La OCDE recomienda a España que concentre más su gasto social en las rentas bajas

La OCDE, el organismo que aglutina a los países avanzados, alaba el crecimiento de la economía española. Sin embargo, en su informe anual sobre España publicado este jueves recuerda que todavía queda mucho para superar la crisis: el paro, la deuda pública y externa, la necesidad de reforzar la solvencia de la banca, unas grandes diferencias económicas entre regiones y, sobre todo, una excesiva temporalidad, una alta pobreza infantil, problemas acuciantes en el sistema educativo, una elevada desigualdad por ingresos y un sistema de pensiones que en el futuro ejercerá mucha presión sobre el gasto público. Ante la dimensión de estos retos, destaca como una de sus principales recomendaciones la necesidad de que España diseñe mejor su gasto social y lo concentre en las rentas bajas.

Además, aunque no está precisamente recogido en el informe, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, ha defendido la subida del salario mínimo del 22% que ha planteado el Gobierno de Pedro Sánchez. "España tenía unos niveles salariales que comparados con el resto de Europa eran muy bajos en el espectro inferior de las retribuciones. El salario mínimo es un mínimo de protección social y era necesario hacer un ajuste para que la gente tenga una vida digna. Se trata de una mejora razonable. Con esta actualización, la relación entre el salario medio y el mínimo se coloca en la media con el resto de países", ha declarado Gurría durante la presentación del estudio en Madrid.

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En general, la OCDE insiste mucho en que se apliquen políticas más "inclusivas". "Hemos visto los resultados electorales en muchos países. ¿Y qué nos dicen todos? Hay millones de personas que no están satisfechas con la forma en que hemos gestionado nuestras sociedades y economías. Hemos dejado a muchos fuera. Por eso, el énfasis está en un equilibrio entre la productividad y la inclusividad del crecimiento. Todas nuestras recomendaciones de políticas se ven permeadas por esto. También para España", ha señalado Gurría.

A continuación, ha cargado contra otras instituciones internacionales diciendo que le parece razonable la proyección de déficit público que prevé el Gobierno español para 2019. "Nosotros apuntamos un 1,8%, igual que el Gobierno de España. Los demás organismos están haciendo sus previsiones basándose en que el Gobierno no va a tomar medidas. Pero, ¿en qué país no las toman?", ha explicado Gurría para defender sus previsiones. En cualquier caso, luego ha restado gravedad a la controversia esgrimiendo que las diferencias entre unas y otras son solo unas décimas. Y que lo importante es que se mantenga la tendencia a la baja.

La institución con sede en París resalta que el crecimiento de la economía española tiene unas bases sólidas e incluso se muestra más dinámico que la media de la zona euro. Entre otras cosas, el empleo crece de forma continuada y el repunte de las exportaciones se achaca a una mejora estructural. El número de empresas volcadas con el exterior aumenta y sus ventas tienen una mayor diversificación geográfica. "Traemos un voto de confianza a lo que se está haciendo en la economía española", ha afirmado Gurría. Preguntado por la elevada deuda pública, ha dicho que España tiene que transitar en un difícil equilibrio entre una corrección de las cuentas y tomar medidas para atajar un paro y una desigualdad todavía disparadas. "Las políticas públicas que el Gobierno español está adoptando son apropiadas", ha apostillado.

Justo después de las dudas expresadas por Bruselas y el FMI, las palabras de Gurría se han sentido como un bálsamo. Parapetada tras el jefe de la OCDE, la ministra Calviño ha argumentado que la Comisión sostiene que en un escenario de prórroga el déficit se irá al 2,4%. Por eso, ha dicho, hacen falta unos Presupuestos. Solo que si se aprueban estos Bruselas cree que España también se desviará. 

