España recaudará este año 1.100 millones más por derechos de emisión de CO₂, el doble que el año pasado

Dicen en el sector que si te han explicado el funcionamiento del sistema eléctrico y lo has entendido es que te lo han explicado mal. No parece que esta peculiar sentencia esté muy lejos de la realidad, a juzgar por los análisis y reacciones realizados ante los acontecimientos que se han sucedido durante estos días, en los que todo gira en torno a los precios del CO₂ y su incidencia en la factura de la luz, la nueva tarifa con periodos horarios y la reacción contrariada de las compañías eléctricas y los consumidores.

Comenzó la semana con el adelanto de que el precio de la electricidad se había disparado en mayo. La causa era el encarecimiento del precio del CO₂ (junto al del gas), que ha afectado a toda Europa. Posteriormente, desde el martes 1 de junio entraba en vigor el nuevo modelo de tarifa eléctrica, basado en periodos horarios en los que el precio depende de la hora en que se consuma la energía y que llegaba caliente por la posición crítica de las asociaciones de consumidores.

Ese mismo día, con el personal haciendo cábalas sobre los dichosos periodos, al Consejo de Ministros le dio por hacer coincidir el cambio de la tarifa con la puesta en marcha de un anteproyecto de ley para reducir la retribución de las centrales no emisoras de CO₂ anteriores a 2005 (es decir, nucleares e hidráulicas y algún parque eólico de primera generación) en 1.000 millones y la aprobación del Fondo de Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que venía coleando desde hace meses. En ambos casos, el objetivo es bajar el precio de la luz: el primero, entre un 4% y 5%; el segundo, en torno al 10%, pero en cinco años.

El remate lo puso el jueves el Foro Nuclear, un lobby que forman las compañías eléctricas con intereses en el sector (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP), que se envalentonó contra el anteproyecto negando la mayor —que las centrales estén amortizadas— y acusando al Gobierno de imponer una tributación “desproporcionada, discriminatoria y confiscatoria”, así como de provocar la asfixia financiera del parque nuclear.

En definitiva, una semana de alto voltaje. La evolución de las primeras jornadas demuestra que todavía es pronto para comprobar si cambian los hábitos, pero sí refleja que poner una lavadora es más caro que hace una semana con el otro sistema que no tenía horas punta, llano y valle. En concreto, un 42,5% en horas punta (de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00) y casi un 16% en horas valle (madrugada).

Pero esto no es culpa del modelo, al que seguramente se le sacará partido con el tiempo; sino del encarecimiento del CO₂, que ya se venía notando días atrás. En todo caso, ponen de actualidad la descarbonización y el mercado de derechos de emisión de CO₂, que se creó para penalizar la energía generada con combustibles fósiles e impulsar las energías renovables. En Europa, este mercado funciona según el principio de limitación y comercio. Es decir, se pone un límite máximo a la cantidad total de emisiones que pueden hacer las instalaciones, que tienen que comprar los derechos en subastas semanales o en el mercado secundario. Al final de cada año, deben entregar suficientes derechos para cubrir sus emisiones. En caso contrario, son sancionadas.

Pero, como el precio del CO₂ estaba muy bajo y no producía el efecto disuasorio que se buscaba, la UE decidió reducir derechos de emisión creando un mecanismo de reserva para que subiera el precio. Tuvo efecto. Los precios del CO₂ se encarecieron y, consecuentemente, el coste final de la electricidad se ha incrementado, como se ha reflejado estos últimos meses y acaba de estallar en mayo, en parte resaltado por las decisiones del Ejecutivo.

A consecuencia también de la subida de la electricidad, aumenta la recaudación de los Estados. En el caso de España, donde los 60 millones de toneladas que tenía asignados se redujeron en 10 millones por la aplicación del citado mecanismo de reserva, la recaudación prevista para este año se cifra en unos 2.200 millones de euros, de acuerdo al precio que marcan los futuros (por encima de los 50 euros por tonelada). Esta cantidad es más de 1.100 millones superior a lo que venía recaudando en años anteriores.

Un buen pellizco que lleva a las eléctricas a reclamar al Gobierno que transfiera ese exceso de recaudación previsto a financiar costes del sector (los denominados cargos que fija el Gobierno) que se recogen en la factura. De esa forma, la parte regulada del recibo de la luz podría reducirse un 7,5%, que en la factura final del consumidor supondría un ahorro cercano al 4% (los cargos suponen en torno al 45%). Alternativamente, añaden, podría destinar parte de ese incremento de recaudación de los derechos a compensar a determinados sectores industriales, aumentado las compensaciones por riesgo de fuga de carbono.

De hecho, la ley española ya prevé que una parte de los ingresos de las subastas se destine a compensar costes de promoción de renovables en el sector eléctrico (450 millones), a medidas destinadas a la lucha contra el cambio climático o incluso a compensar a determinados sectores industriales en riesgo de fuga de carbono. Esa cantidad se ha elevado en los Presupuestos de 2021 a 1.100 millones, según las fuentes consultadas.

Mercado secundario

Las eléctricas recuerdan que, de la oferta de derechos, el sector eléctrico necesita prácticamente la mitad para atender las necesidades de demanda y que otros sectores que consumen energía fósil se benefician de una asignación gratuita de derechos de los que venden parte en los mercados secundarios obteniendo un beneficio directo.

También apuntan esas fuentes que, como la producción renovable no es suficiente para cubrir la demanda de electricidad, resulta necesario operar las centrales de ciclo combinado y estas deben adquirir derechos de CO₂ para evitar sanciones a final de año. Con los actuales precios de los derechos, el coste de producción de los ciclos se encarece en 20 euros por megavatio/hora (MWh), señalan.

Y, en medio, de este maremágnum, algunos expertos echan más leña al fuego. Señalan la rentabilidad del 7,09% que se otorga a las renovables. A su juicio, se podría bajar al entorno del 4%. Pero eso es otra historia que pocos quieren mentar. Cuando se redujo en 2013 provocó casi medio centenar de demandas contra España en las cortes internacionales de arbitraje. Una nueva reducción podría suponer otra ola de demandas cuando precisamente se está negociando retirar las que ya existen.