Los inspectores de Hacienda piden castigos más duros para los grandes defraudadores

Reorganización de la Agencia Tributaria, revisión de figuras fiscales y más facultades inspectoras, con la introducción de castigos más duros para los contribuyentes que cometan fraudes graves y organizados. En este último supuesto, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado propone introducir un procedimiento especial que supondría una especie de “muerte civil”, con la imposibilidad de firmar contratos con la Administración o de obtener subvenciones o ayudas públicas.

La asociación ha avanzado estas propuestas este jueves en el marco de su XXXI congreso anual, que se celebra e...

Reorganización de la Agencia Tributaria, revisión de figuras fiscales y más facultades inspectoras, con la introducción de castigos más duros para los contribuyentes que cometan fraudes graves y organizados. En este último supuesto, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado propone introducir un procedimiento especial que supondría una especie de “muerte civil”, con la imposibilidad de firmar contratos con la Administración o de obtener subvenciones o ayudas públicas.

La asociación ha avanzado estas propuestas este jueves en el marco de su XXXI congreso anual, que se celebra esta semana en Vigo. En un documento titulado Algunas propuestas contra el fraude fiscal y la reforma de las administraciones tributarias en el marco del plan de resiliencia, detalla que entre los casos de fraudes más graves y organizados se debería incluir a personas o empresas ilocalizables o que no comparecen reiteradamente, a pesar de haber sido notificadas al efecto, así como “los testaferros, sociedades pantalla, personas o entidades interpuestas o que figuren en una trama organizada de defraudación”, que deberían incluirse en un censo ad hoc.

También menciona a los contribuyentes declarados responsables solidarios en los procedimientos tributarios de otras personas, entidades cuya deuda no haya sido ingresada, los sancionados por infracciones tributarias firmes en vía administrativa por encima de un determinado importe ―a definir― o los condenados por delito frente a la Hacienda pública, entre otros.

“Esto supone que no puedan operar en el sentido económico”, han explicado en rueda de prensa los inspectores, según recoge Efe. Las consecuencias de la “muerte civil” irían desde la imposibilidad de expedir facturas a la prohibición de contratación con la Administración o de obtención de subvenciones y ayudas públicas. Los inspectores también proponen el cierre total de la operativa financiera, de los registros públicos ―excepto el civil― y la imposibilidad de realización de escrituras notariales económicas.

Estas recomendaciones se recogerán en la actualización del libro Reforma fiscal española y agujeros negros del fraude. Propuestas y Recomendaciones, que la Asociación de Inspectores de Hacienda había elaborado en 2014. “Con motivo de la tramitación de la Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude (aprobada en julio de este año) se decidió la actualización de dicho documento porque, pese a los pocos años transcurridos, los métodos de lucha contra el fraude, las fuentes de información disponibles, y las herramientas —esencialmente informáticas— utilizadas, han cambiado en gran medida, pero también se han dado cambios destacables en la propia normativa y en la jurisprudencia que afecta a nuestros procedimientos y actuaciones”, menciona el documento publicado este jueves.

Lista de morosos y nuevos delitos fiscales

Los inspectores también proponen rebajar hasta los 300.000 euros el umbral para que los contribuyentes entren en la lista de morosos con Hacienda, la mitad de los 600.000 euros que contempla la nueva ley contra el fraude aprobada en verano, ya que “el impacto social de las deudas impagadas no viene por un puñado de grandes deudas, sino por millones de deudas de elevada, mediana y pequeña cuantía”, señala el documento. Además, recomiendan ampliar la información publicada, con la inclusión del nombre del administrador o representante legal, y de su socio mayoritario, así como indicar si el deudor “está o ha estado en concurso, condenado por delito o ha sido declarado fallido”.

La asociación también recomienda crear dos nuevos delitos fiscales, uno relativo a la “tenencia injustificable de bienes y derechos” ―cuando las actividades económicas de un contribuyente no justifican su elevado patrimonio―, y otro a la “conducta del ofrecimiento de servicios e instrumentos para cometer delito fiscal”, ya que en la mayoría de los casos los defraudadores necesitan ser aconsejados para construir los complejos entramados que emplean para evadir impuestos.

Otras propuestas pasan por ampliar el plazo de cuatro a diez años para realizar actuaciones de investigación y comprobación, y modificar el código penal para que sea más difícil escaparse a la pena de prisión en caso de delito económico: “El deudor debe resarcir el daño, como mínimo. Y si no lo hace, porque no quiera o no pueda, debe ir a prisión. Una pena, un castigo, debe existir, o el sistema no es ni preventivo, ni aleccionador, y daña la conciencia fiscal del resto de ciudadanos”.

Reorganización de la Agencia Tributaria

Julio Ransés Pérez Boga, presidente de los inspectores de Hacienda, ha subrayado en la apertura del congreso que la Agencia Tributaria necesita de una reforma “integral” para que se convierta en un organismo adaptado a los nuevos tiempos. “La situación de hace 40 años no es la misma que ahora. A pesar de los esfuerzos para modernizar la Agencia Tributaria, aún está pendiente el plan para convertirnos en una Agencia Tributaria del siglo XXI”.

“Debemos tener mejores estructuras”, ha insistido Pérez Boga, quien también ha mencionado la atención a la lucha contra el fraude a través de la actuación a nivel internacional, con la aplicación de un impuesto mínimo del 15% del impuesto de sociedades para las multinacionales que está impulsando la OCDE, así como desde el ámbito nacional, con la aprobación de una ley para este fin y con la modernización de la Agencia Tributaria.

En este sentido y entre otras medidas, la asociación propone crear un departamento de Asistencia y Servicios Tributarios para facilitar el cumplimiento voluntario, eliminar las administraciones territoriales con poco personal ―y en su caso sustituirlas por Oficinas de Asistencia Integral (ADI) al ciudadano―, así como reforzar la plantilla del organismo, una reivindicación constante desde los recortes impuestos durante la pasada crisis financiera. “Los efectivos actuales de la AEAT (25.152) tendrían que pasar a 29.931 para equiparse a la media de los países de la OCDE, y si se intentase igualar a la media de la UE, habría que incrementarla aún más”.