ampliaciones, los 7.000 del samaritano Santander y otros más aportados por acreedores varios (accionistas, dueños de cocos, bonistas)... seguramente hasta 20.000 millones, si no más. Aunque de bolsillos privados y no públicos, merced al control y normas europeas.
Dijeron que los antecesores pusieron poco dinero, y muy despacio, para sajar la sangría: “Deberíamos haber atajado el problema desde el principio y de un solo golpe” (ídem). Pero el Popular luce carne viva desde la —escasa— ampliación de 2012: ¡más de un lustro! Lo que contrasta con la autoatribución de agilidad: “Si hubiéramos seguido mareando la perdiz, si no hubiéramos actuado con rapidez, España habría sido rescatada” (ídem).
El desenlace de ahora es grave para 300.000 familias, quizá ricas aunque también merecedoras de verdad oficial. Pero menos grave que el de la crisis de 2012-2014: porque existe la unión bancaria europea que desincentiva el uso de dinero del contribuyente para rescatar bancos (excepción: Italia); porque la economía se recuperó; porque entidades españolas, como el Santander, pueden ya actuar como el primo de Zumosol. Todo era más favorable. Pero marearon la perdiz.
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