Hacienda interviene pagos a Murcia por su morosidad

Hacienda cumple con su amenaza y castiga a Murcia por incumplir de forma reiterada con el periodo máximo de pago a proveedores. Tras una larga serie de advertencias, el ministerio ha dado el pistoletazo de salida al proceso para retener fondos a la comunidad —en una cuantía aún por definir— y asumir directamente el desembolso de las facturas que esta tenga que abonar.

Hacienda lleva desde 2016 alertando al Gobierno murciano por sus retrasos en los pagos, y ahora ha decidido sacar la artillería que le proporciona la Ley de Estabilidad. Esta norma contempla la aplicación de medidas “preventivas, correctivas” y, en última instancia, “coercitivas”, cuando las comunidades retrasen el pago durante más de 60 días y la infracción se prolongue por más de dos meses.

En concreto, el ministerio acaba de comunicar a la región que aplicará una retención de sus ingresos por el incumplimiento del plazo máximo durante los meses de agosto y septiembre de 2019 (la media fue 76,22 y 89,46 días, respectivamente). En noviembre del año pasado, último dato disponible, Murcia no fue sin embargo la comunidad que más tardó en pagar a las empresas que le proporcionan bienes y servicios. Le superó Cantabria, con una media de pago de 90 días.

Aunque Murcia no haya sido la primera región en caer en el brazo correctivo por infringir las reglas sobre el periodo máximo de pago, esta medida solo se ha activado en contados casos. La misma suerte le tocó a Extremadura y Aragón en 2016 (gobernadas por el PSOE), cuando Cristóbal Montoro (PP) aún dirigía las riendas de la Hacienda pública con Mariano Rajoy al frente del Gobierno.

Murcia ya sabe qué significa que la Administración central meta las narices en sus cuentas. Gobernada en coalición entre PP y Ciudadanos y con el apoyo externo de Vox, es una de las regiones que todavía se financia a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Esta línea de crédito barato que concede el Tesoro, activada para que las regiones que no cumplen con las reglas presupuestarias puedan hacer frente a sus necesidades de financiación, cierra a las comunidades la posibilidad de buscar fondos en los mercados, las obliga a diseñar planes de ajuste y a proporcionar una minuciosa información sobre su tesorería, lo que supone un control más férreo de Madrid sobre sus cuentas.

Durante los últimos meses, la relación entre Hacienda y los Gobiernos regionales no ha sido del todo fluida, sobre todo por el retraso en la actualización de las entregas a cuenta —la semana pasada, el ministerio las aprobó y comunicó a las regiones que recibirán 103.000 millones de euros, aunque esta cifra podría cambiar tras aprobarse los Presupuestos— y el pago pendiente de una mensualidad del IVA de 2017 que las comunidades reclaman. Pero uno de los encontronazos más sonados fue con la Junta de Andalucía, también dirigida por PP y Ciudadanos.

A finales del año pasado, Hacienda comunicó a la región, que había vuelto a financiarse parcialmente a los mercados, que deberá regresar al FLA si quiere seguir recibiendo fondos del Estado central. La razón: haber incumplido las metas fiscales que tenía establecidas para 2018. El Ejecutivo autonómico acusó entonces al Gobierno de Pedro Sánchez de querer intervenir la comunidad, y alegó que la responsabilidad del agujero la tenía Susana Díaz, que era quien gobernaba entonces la Junta. La actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue la consejera regional responsable de velar por la estabilidad presupuestaria andaluza hasta mediados de ese año.

Murcia quedará en el brazo correctivo de Hacienda hasta cumplir durante seis meses seguidos con el plazo máximo 30 días previsto en la normativa. En noviembre, el periodo medio de pago de la región se situó en los 75,98 días.