El Consejo de Ministros acuerda subir el salario mínimo hasta los 965 euros en 2021 y prorrogar los ERTE cinco meses más

El Consejo de Ministros reunido este martes ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 965 euros mensuales en 14 pagas junto con la prórroga de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022. Se trata de dos medidas capitales dentro de la cartera social del Ejecutivo, que han salido adelant...

El Consejo de Ministros reunido este martes ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 965 euros mensuales en 14 pagas junto con la prórroga de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022. Se trata de dos medidas capitales dentro de la cartera social del Ejecutivo, que han salido adelante con distinto grado de respaldo por parte de los agentes sociales. Mientras que el aumento del SMI contó únicamente con la aprobación de los sindicatos, la expansión más allá del 30 de septiembre de los expedientes de regulación temporal de empleo obtuvo finalmente el beneplácito de la patronal tras ser sometido a la valoración de sus órganos internos durante la noche del pasado lunes.

“Les devolvemos a todos aquellos que han levantado el país durante la pandemia su compromiso”, ha asegurado la vicepresidenta Yolanda Díaz, una de las figuras que más presión ha realizado dentro del Gobierno de coalición para que se concretase la subida del salario base antes de final de año. La también ministra de Trabajo ha señalado que con su aumento “se reduce la brecha de género” y se permite a “mujeres y jóvenes ver mejoradas sus condiciones salariales”.

Junto a Díaz ha comparecido también el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien ha valorado que el de este martes sea “el sexto acuerdo en materias de protección de empleo”. Además de por la renovación de los ERTE, también se ha felicitado por la extensión de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos hasta el 28 de febrero, otra de las medidas principales que se enmarcan dentro del contrato refrendado esta mañana y que las organizaciones más representativas de los trabajadores autónomos (ATA, UPTA y Uatae) han celebrado.

La negociación para aumentar el salario mínimo en 15 euros para lo que resta de año ―a pesar de haber sido aprobada a finales de este mes, se llevará a cabo una regulación en las nóminas de septiembre en las que se contemplará el incremento― no logró alcanzar el consenso entre los agentes sociales.

A pesar de que los sindicatos estimaban necesario que el Gobierno acordarse un crecimiento de no menos de 25 euros para el actual ejercicio, junto con un compromiso para elevarlo en enero de 2022 hasta los 1.000 euros, el Ejecutivo fijó finalmente una cantidad inferior, pero se comprometió a mantener la senda de crecimiento. Esos 15 euros se situaban en el centro de la propuesta elaborada por el comité de expertos reunido por Trabajo, y que en su informe final había situado la horquilla de elevación para 2021 entre los 12 y los 19 euros. Los cálculos del comité se dirigen hacia el compromiso adquirido por el Gobierno de elevar el salario mínimo hasta que represente el 60% del salario medio en España al final de la legislatura, en 2023.

Sin embargo, durante uno de los capítulos finales de la negociación, Trabajo propuso rebajar la subida por debajo de los 12 euros con tal de sumar el apoyo de los empresarios, algo que no llegó a producirse. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, se ha mantenido firme en su negativa a acordar un nuevo incremento asegurando que este podría poner en peligro la senda de recuperación por la que transita la economía española.

El VI Acuerdo Social en Defensa del Empleo en el que se enmarca la prórroga de los ERTE tampoco ha sido una balsa de aceite. A pesar de que los posicionamientos de partida entre Gobierno, sindicatos y patronal no se encontraban tan enconados como en las demás materias que debaten en el diálogo social ―la reforma laboral y de las pensiones―, en las últimas reuniones apenas se habían dado pasos hacia delante.

Ausencias comprometedoras

Dos ausencias del Ministerio de Seguridad Social en los últimos encuentros pusieron en peligro que el acuerdo pudiera ser ratificado en el Consejo de Ministros de este martes ―el último del mes― y calentaron el ambiente. La voluntad del ministro José Luis Escrivá de que la continuidad de este mecanismo de protección ―bajo el que se cobijan actualmente 253.000 personas― estuviera estrechamente ligado a la formación de los trabajadores era algo que no satisfacía a los empresarios. Los reparos iniciales de los sindicatos orbitaban alrededor de otras cuestiones ―cómo deberían ser esos planes de formación, por ejemplo―, aunque su mayor desencuentro tenía que ver con el tiempo del que dispondrían las empresas para presentarlos.

Por ello, se ha acordado finalmente extender hasta el 31 de octubre el actual marco de los ERTE, y retrasar hasta el 1 de noviembre la entrada en vigor de los nuevos esquemas. En ellos la cuantía de las exoneraciones de las que se seguirán beneficiando las empresas en las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores suspendidos variarán en función de si presentan o no estos planes de formación.

Tras las últimas revisiones realizadas en la noche del lunes, el acuerdo contempla exenciones del 40% para empresas de más de 10 trabajadores que no ofrezcan formación a sus empleados y del 80% si imparten acciones formativas dentro de los ERTE de limitación de actividad; mientras que para las empresas más pequeñas, de menos de 10 trabajadores, estas exoneraciones alcanzan el 50% sin formación y el 80% con formación. En los ERTE de impedimento de actividad, las exoneraciones para todas las empresas serán del 100%.

Además, el acuerdo contempla la puesta en marcha de unos ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma y en el conjunto de las islas Canarias. Los trabajadores tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad.