El Gobierno acaricia el acuerdo para aprobar el estatuto del becario

El Gobierno está cada vez más cerca de conseguir un acuerdo con los agentes sociales para aprobar el llamado estatuto del becario. Este jueves se ha celebrado una nueva y definitiva reunión en el Ministerio de Trabajo, con la participación de los sindicatos y la patronal. Los representantes de los trabajadores han salido contentos del encuentro. “Hay avances que nos acercan al acuerdo“, ha señalado Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CC OO. “El acuerdo es más posible después de esta reunión”, ha añadido el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando ...

El Gobierno está cada vez más cerca de conseguir un acuerdo con los agentes sociales para aprobar el llamado estatuto del becario. Este jueves se ha celebrado una nueva y definitiva reunión en el Ministerio de Trabajo, con la participación de los sindicatos y la patronal. Los representantes de los trabajadores han salido contentos del encuentro. “Hay avances que nos acercan al acuerdo“, ha señalado Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CC OO. “El acuerdo es más posible después de esta reunión”, ha añadido el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. La patronal indica que espera un nuevo borrador y que tiene voluntad de pactar: “Seguiremos trabajando para poder alcanzar un acuerdo”. El objetivo que busca el Gobierno con el Estatuto de las personas en formación práctica en el ámbito de la empresa —que es como se denomina formalmente— es, principalmente, poner coto al abuso de los becarios por parte de algunas empresas.

El Ejecutivo enviará un nuevo texto “en breve” a sindicatos y empresarios e indica que no se celebrarán nuevas reuniones. “En la reunión se han recogido las aportaciones de las diferentes partes que se incorporarán a la redacción del texto, que se enviará para su valoración a las distintas organizaciones con el compromiso de seguir trabajando a nivel técnico sin que estén previstas nuevas reuniones de la Mesa [de negociación]”, indican fuentes del ministerio.

Las prácticas extracurriculares (los trabajos voluntarios que no están vinculados a la formación) son el foco del disenso entre sindicatos y patronal. Los primeros abogan por su eliminación porque concentran el mayor número de falsos becarios, mientras los segundos apuestan por mantenerlas con algunos cambios. El Gobierno ha venido defendiendo una posición similar a la de los sindicatos, e incluso alcanzó un principio de acuerdo con ellos en diciembre para suprimir estas prácticas progresivamente en un periodo de tres años, pero el pacto no se materializó. Ahora está encima de la mesa una regulación restrictiva de este tipo de prácticas (con un número de horas máximo), una solución que no es la ideal para ninguna de las partes pero que podría posibilitar el acuerdo. En la anterior reunión, la del 7 de marzo, también se acercaron posturas.

Otro de los elementos clave para entender que no haya habido entendimiento hasta ahora es que algunos de los socios del Ejecutivo, especialmente el PNV, rechazaron la eliminación de las prácticas extracurriculares, apuntan fuentes de la negociación. En enero, en un intento de que la patronal participase en el acuerdo y facilitar el recorrido parlamentario de la norma, Trabajo elaboró un nuevo borrador que recuperaba las prácticas extracurriculares, pero limitándolas, lo que despertó críticas de las centrales. El nuevo texto, presentado este jueves, profundiza en esa dirección.

“Se van a acabar los fraudes para la gente joven en nuestro país y en los próximos días aprobaremos la ley del mal llamado estatuto del becario. Se acabó tener que pagar para hacer prácticas en nuestro país”, dijo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el pasado sábado en un acto de su plataforma política, Sumar.

Mayor protección

La propuesta del Ministerio de Trabajo de diciembre indicaba que se presumirá la existencia de relación laboral cuando la actividad desarrollada por el trabajador en prácticas “sustituya las funciones de una persona trabajadora por cuenta ajena de la empresa”. Y también cuando se refiera “a puestos de trabajo o actividades laborales que no requieran de una especial cualificación, conocimientos prácticos o experiencia”.

El texto delimita el uso de la figura laboral del becario, señalando que “en ningún caso el número de personas en formación práctica podrá superar el 20% de la plantilla total de la empresa”. Pero, a la vez, alberga una salvaguarda: “Cualquier empresa podrá concertar formación práctica con dos personas, con independencia del número de personas de plantilla”. El texto también recogía la obligación para las empresas y las universidades de costear una cotización mínima para el estudiante en prácticas; que las tareas asignadas deban ajustarse al contenido recogido en el plan de formación individual, o que la empresa corra con los gastos en los que incurra la persona en formación.

AENC, la otra negociación pendiente

El estatuto del becario es la principal negociación que queda por cerrar en la agenda del Ministerio de Trabajo. La otra gran conversación pendiente del diálogo social, en este caso sin el Gobierno, es la del AENC. Es el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Se trata de un documento suscrito por empresarios y sindicatos que sirve como guía para las empresas y comités de España para negociar los incrementos salariales, entre otros aspectos. El empresario no tiene la obligación de respetarlo y los trabajadores pueden requerir aumentos mayores si lo consideran oportuno, pero el AENC sirve como punto de partida sobre el que construir cualquier negociación colectiva.

El último que se firmó en España, el cuarto suscrito hasta ahora, data de 2018 y su último año de aplicación fue 2020. Desde entonces los precios se han disparado (crecieron un 3,1% en 2021 y un 8,4% en 2022), y los salarios están estancados (aumentaron un 1,5% en 2021 y un 2,8% en 2022). Las posiciones de sindicatos y empresarios están alejadísimas, tanto que un acuerdo al respecto sería una sorpresa. Solo ha trascendido el planteamiento de las centrales, que proponen un incremento mínimo del 13,84% en el periodo de 2022 a 2024, empezando por un 5% para el año pasado, un 4,5% para este y un 3,75% el que viene. Además, plantean que las cláusulas de revisión dependan de la situación económica de las empresas, medida por la evolución de su margen de beneficios.

La dos últimas fotos del diálogo social han sido el incremento del salario mínimo y la reforma de las pensiones. En ambas ocasiones el Gobierno logró un acuerdo con los sindicatos, pero no con los empresarios.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal