“Soy médica y llevo 18 años con contratos temporales”

Ana Gomes, Víctor Jiménez y Diana Checa no son compañeros de trabajo. De hecho, ni siquiera comparten profesión. Ana es administrativa; Víctor, enfermero y Diana, maestra. Sin embargo, los une algo que condiciona la manera en la que los tres ejercen su oficio: son trabajadores públicos y son temporales. Sin que el tiempo que llevan ocupando el mismo puesto importe —en algún caso más de una década—, todos saben que llegará el momento en el que tendrán que volver a empezar en otro lugar. No son l...

Ana Gomes, Víctor Jiménez y Diana Checa no son compañeros de trabajo. De hecho, ni siquiera comparten profesión. Ana es administrativa; Víctor, enfermero y Diana, maestra. Sin embargo, los une algo que condiciona la manera en la que los tres ejercen su oficio: son trabajadores públicos y son temporales. Sin que el tiempo que llevan ocupando el mismo puesto importe —en algún caso más de una década—, todos saben que llegará el momento en el que tendrán que volver a empezar en otro lugar. No son los únicos: de las 16.241.500 personas asalariadas que registró el Instituto Nacional de Estadística (INE) durante el cuarto trimestre de 2020, 4.000.700 (el 24,6%) tenían un contrato con fecha de caducidad. O lo que es lo mismo: uno de cada cuatro empleos en España a finales del año pasado tenía carácter temporal. En el caso del sector público, el porcentaje de precarios es aún más elevado: a finales de 2020 marcó un récord del 29,9%.

La inestabilidad es un fenómeno intrínseco del mercado laboral español y oscila en las mismas tasas desde hace décadas. La pérdida de trabajadores en las Administraciones tras la crisis de 2008 y la ausencia de reposición de efectivos ha sido la principal denuncia que han lanzado los sindicatos durante los últimos años. El pasado jueves, el nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se reunió con los sindicatos para abordar un catálogo de mejoras de estas deficiencias internas. Los representantes de los trabajadores abogan —entre otras demandas— por implantar un plan de incorporación al sistema de miles de trabajadores en los tres próximos años.

Tras el encuentro, Iceta afirmó que una de las medidas que tomará con urgencia será la de reformar el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público para obligar a las administraciones a cubrir “en plazos razonables” las plazas creadas que actualmente están ocupadas por personas sin contrato fijo. A algo semejante también se comprometió en 2017 el entonces ministro Cristóbal Montoro —250.000 en tres años— y los objetivos no se cumplieron.

La tasa de temporalidad fluctúa entre el 10% que rige en la Administración central y el 33% de las comunidades. ¿Qué se puede hacer para acabar con estas ratios? “La legislación, aparentemente, no solo desincentiva, sino que penaliza la contratación temporal injustificada”, opina Jesús Cruz, catedrático en Derecho Laboral de la Universidad de Sevilla. Sin embargo, “a pesar de que los tribunales han venido reforzando la declaración de ilegalidad de la contratación temporal abusiva, no acaban de existir sanciones efectivas que funcionen como un cortafuegos para que bajen las tasas de temporalidad”, añade. Esta discordancia judicial es fuente de debate. “El criterio general es que tiene que haber indemnizaciones o sanciones disuasorias para impedir que se abuse. Pero a partir de ahí el Tribunal de Justicia de la UE se lava las manos y dice que sea el juez de cada país el que decida si tienen que darse estas sanciones disuasorias. Resultado: en España no se producen”, matiza Cruz. Esta falta de actuación ha provocado que desde Europa se haya afeado recurrentemente a España el comportamiento de sus administraciones. El Tribunal de Luxemburgo se ha puesto del lado de los interinos en varios dictámenes. El último pescozón europeo llegó hace una semana, al albur de la recepción de las ayudas europeas.

