El consejo del Popular reconoció en su última acta que el banco no tenía liquidez ni solvencia
Los responsables de la entidad no esperaban una muerte prematura y mostraban cierta confianza en encontrar la ayuda del Banco de España o del BCE
La última acta del consejo de administración del Banco Popular, celebrado el 6 de junio de 2017, reconocía que la entidad no tenía liquidez para seguir operando y admitía que sería insolvente tras realizar las nuevas provisiones recomendadas por el BCE de “hasta 3.000 millones por la cartera de inmuebles”. “Es previsible que una vez concluida la valoración de activos en las cuentas del primer semestre se produzca un incumplimiento significativo de las ratios de solvencia. A día de hoy, el Popular tiene la consideración legal de inviable”, reconoció el banco en el acta a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Los últimos meses del Popular, con el agónico relevo del presidente el 20 de febrero de 2017 —Ángel Ron fue sustituido por Emilio Saracho—, fueron una montaña rusa de acontecimientos, casi todos negativos, con tendencia destructiva ante el florecimiento de los problemas del pasado que no se solucionaban.
Las cuatro últimas actas del consejo de administración del banco —del 18, 29 y 31 de mayo y del 6 de junio, esta última un día antes de que la entidad fuera vendida al Santander— evidencian la evolución de los episodios. En ellas se demuestra que los responsables del banco no esperaban una muerte, la suya, prematura por problemas de liquidez y de solvencia. Incluso reflejan cierta confianza en que, incluso con un colapso de la falta de efectivo por el deterioro de la imagen de la entidad, podrían encontrar la ayuda del Banco de España o del BCE. El apoyo llegó, pero muy insuficiente.
El consejo lo critica en el acta del 6 de junio, la de su defunción, después de haber sufrido un día antes una fuga de 2.984 millones. El acta dice: “Ayer se procedió a solicitar una provisión urgente de liquidez al Banco de España por 9.500 millones para lo que se han aportado activos no elegibles en las operaciones de política monetaria del BCE. Hasta el momento, las validaciones han permitido disponer de 3.500 millones”.
Con estas cifras, el Popular estaba muerto y así lo admite el acta. Dice que su ratio de cobertura de liquidez (LCR), que refleja la relación entre los bienes que son líquidos o se pueden hacer líquidos y las deudas que vencen a corto plazo, era del 24%. El mínimo legal está en el 80% y el banco en mayo de 2017 había llegado a tener el 140%. “Las medidas tomadas para evitar esta situación no han sido suficientes”, afirmó Saracho, en referencia al intento de venta de inmuebles, créditos, filiales y otros negocios. “La situación deja de ser provisional y pasa a ser significativa a efectos de valoración de la inviabilidad del grupo”, recoge el documento.
Había otro gran problema: la falta de capital. Las autoridades españolas y europeas han insistido en que fue intervenido por falta de liquidez, pero también era insolvente o lo iba a ser a 30 de junio de 2017, fecha en la que había que cerrar las cuentas. Saracho explicó entonces, según el acta, que se intentó “dar más certidumbre” sobre el valor de los activos inmobiliarios, por lo que se inició una valoración cuando él llegó a la presidencia. Sin terminar el estudio, se reconoció una minusvaloración de 1.600 millones, así como la necesidad de nuevas provisiones de 1.525 millones. Con estas medidas, la ratio de capital se reduciría al 6,54% al 30 de junio, frente al 10% mínimo legal.
Y añade que el agujero sería mayor “tras incorporar las estimaciones preliminares que los inspectores del BCE están analizando sobre la cartera y han transmitido verbalmente a la entidad, llegando a un total de 2.250 millones hasta el entorno de 3.000 millones”. Si se cumplían los peores augurios, “la ratio de capital total quedaría en el 4,15%” frente al 10% exigido.
