Detenido el abogado que medió para que FCC consiguiera obras en Latinoamérica

La Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá ordenó el pasado jueves la detención del abogado Mauricio Cort en el marco de una supuesta trama de sobornos a cambio de obra pública que salpica a la multinacional española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), según el diario La Prensa.

El arresto de Cort en Panamá se produce una semana después de que EL PAÍS revelara que FCC recibió siete adjudicaciones por valor de 434 millones de euros en Panamá, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica tras fichar en 2010 a este letrado. El abogado ofrecía servicios de consultoría que  camuflaban un esquema de pago de comisiones ilegales, según los investigadores.

Las autoridades panameñas registraron el jueves la residencia de Cort en la zona de Costa del Este y sus oficinas. Y la Fiscalía ordenó su detención tras un interrogatorio de varias horas.

Las pesquisas rastrean un presunto pago de comisiones en la adjudicación del tramo II del Proyecto Corredor-Brasil. La obra fue licitada a FCC durante el Gobierno del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) por 174,5 millones de dólares (154 millones), pero acabó costando 216,2 (189 de euros), según La Prensa.

La investigación, que ha estimado en este proyecto un sobreprecio de 41,7 millones de dólares (36,5 de euros), atribuye a Cort un presunto delito de blanqueo de capitales.

Andorra, donde Cort ocultó fondos millonarios, también investiga a este jurista. Las autoridades del país pirenaico indagan si el letrado cobró un 4 % a FCC para facilitar licitaciones entre 2010 y 2014 durante los gobiernos de los expresidentes Martinelli (Panamá), Daniel Ortega (Nicaragua) y Mauricio Funes (El Salvador).

Las gestiones de Cort permitieron a FCC hacerse con las adjudicaciones de proyectos en Panamá como el Hospital Luis Chicho Fábrega (127 millones de euros), la sede del tribunal electoral (27,6) el acceso del cauce del Pacífico del Canal (187) –en consorcio con las firmas ICA y Meco— o la rehabilitación del puente Centenario (27,6). El abogado ya fue condenado el pasado año por un tribunal de Panamá a 48 meses de prisión por actuar como intermediario de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que protagonizó la mayor trama de sobornos de América.

El supuesto contrato de asesoría bajo sospecha entre FCC y Cort se firmó en abril de 2010. Y habría reportado unos ingresos al letrado de 17,3 millones de euros: el 4 % del total del presupuesto total de las obras que captó la multinacional española entre 2010 y 2014.

El documento contemplaba que ambas partes “habían colaborado antes” y preveían mantener su relación “en el futuro”.

Como representantes de la constructora, suscribieron el acuerdo sus entonces directores de América Latina y Administración y Financias. Cort no figuró en el contrato. Sí lo hizo su sociedad Arados del Plata SA, donde el letrado controla el 100 % de las acciones.

Arados del Plata SA fue el vehículo utilizado por Cort para cobrar a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA) 3,5 millones de dólares (3,1 millones de euros) a FCC, según dos informes de la Policía de Andorra incorporados a la Operación Pernambuco. Una causa que indaga una red de sobornos de Odebrecht a altos funcionarios, presidentes y primeros ministros de Latinoamérica a cambio de obra pública, principal fuente de ingresos de la constructora brasileña.

Las presuntas comisiones de FCC en Latinoamérica ya salieron a colación durante la declaración del exabogado de Odebrecht Rodrigo Tacla ante la Fiscalía Anticorrupción española. Tacla detalló supuestos pagos a los hijos del expresidente panameño Martinelli a través de la constructora española mediante operaciones de compensación (un sistema de blanqueo de capitales).

FCC indicó a este periódico que los ejecutivos que suscribieron el acuerdo en 2010 han abandonado la compañía. El letrado, por su parte, declinó contestar a las preguntas de EL PAÍS apelando al secreto profesional.