Congelación

“Gran parte de la temporalidad actual tiene que ver con la crisis anterior y la congelación de las plantillas. Pero eso no significa que las necesidades se congelen”, zanja Sergi Jiménez, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra. Y es que para copar esos agujeros de personal, las comunidades han recurrido repetidamente a contrataciones temporales, especialmente en aquellos servicios públicos esenciales, como la educación y la sanidad, sobre los que disponen de competencias. En estos dos sectores, la temporalidad está desbocada: en 2020 fue del 29,1% y 41,9%, respectivamente, según los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE.

“En la sanidad la temporalidad es elevadísima, sobre todo entre mujeres a partir de los 35 años. Y no porque no logren aprobar la oposición, sino porque no se sacan convocatorias. Tampoco ha habido manera de hacerlas por la pandemia; todo el empleo que ha habido el año pasado ha sido temporal”, dice Florentino Felgueroso, investigador de Fedea. La irrupción de la crisis sanitaria, sin embargo, ha cuestionado la validez de este modelo y ha puesto al descubierto la precariedad de muchos empleados.

“Mi vida laboral ocupa seis páginas”, bromea Víctor Jiménez, que a sus 32 años trabaja como enfermero en el Hospital de La Paz, en Madrid. Desde que terminó la carrera en 2009 ha ido encadenando un contrato tras otro: tanto de meses como de días sueltos. “No me puedo independizar, no puedo estabilizar mi vida, y olvídate de lo de comprarme un piso porque no me van a dar una hipoteca...”, afirma resignado. Solo la vocación ejerce, por el momento, de contrapeso. “Me encanta mi trabajo. Somos muchos los que creemos en el sistema público, lo defendemos, y estamos dispuestos a echarnos sobre nuestras espaldas el peso de unas condiciones laborales pésimas para seguir manteniéndolo”, resume.

La rotación en la atención sanitaria está a la orden del día, pero la avalancha de pacientes que ha generado la covid-19 ha llevado hasta el extremo a sus trabajadores. “Tanta ida y venida provoca que no se puedan formar equipos de trabajo y no se establezcan dinámicas comunes que redunden en una mucho mejor atención a los pacientes”, analiza Itziar Fortuny, médica de urgencias del Hospital Infanta Sofía y delegada de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts). Fortuny, a sus 47 años, lleva 18 como interina. “A pesar de todo este tiempo, mañana pueden despedirme sin indemnización sin ningún problema”. ¿Cuáles son las consecuencias profesionales de vivir así? “Esta precariedad a lo que lleva es a que estés jugándote el puesto eternamente y por eso hagas menos reclamaciones por miedo a represalias y el modelo se mantenga”, apunta.

Canarias tiene la temporalidad más elevada en el sector sanitario: un 56,4% en 2020. Esta situación es el reflejo de la falta de ofertas de empleo público, según denuncia Francisco Bautista, de UGT. Desde 2007 apenas se han celebrado dos convocatorias y la última, de 2019, solo afectó a menos de 1.000 empleados de las categorías de matronas, fisioterapeutas y enfermeros. En el caso de los médicos, solo hubo una convocatoria desde 2002, aunque la norma interna establece que estos procesos selectivos deben ejecutarse cada dos años.

“En la sanidad hay mucha contratación por pocos días, y el resultado es que no existe ningún otro sector con temporalidad tan alta y personal tan cualificado. Hay médicos y enfermeros que acumulan más contratos que un peón de la construcción”, lamenta Felgueroso. Explica que el ahorro para la Administración —para los interinos es más complicado acumular trienios y quinquenios, de los que depende la evolución de los costes laborales— se convierte a largo plazo en un espejismo. “Tiene un efecto directo sobre los pacientes y un coste para el Estado. Nuestros sanitarios se forman aquí y emigran desde antes de la crisis de 2008 por las condiciones precarias”.

