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Unidas Podemos propone una bonificación del 14% para una cesta de 20 alimentos básicos

El plan tendría un coste aproximado de 5.000 millones, y la formación morada ya lo ha comunicado al Gobierno

Inflación: una clienta en un supermercado de Sevilla
Una clienta en un supermercado de Sevilla, el pasado 30 de enero.PACO PUENTES
Álvaro Sánchez

Los precios de los alimentos suben a un ritmo algo menos elevado desde que entrara en vigor la rebaja del IVA en enero, pero la desaceleración conocida este miércoles, del 15,7% al 15,4%, es para Unidas Podemos lenta e insuficiente, por lo que ha planteado al lado socialista del Gobierno tomar medidas adicionales para abaratar cuanto antes la cesta de la compra. La propuesta, “temporal y extraordinaria”, según ha podido saber este diario, pretende bonificar un 14,4% el precio de 20 productos básicos, el mismo porcentaje en que ha crecido, según sus cálculos, el IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas desde febrero de 2022 a enero de 2023. El objetivo es que los precios retrocedan a los niveles que tenían cuando estalló la guerra de Ucrania. Es decir, borrar de un plumazo el encarecimiento que acumulan desde entonces. Su coste para las arcas públicas, unos 5.000 millones de euros, siete veces más que los 700 millones del descuento en el IVA.

Los de Ione Belarra han optado por tomar la iniciativa tras la negativa del PSOE a topar los precios, como Podemos planteó hace un mes, y al comprobar que los alimentos se mueven todavía en aumentos que rondan máximos históricos, un ritmo muy superior al del IPC pese a la rebaja del IVA, que por ahora no ha demostrado ser la panacea que algunos podían pensar. El momento escogido no ha sido casual, solo unas horas después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelara el dato de inflación de enero, y con él, lo que sube cada artículo, cada uno de ellos un argumento para respaldar su oferta.

El modo de aterrizar la propuesta bebe del pasado. La idea es emplear el mismo modelo que se aplicó a los carburantes: una bonificación que se haría efectiva al pagar en caja y que aparecería reflejada en el ticket, donde se mostraría la cantidad total bonificada, igual que se hizo con la bonificación de 20 céntimos a la gasolina y al diésel, que el 1 de enero expiró al no ser renovada por el Gobierno, más preocupado por destinar recursos a paliar la carestía alimentaria.

En Podemos creen que la nueva medida es necesaria porque tendría un impacto notablemente mayor en los hogares con rentas bajas, que son quienes destinan una mayor parte de su renta a la alimentación, y reduciría inmediatamente el precio de productos tan esenciales como la leche, el aceite, los huevos, la carne, el pescado, las frutas o el pan. Algunos de ellos ya han experimentado rebajas con la reducción del IVA, pero de aprobarse esta bonificación, el descuento sería mucho mayor al que han alcanzado en enero, que en el mejor de los casos, el de las frutas, solo ha superado ligeramente el 4% mensual, y en el peor, como en el pan o las hortalizas y legumbres, apenas se ha notado.

Vigilancia y multas

El proyecto también tiene una parte punitiva. Podemos quiere estrechar el cerco sobre las empresas para que cumplan. Propone que la Agencia de Información y Control Alimentarios monitorice los precios cada semana, con especial atención a las grandes superficies. Si alguna absorbiera la bonificación para agrandar sus márgenes y no aplicara el descuento, sería multada, y si se produjera reiteración, la infracción podría llegar a equipararse a un delito fiscal.

Por último, se plantean soluciones de tipo estructural para atajar los problemas en la cadena alimentaria. Podemos estima que se favorece a la parte alta de la cadena al permitir que obtengan mayores beneficios en detrimento de agricultores y otros productores del sector primario. Y sugiere más transparencia sobre los costes, precios y prácticas comerciales para que se puedan controlar los márgenes y evitar que agricultores, ganaderos y demás productores vendan a pérdidas. Esa sería la misión de una futura Comisión de Regulación y Control de Precios, a crear a medio plazo, encargada de lanzar recomendaciones para controlar y regular los precios en sectores estratégicos, entre ellas aquellas relativas a la cadena alimentaria.

La pelota pasa ahora al tejado socialista, que en pleno año electoral afronta el desgaste de unos precios de los alimentos disparados. El hecho de que la inflación española sea la más baja de la Unión Europea, y de que la subida de los alimentos en los últimos meses de 2022 haya estado por debajo de la media europea —aún no se conocen los datos comunitarios de enero de 2023—, no basta por ahora para presentar su gestión de la inflación como un éxito total. En primer lugar, porque la tasa sigue muy por encima del objetivo del 2% recomendado por el Banco Central Europeo, lo cual por sí solo genera bolsas de malestar, por mucho que sea un fenómeno global, pero sobre todo porque tanto la alta inflación subyacente —del 7,5% en enero—, como los continuos encarecimientos de los comestibles, están empañando la fulgurante moderación del IPC desde el verano hasta hoy, un periodo en el que se ha dejado cinco puntos por el camino.


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Sobre la firma

Álvaro Sánchez
Redactor de Economía. Ha sido corresponsal de EL PAÍS en Bruselas y colaborador de la Cadena SER en la capital comunitaria. Antes pasó por el diario mexicano El Mundo y medios locales como el Diario de Cádiz. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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