El BCE tomó el control diario del efectivo 39 días antes
En el consejo de administración del 18 de mayo se dijo, en muchas ocasiones, que el Banco Central Europeo (BCE) era informado a diario de la situación de la liquidez del Popular. En concreto se especificó que, desde el 27 de abril, se informaba “a diario” del saldo de liquidez al BCE. También se comentó que las numerosas medidas tomadas para generar liquidez se consultaban con el supervisor europeo. En aquel consejo ya se habló de que se han presentado 21.847 millones en activos para obtener liquidez de emergencia. No obstante, Saracho dijo: “El momento de pedir liquidez de emergencia no ha llegado ni se prevé que llegue porque el Popular actualmente tiene liquidez suficiente”.
En el consejo se explicó que la previsión era generar 2.695 millones con la venta de carteras, acciones y bonos. Además, se esperaba obtener 2.000 millones más con financiación garantizada con inmuebles y la venta de créditos sindicados. El seguimiento de estas operaciones lo debía hacer el Grupo de Trabajo de la Liquidez.
A continuación, reconoce que “es razonablemente previsible que una vez concluido el proceso de valoración de activos y con ocasión de la formulación de las cuentas del primer semestre se produzca un incumplimiento significativo de las ratios de insolvencia de la entidad”. “En atención a lo indicado, el consejo aprueba considerar, de conformidad con lo dispuesto en la ley, que el Banco Popular tiene a día de hoy la consideración legal de inviable y se comunica de manera inmediata al Banco Central Europeo”, completa. Además del BCE, se informó a la CNMV, la Junta Única de Resolución (JUR), el Banco de España y el Ministerio de Economía.
Solución ‘in extremis’
Los consejeros críticos con la gestión de Saracho, próximos al anterior presidente, han manifestado a este periódico que el banco estaba trabajando en una ampliación de capital de 4.000 millones con el Deutsche y Barclays, que se podía presentar el 12 de junio. En su opinión, no se hizo lo suficiente. Sin embargo, desde el entorno del equipo de Saracho se rebajan las posibilidades de llevar a cabo esta operación. El acta subraya que “hasta que no haya una decisión de las autoridades, el consejo acuerda continuar buscando una salida privada a su situación mediante una operación corporativa o planes alternativos de captación de capital para el caso que no prospere ninguna vía de negociación abierta”.
El consejo justificó la “inviabilidad” del banco en cuatro razones: las menores ratios de capital del grupo frente a los competidores; la elevada exposición a los activos tóxicos improductivos, la menor cobertura de estos en comparación con el sector y “muy especialmente las noticias que han aparecido en prensa en los últimos meses sobre la salud financiera del grupo, con los consiguientes efectos sobre la liquidez”.
El Popular sostiene en el acta que la rebaja del rating de las agencias “entre tres y seis niveles por debajo del grado de inversión” ha supuesto una “pérdida de financiación garantizada de 595 millones”. También, que en tres semanas las acciones cayeron un 45%, lo que unido “a que la posición de liquidez del banco se ha agravado hasta el punto de ser hoy insostenible”. Del 1 de mayo al 6 de junio el saldo de efectivo cayó en 10.977 millones. Los críticos con Saracho aseveran que sus declaraciones y la reexpresión de las cuentas también destruyeron la confianza en el banco. La respuesta a este comentario es que Saracho solo puso de manifiesto los problemas “ocultos desde hacía años en el banco”.
Las claves de las últimas reuniones
18 de mayo. Problemas de liquidez. El acta refleja cómo el consejero delegado repasa la fuga de capitales. "Si bien el comienzo de mayo fue positivo, la velocidad de las salidas se ha acelerado desde el 12 de mayo". Sobre la liquidez, dice que desde ese día no cumplen los ratios obligatorios LCR, fijados en el 80%. "Desde el 27 de abril el BCE ha pedido información diaria de las métricas". El 16 de mayo la ratio LCR era del 69,8%, "como consecuencia de las salidas de depósitos de 2.085 millones entre los días 12 y 16 de mayo". Y añade: "Se están preparando medidas extraordinarias con el Banco de España por si fueran necesarias. Hasta la fecha se han presentado carteras al Banco de España por 21.847 millones, para que sean analizadas de cara a la provisión de liquidez de emergencia, en caso de solicitud". Admite que la presidenta del Consejo de Supervisión del Banco central les ha enviado una carta en la que hace referencia "a su preocupación en su conjunto por el banco y, en concreto, sobre la liquidez".
