Blackstone recuerda a Podemos que el alquiler social “es responsabilidad de las Administraciones Públicas”

La futura ley de vivienda ha abierto una nueva caja de los truenos en el inmobiliario. Apenas se conocen detalles del borrador que prepara al Gobierno, cuya intención es llevar el proyecto de ley al Congreso a finales de este mes o en marzo, pero algunas propuestas que han trascendido no gustan nada al sector. Este hace años ...

La futura ley de vivienda ha abierto una nueva caja de los truenos en el inmobiliario. Apenas se conocen detalles del borrador que prepara al Gobierno, cuya intención es llevar el proyecto de ley al Congreso a finales de este mes o en marzo, pero algunas propuestas que han trascendido no gustan nada al sector. Este hace años viene mostrando su oposición a las regulaciones de precios de los alquileres, una de las medidas que, según el compromiso alcanzado por el presidente, Pedro Sánchez, y el vicepresidente Pablo Iglesias deberá figurar en la norma.

En ese contexto, Eduard Mendiluce, gestor inmobiliario del fondo Blackstone (el mayor propietario de vivienda de España), ha asegurado este martes que el arrendamiento social es “responsabilidad cien por cien de la Administración pública”. Respondía así a Unidas Podemos, que presiona a su socio de Gobierno para incluir en la futura norma una obligación para los grandes propietarios de destinar parte de sus inmuebles a arrendamiento social. Más o menos a la misma hora que Mendiluce participaba en un foro inmobiliario organizado por la consultora PwC, en el Congreso intervenía la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, quien pedía “una ley de vivienda que corresponsabilice al sector privado en la garantía del derecho a la vivienda y le comprometa a cumplir con la función social que debe tener”.

Belarra, que forma parte del equipo de Iglesias en la Vicepresidencia de Derechos Sociales, es la persona encargada por parte de ese departamento y de Unidas Podemos para negociar la futura ley de vivienda con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento, capitaneado por el socialista José Luis Ábalos). “Si los grandes propietarios destinaran el 30% de sus viviendas al alquiler social, podríamos aumentar en muy pocos meses el parque público en unos 140.000 o 150.000 inmuebles, ayudando a poner fin a la emergencia habitacional”, ha dicho la diputada navarra en su comparecencia ante la comisión que hace seguimiento de la estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. En la misma, también ha recordado que el artículo 47 de la Constitución consagra el derecho a la vivienda.

El cálculo de Belarra presupone considerar que los grandes tenedores de vivienda en España suman como mínimo 466.000 pisos, una cifra por encima de las estimaciones que se hacen actualmente. Blackstone, por ejemplo, tiene unos 40.000 pisos y la segunda entidad que más tiene, Caixabank a través de su inmobiliaria Building Center, ronda los 25.000. Aunque hay que considerar también que el cálculo dependería de lo que la ley considere un gran propietario. En los decretos sobre la materia a raíz de la pandemia, el Gobierno ha definido como tales a quienes tienen más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o que suman más de 1.500 metros cuadrados. Y en los mismos decretos, en la parte justificativa, también se señalaba que un 85% de los arrendamientos el propietario es una persona física. Sobre esa base, y estimaciones oficiales que sitúan el número de hogares en alquiler en España por encima de los tres millones, es sobre la que Unidas Podemos ha realizado un cálculo que la formación define como “conservador”. Implica presuponer, eso sí, que prácticamente todos los pisos arrendados por personas jurídicas (es decir, empresas) entran en esa categoría de gran tenedor de vivienda.

Alquiler social y alquiler asequible

Al margen de las cifras, la fórmula no gusta al sector. Es por eso que el consejero delegado de Anticipa y Aliseda, dos de las firmas inmobiliarias de Blackstone, ha insistido en hacer una diferenciación entre alquiler social y alquiler asequible. Si del primero ha dicho que es responsabilidad de las Administraciones, en el segundo (que sería a precios por debajo de mercado, pero no para personas especialmente vulnerables) ha dicho que “entra la colaboración público-privada”. Para ello, Mendiluce ha pedido que los responsables públicos “incentiven este tipo de acuerdos”, para lo que ha puesto de ejemplo a Portugal. “No hay que ir por la vía de la regulación, si no habrá reclamaciones en tribunales por expropiaciones por derecho de uso”, ha advertido el directivo, quien también se ha mostrado muy crítico con las últimas regulaciones de vivienda del Ejecutivo durante la pandemia. “Estamos en un país que penaliza la vivienda vacía y penaliza alquilar, y hay una ley de vivienda que va a ir por la vía del rent control [control de rentas], por lo que estamos preocupados”, ha asegurado.

La suya no es la única voz crítica del sector que se ha escuchado en las últimas horas. Joan Clos, antiguo alcalde de Barcelona por el PSC y actual presidente de Fiabci España, una patronal que agrupa a empresas y profesionales inmobiliarios, ha pedido también este martes que se genere “confianza entre el sector público y el privado para colaborar”. Clos, también presidente de la asociación de propietarios de vivienda en alquiler Asval (abierta a particulares y a grandes empresas propietarias), intervenía en un acto de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC) en Barcelona en el que ha defendido la necesidad de regulación porque “si se deja al mercado actuar libremente, este expulsa a los colectivos vulnerables de la ciudad”. Pero para ello ha pedido “fórmulas más parecidas a los modelos europeos” y que no espanten a los inversores privados. La presidenta de la AIC, Anna Puigdevall, ya recordaba este lunes en el mismo foro que la necesidad de más vivienda social “no puede resolverse con la contribución por parte de los propietarios privados”.

Oportunidad “histórica”

El Ministerio de Transportes, el principal encargado de elaborar la ley porque tiene las competencias estatales de Vivienda, estima que España tiene un parque social de solo el 2,5% del total de viviendas, uno de los más pobres de Europa. La causa es que durante muchos años las políticas de vivienda se centraron en la propiedad (destinando miles de millones a vivienda protegida para la venta que pasado un tiempo pierde esa condición y pasa al mercado libre) y en la última década prácticamente desaparecieron, algo que el Presupuesto recién estrenado se propone enmendar (aunque buena parte del aumento corresponde a fondos europeos que deberán dedicarse a programas de rehabilitación). Tampoco faltaron las enajenaciones de vivienda pública, como la controvertida venta de más de 1.800 de viviendas que el Ayuntamiento de Madrid hizo precisamente a Blackstone.

En el departamento que dirige Ábalos guardan de momento silencio, tanto ante las quejas del sector como ante las manifestaciones de sus socios de Gobierno, lo que en los últimos meses ha provocado más de una tensión interna a cuenta de la Vivienda. Este lunes, después de que Unidas Podemos hablase de “discrepancias sustanciales” que atoraban la futura norma, en Transportes respondían señalando simplemente la “oportunidad histórica” que supone elaborar la que será la primera ley estatal de vivienda de la Democracia.

De la misma han trascendido pocos detalles, pero además del control de precios de los alquileres y estudiar la obligación de grandes propietarios de ceder pisos en alquiler social, Unidas Podemos ha apuntado también a la movilización de viviendas vacías para que salgan al mercado —lo que implicaría definir lo que es una vivienda vacía, que actualmente cuenta con diferentes definiciones en las legislaciones autonómicas— y la extensión de la prohibición de desahucios de personas vulnerables más allá del estado de alarma. Esta última cuestión, aprobada en diciembre como una medida urgente por la pandemia, ya generó intensos debates en el Gobierno y acabó escociendo en el sector inmobiliario, que cree que algunos de los supuestos que contempla dan alas a la ocupación ilegal de viviendas.