La CNMV pregunta a Ferrovial y a FCC sobre los casos de corrupción ‘Palau’ y ‘Odebrecht’
Las dos constructoras niegan su implicación y explican sus medidas para evitar fraudes
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) remitió a Ferrovial y FCC los pasados días 23 y 25 de enero sendos requerimientos de información sobre sus políticas anticorrupción en los casos Palau y Odebrecht, respectivamente.
En primer lugar, el regulador pregunta a Ferrovial sobre las consecuencias de la sentencia del pasado 15 de enero que supuso la condena del extesorero de CDC Daniel Osàcar por el cobro de al menos 6,6 millones de euros en comisiones ilegales de la constructora que controla la familia Del Pino, en el marco del caso Palau de Catalunya.
En su respuesta, Ferrovial indica que "ni la empresa, ni ninguna de sus sociedades filiales ha recibido comunicación alguna por parte de los tribunales en relación con el caso Palau de la que pudiera derivarse algún perjuicio para las mismas".
El grupo asegura que el "proceso se dirige contra personas físicas y jurídicas, sin que ninguna de ellas sea una sociedad de la compañía" y que el directivo y el exdirectivo de una de las filiales del grupo que estaban acusados han quedado absueltos, según consta en la respuesta de Enrique López Mozo, director general económico financiero de Ferrovial.
'Caso Odebrecht'
En relación con FCC, la CNMV le inquiere sobre su asociación con Obredecht para la construcción de las líneas 1 y 2 del metro de Panamá. La constructora brasileña está inmersa en un caso de corrupción acusada del pago de sobornos de 59 millones de dólares para conseguir contratos de obras públicas en el país centroamericano.
En su respuesta, la constructora española admite que ha recibido comunicación tres requerimientos de información recibidos de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que debe contestar "cuando sea posible" , aunque precisa que de los mismos "no se considera pueda derivarse ningún perjuicio para el grupo".
Tanto Ferrovial como FCC afirman ante el regulador bursátil que disponen de políticas y medidas implementadas para luchar contra la corrupción, como un código ético, y tolerancia cero hacia este tipo de prácticas.
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