Los retos pendientes

Hasta ahí llega la parte claramente positiva del informe. Pero el trabajo de estos organismos también consiste en apuntar los retos. Y en un contexto en el que el crecimiento económico va a moderarse por la desaceleración internacional, la OCDE subraya la necesidad de afianzar las finanzas públicas. Máxime cuando las pensiones acabarán subiendo el gasto en los próximos años. Solo que la OCDE ha adquirido un tono mucho más social, a diferencia de otros organismos. Así que la disciplina fiscal tiene que conjugarse con la herencia recibida de una dura crisis a la que forzosamente hay que dar respuesta. Consciente de ello, la institución que dirige Ángel Gurría da la razón al Gobierno en que es necesario apuntalar los ingresos públicos. Si bien su recomendación de cómo hacerlo en parte coincide con la del FMI: es mejor acometerlo a través de una subida del IVA reducido y de los impuestos medioambientales. Es más, en su opinión se puede combinar ese programa de alzas fiscales con una rebaja de las cotizaciones exclusivamente dedicada a los salarios bajos.

Además, considera que “el gasto social debería asignarse mejor”. Sobre todo por la elevada pobreza infantil, motivada en parte por la falta de ayudas a familias monoparentales. Y porque España tiene un considerable problema de desigualdad por ingresos: el 20% de la población más rica ganó en 2015 seis veces más que 20% más pobre. En la desigualdad de patrimonio, los españoles no figuran mal en los rankings internacionales gracias a la elevada propiedad de vivienda. No obstante, “dado que la acumulación de riqueza requiere tiempo, el reciente repunte de la desigualdad de ingresos, junto con las tendencias del mercado de trabajo, puede propiciar, con el tiempo, una concentración aún mayor de la riqueza”. Es decir, la desigualdad de ingresos podría perpetuarse en la desigualdad de riqueza, como ya se ha observado con los datos de 2011 a 2014.

Para colmo, existe mucha desigualdad por regiones, en ingresos, empleo, pobreza, formación o productividad. Por ejemplo, la tasa de abandono escolar o la tasa de repetición de curso presentan una gran dispersión regional. Y esas diferencias por comunidades agravan bastante los problemas. "¿Por qué el abandono escolar es tan bajo en País Vasco y tan alto en Baleares?", ha subrayado Gurría. Para combatirlo, la institución defiende que se preste un apoyo individualizado a los estudiantes con riesgo de fracaso escolar.

"Las comunidades autónomas difieren considerablemente en su capacidad para desarrollar, captar y retener trabajadores cualificados. El nivel de competencias es uno de los menores de los países de la OCDE y debería elevarse a fin de satisfacer necesidades futuras", asevera el estudio. 

Transferencias más progresivas

Enfrentados con este escenario de dificultades, es imperativo “utilizar el sistema fiscal y de transferencias de manera más eficiente y progresiva”, dice el informe. Y añade: “En España las transferencias tienen una orientación relativamente ineficiente. En efecto, los hogares con bajos ingresos reciben menos transferencias en efectivo que los hogares con ingresos más elevados; así, los hogares que conforman el 20% inferior de la distribución de ingresos únicamente reciben en torno al 55% del pago medio correspondiente a todas las familias, mientras que los que se sitúan en el 20% superior perciben aproximadamente un 60% más que la familia media”.

De los 34 países que analiza el organismo, solo Portugal, Italia y Grecia lo hacen peor que España en este sentido. La OCDE destaca que algunas exenciones fiscales en España tienden a beneficiar a los que más tienen y que las ayudas a las familias son menores que en otros países. También hace falta gastar más en formar y recolocar a los parados de larga duración y los menos cualificados, señala documento.

Sobre las pensiones, la visión de la OCDE es más suave que la de otras instituciones internacionales. Aunque reconoce el inmenso tamaño del reto, hace mayor hincapié en incentivar carreras de trabajo más largas, alargar la edad de jubilación y favorecer el ahorro privado.

A la hora de corregir la temporalidad, el organismo aboga por estrechar la diferencia en costes entre eventuales e indefinidos. Sin embargo, no llega como el FMI a la conclusión de que haya que recortar la indemnización por despido del fijo. 

Por último, la OCDE también reclama políticas para fomentar la competencia, la innovación y eliminar regulación entre comunidades que impide el crecimiento de las empresas y, por tanto, la mejora de la productividad.