Cubrir vacantes hasta obtener una plaza fija por medio de oposición es también el hábitat imperante en el ambiente educativo. Diana Checa (34 años) tiene hoy un contrato para todo el curso en el IES Neil Armstrong de Valdemoro (Madrid), pero hasta llegar a él ha tenido que realizar múltiples sustituciones desde 2016 por periodos más cortos. “A veces te contrataban por 15 días y luego estabas todo el curso”, explica. De hecho, se considera una afortunada por haber encontrado una vacante anual. Aun así, hace pocos días vivió una situación que le hizo entender que su situación no era todo lo buena que pensaba. “Fui al banco a pedir una hipoteca y no me ofrecieron las mismas condiciones que si fuera una trabajadora con plaza fija”.

María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas, mantiene que la temporalidad tiene efectos negativos en ámbitos como la productividad, la formación o las mismas condiciones de vida: “Genera distorsiones importantes en el funcionamiento del mercado laboral y de toda la economía”.

Aunque la temporalidad en la enseñanza es similar en valores porcentuales en el sector público y en el privado (25,2%), los efectos sobre el funcionariado que la propia Administración selecciona resultan más chocantes para los expertos. “El mayor problema a corto plazo que genera la temporalidad en el sector educativo es la inestabilidad de los equipos docentes”, se suma Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense y director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). “Todo enorme sector de trabajo tendrá siempre una cierta tasa de rotación por la necesidad de cobertura profesional de puestos, y eso la enseñanza nunca lo va a evitar. Pero evidentemente podría ser menor”, añade.

Selección

Muy crítico con el sistema de oposiciones que evalúa a los profesores, Fernández Enguita justifica el alza de la temporalidad a partir del propio modelo de selección: “Si vas a entregar un empleo para toda la vida, haces que el proceso de entrada sea más costoso y selectivo, lo que produce una tasa mayor de inestabilidad”. El resultado de todo esto deriva irremediablemente en el alumnado. “Un día puede llegar un profesor interino magnífico, pero cuando se mueve desaparece el proyecto”.

Guillem López Casasnovas, catedrático y exvicerrector de Economía y Relaciones Internacionales en la Pompeu Fabra, coincide en que el actual patrón de contratación es muy anticuado. “En el caso de las universidades, hay que dar más autonomía y responsabilidad financiera a centros y departamentos en la selección de su personal. Lo que justifica la permanencia de un funcionario es que pueda seleccionar a otros mejores sin riesgo de su propio puesto de trabajo”, mantiene.

Cantabria cerró 2020 con la mayor tasa de temporalidad del país en el sector educativo, del 45,8%, ocho puntos superior a 2019. Conchi Sánchez, secretaria general de la Federación Enseñanza de CC OO en la región, asegura que el problema viene de lejos: “Las plantillas de mínimos que se publican en el BOE no se corresponden con las necesidades reales y hay mucha desigualdad entre centros”. Aunque señala que los dos procesos de oposición que hubo en los últimos cuatro años redujeron la temporalidad, lamenta que la ampliación de las plantillas acometida en 2019 y la covid-19 revirtieron la tendencia. “El año pasado no se pudieron ejecutar las plazas que correspondían y en agosto y septiembre hubo mucha contratación temporal por la pandemia”.

El investigador Enrique Negueruela considera que la lucha contra la temporalidad en España siempre ha sido un fracaso. “Hace falta un acuerdo para volver a una Administración como se merece, un acuerdo del conjunto del Gobierno”, mantiene.

El recorrido de Ana Gomes, de 51 años, y que llegó al SEPE hace tres años, después de entrar en la administración como funcionaria interina de programa en 2010, retrata a la perfección la situación de miles de trabajadores públicos. “Primero estuve dos años en la Red de Atención Telemática, y después me cesaron. Entré de nuevo en el Centro de Atención de Usuarios, y después de tres años me volvieron a cesar. Semanas después entré en la oficina en la que estoy ahora”, cuenta. “En 2018 volvieron a cesarme y tras 52 días en el paro volví a entrar de nuevo en la oficina”, dice. El 30 de junio volverá a quedarse en paro.

Con información de Guillermo S. Vega.