La empresa familiar reclama a Nadia Calviño que no suba impuestos y que busque el consenso

La empresa familiar ha reclamado hoy al Gobierno visión a largo plazo y consenso para resolver las grandes cuestiones políticas, así como un marco tributario que no sea peor que el resto de Europa y no penalice a las empresas. Ante la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, el presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Marc Puig, ha pedido también un entorno favorable para la inversión que potencia la colaboración público-privada y ha criticado que no se tiene en cuenta a la empresa familiar para deliberar sobre el reparto de los fondos europeos. Tras quejarse de algunas decisiones contraproducentes como la ley de teletrabajo, el dirigente empresarial ha destacado que el Gobierno debe aprovechar esta crisis para seguir cerrando las diferencias con Europa y “ayudar a que sus empresas no solo no desaparezcan es este tsunami, sino que puedan salir reforzadas”.

Marc Puig, que ha presidido este martes la XXIII Asamblea General de la Empresa Familiar, ha enfatizado ante la vicepresidenta la necesidad de acuerdos. “¿No ha llegado la hora de afrontar estos retos de país, estos retos de futuro, mediante un acuerdo amplio?”, se ha preguntado, para contestarse: “Hemos visto cómo somos capaces de producir vacunas en tiempo récord; cambiar las reglas financieras de la Unión Europea; poner en marcha campañas de vacunación; ¿no vamos a ser capaces de fijar acuerdos básicos de futuro?”.

Calviño, que en la voluntad de movilizar la inversión público-privada, ha aprovechado la petición para, a su vez, lanzar el guante al resto de fuerzas políticas y propugnar un amplio acuerdo para respaldar el Plan de Recuperación y otras reformas estructurales, que a su juicio son necesarias para completar esa recuperación. Asimismo, ha subrayado la confianza en el tejido productivo español y ha pedido a los empresarios que también la tengan: “No tenemos nada que envidiar”.

Puig se había opuesto en su discurso a cualquier actuación que suponga aumentar la carga fiscal de un colectivo que supone el 60% del PIB, el 70% del empleo y el 90% de las empresas. Para ello, precisamente, se ha comparado con otros países europeos del entorno que “dedican un mayor porcentaje de sus recursos a ayudas directas, a salvaguardar el máximo de empresas, a flexibilizar el entorno donde se realizan las labores empresariales, y reducen la carga fiscal”. “Mientras”, ha añadido, “nosotros la aumentamos, con la intención de alcanzar el 40% del PIB, lo que significará incrementarla en seis puntos adicionales”.

“Solo pedimos estabilidad y disponer de un marco tributario que no nos penalice competitivamente, que no ponga en riesgo nuestra continuidad como empresas y que no sea peor que el de nuestros socios europeos”, ha insistido Puig. “Ningún otro país de nuestro entorno, mantiene algunos de los tipos impositivos que más afectan a la empresa familiar; por favor, permítannos dar continuidad a nuestras empresas preservando la titularidad familiar. En ningún caso debería la fiscalidad determinar que empresas españolas enraizadas en nuestro territorio y nuestra sociedad tengan que ser vendidas a terceros”, ha clamado ante la vicepresidenta.

El líder empresarial ha reconocido la labor del Gobierno en cuestiones que “han sido de gran ayuda para todos los españoles” como los ERTE, los préstamos ICO, las aportaciones de la SEPI y el ingreso mínimo vital; pero también ha criticado otras iniciativas, “más propias del programa original del Gobierno de coalición”, como el control horario o la ley del teletrabajo. A su juicio, estas “no deberían haberse priorizado en este periodo de pandemia, cuando las empresas estaban simplemente intentando funcionar con el trabajo a distancia, y deberían haber sido pospuestas hasta después de esta crisis, en aras a permitir sobrevivir al mayor número de empresas”.

También ha puesto en valor las transferencias de fondos europeos y las financiaciones, pero se ha quejado de que la empresa familiar ha sido excluida de los procesos de deliberación. “A menudo percibimos una cierta desconfianza desde las Administraciones Públicas. En su momento, por ejemplo, ya presentamos en colaboración con el IESE, ideas de cómo afrontar este diseño del despliegue de los fondos, con iniciativas público-privadas, siguiendo el ejemplo de algunos países de nuestro entorno, que no tuvo seguimiento”.

Compromiso empresarial

Ante ello, Marc Puig ha subrayado “el incuestionable compromiso democrático” del colectivo empresarial familiar. “En ningún caso pretendemos incidir en las decisiones que adoptan las mayorías parlamentarias y los gobiernos; pero nos cuesta entender por qué no se aprovechan las evidentes ventajas que podrían derivarse de una actuación conjunta entre administración y empresas”, ha machacado el empresario catalán, que también ha pedido una reflexión sobre cómo convertir la inclusión de los jóvenes en eje de la reforma laboral junto a incentivación del empleo y la formación dual.

En este contexto, la empresa familiar, que se caracteriza por su visión a largo plazo, pide “un entorno favorable para la inversión, con reglas claras y predecibles, que no sea hostil, que permita a los agentes económicos desarrollar sus proyectos en igualdad de condiciones con sus competidores de nuestro tablero común del juego, que es Europa”. En ese sentido, según el empresario perfumero, España debería haber enfocado sus políticas desde una perspectiva mucho más favorable al tejido empresarial desde que entró en la UE para cerrar ese diferencial que nos separaba de Europa. “Y siento decir que no hemos estado históricamente a la altura y tampoco lo estamos ahora”.

La pandemia provocó en 2020 una caída de la facturación en el 57% de las empresas familiares, pese a lo cual, dos de cada tres han logrado mantener o aumentar empleo en el mismo periodo, según el Observatorio de la Empresa Familiar elaborado por el IEF y Deloitte.