29 de mayo. El BCE lanza un aviso. El consejo celebra una reunión extraordinaria. El motivo, según el acta, "es informar de la carta recibida de la directora ejecutiva de la Junta Única de Resolución (SRB) del Mecanismo Único de Resolución [Daniele Nouy] en la que informa de que debido a la situación que percibe del banco, quiere empezar a tomar medidas preparatorias por si en su momento dicho organismo tuviera que intervenir". El presidente, Emilio Saracho, informa de que le reclaman información y acceso a los informes "que se han creado para facilitar información a las entidades interesadas en una posible operación corporativa". Además, informa de que el presidente y el consejero delegado han "mantenido conversaciones con el FROB, como brazo ejecutor en España del MUR. Señala que el objetivo de Nouy es "si llega el momento en que sea inevitable la activación del mecanismo de resolución, no se haga de manera improvisada". El acta señala que "el presidente manifiesta su frustración por la ineficiencia de los procedimientos establecidos para que el banco pueda recibir crédito del banco central, no solo a través de las operaciones de política monetaria, sino también, de forma excepcional, a través de la provisión urgente de liquidez (ELA)".
31 de mayo. Preparan peticiones de emergencia. Según el acta de este consejo ordinario, se establecen detalles en caso de que se solicite una asistencia urgente de liquidez (ELA). En caso de necesitarlo, se activará una petición de 3.000 millones. La cantidad se establece "en el entendimiento de que los trabajos realizados, en coordinación con el Banco de España, permiten obtener liquidez de hasta 2.000 millones en el mismo día en que se solicite la ELA, si se realiza en las primeras horas de la mañana y al día siguiente si se realizara bien entrada la mañana".
La reunión final: 6 de junio de 2017. El consejo, según el acta, se reunió a las 17.00 horas. Acuden presencialmente el presidente, un vicepresidente, seis consejeros y el secretario del consejo. El consejero delegado, otro vicepresidente y dos consejeros, participan “por medio de comunicación a distancia”.
Fuga masiva de capitales. En la reunión, se informa de lo siguiente: "La posición de liquidez y de financiación del banco se ha deteriorado en los últimos meses y agravado de forma mucho más pronunciada las últimas semanas". "La posición de liquidez se ha agravado hasta tal punto de ser hoy insostenible. Así, el último dato disponible de liquidez indica que el Banco cuenta con 60.347 millones de euros en depósitos a fecha de ayer, tras haberse producido desde el 1 de mayo hasta ayer salidas de depósitos por importe de 10.977 millones de euros, siendo la cifra de salidas del día de ayer de 2.984 millones de euros".
Sin liquidez. Se informa al consejo de que las medidas adoptadas desde el 18 de mayo "no han sido suficientes para conseguir, como estaba previsto, retornar al requerimiento regulatorio del 80% para la ratio LCR". Este es el nivel mínimo de liquidez exigido a un banco. "Concretamente, el nivel estimado de esa ratio a 31 de mayo era del 74,4% y a día de ayer se situaría en el 24%", se advierte.
Solicitud de ayuda. Ante la falta de liquidez, se informa de la petición de ayuda. "En el día de ayer se procedió a solicitar una provisión urgente de liquidez (ELA, por sus siglas en inglés) al Banco de España por importe de 9.500 millones de euros, para lo que se han aportado activos no elegibles en las operaciones de política monetaria del Banco Central Europeo. Hasta el momento las validaciones realizadas han permitido disponer de cerca de 3.500 millones de euros".
Un banco inviable. "A pesar del acceso a ese mecanismo urgente de provisión de liquidez, el Banco considera que los datos de liquidez expuestos y la ausencia en la actualidad de perspectivas de recuperación de fuentes de financiación de fuentes de financiación estables en un futuro próximo —salvo que se llegasen a ejecutar alguna de las operaciones corporativas que vienen tratándose de implementar (...)— obligan a considerar que el incumplimiento de la ratio LCR ha dejado de ser provisional y, en consecuencia, que ese incumplimiento ha pasado de ser significativo a efectos de la valoración de la inviabilidad del banco".
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