Estados republicanos demandan a BlackRock, Vanguard y State Street por su inversión sostenible

La ofensiva del Partido Republicano de Estados Unidos contra la inversión sostenible gana fuerza. Texas y otros 10 Estados republicanos han presentado una demanda contra los gigantes de la inversión BlackRock, Vanguard Group y State Street Corporation. Los demandantes acusan a esas firmas de coordinarse y atentar contra la competencia por tratar de reducir la producción de carbón y las emisiones de dióxido de carbono en la generación de energía eléctrica. Esa es la excusa en esta ocasión. De fondo late un ataque conservador hacia empresas e inversores que se guían por criterios medioambientales, sociales y de gobernanza sostenibles, conocidos como ESG.

BlackRock ha rechazado tajantemente las acusaciones. Asegura que la demanda “carece de fundamento” y “socava la reputación proempresarial de Texas”.

Esta misma semana, esa presión ha llevado a Walmart, la empresa con más empleados de Estados Unidos, a dar un paso atrás en sus iniciativas de diversidad, tras haber sido puesta en el punto de mira por un activista conservador. Otras compañías se han enfrentado a boicots y campañas en contra por sus iniciativas sociales y de gobernanza. Los políticos republicanos han actuado preferentemente contra las grandes firmas de inversión y contra ellas se dirigen de nuevo con la demanda presentada este miércoles, liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton.

En una demanda de 109 páginas, Paxton y los fiscales de Alabama, Arkansas, Indiana, Iowa, Kansas, Misuri, Montana, Nebraska, Virginia Occidental y Wyoming acusan a los tres gigantes de la inversión institucional de conspirar para restringir artificialmente el mercado del carbón mediante prácticas comerciales contrarias a la competencia.

“A lo largo de varios años, los tres gestores de activos adquirieron participaciones sustanciales en todos los productores de carbón cotizados importantes de Estados Unidos, adquiriendo así el poder de controlar las políticas de las empresas carboneras”, sostienen los demandantes. “Utilizando su influencia combinada sobre el mercado del carbón, el cártel de inversión anunció colectivamente en 2021 su compromiso de utilizar sus acciones como arma para presionar a las empresas del carbón para que se acomodaran a los objetivos de la ‘energía verde’. Para lograrlo, las empresas de inversión presionaron para reducir la producción de carbón a más de la mitad para 2030″, añaden.

Los fiscales acusan a Blackrock, Vanguard y State Street de utilizar las organizaciones Climate Action 100+ y Net Zero Asset Managers Initiative para señalar su intención mutua de reducir la producción de carbón térmico, lo que, según interpretan, incrementó el coste de la electricidad para los estadounidenses de todo el país.

Según la demanda, esas empresas también engañaron a miles de inversores que optaron por invertir en fondos no guiados por criterios ESG para maximizar sus beneficios, pero se encontraron con que los gestores aplicaban esos principios pese a sus declaraciones en sentido contrario.

“La restricción deliberada y artificial de la oferta aumentó los precios y permitió a las sociedades de inversión obtener ganancias extraordinarias. Esta conspiración violó múltiples leyes federales que impiden a un accionista mayoritario, o a un grupo de accionistas, utilizar sus acciones para disminuir la competencia o participar en otros planes anticompetitivos”, dicen los demandantes.

La fiscalía general de Texas es la que se ha mostrado más combativa: “Texas no tolerará la utilización ilegal de la industria financiera como arma al servicio de una agenda ‘medioambiental’ destructiva y politizada. BlackRock, Vanguard y State Street formaron un cártel para manipular el mercado del carbón, reducir artificialmente la oferta de energía y subir los precios”, ha dicho el fiscal general de dicho Estado, Ken Paxton. “Su conspiración ha perjudicado a la producción de energía estadounidense y ha perjudicado a los consumidores. Se trata de una asombrosa violación de la legislación estatal y federal”, ha añadido.

En una declaración remitida a EL PAÍS, BlackRock asegura que “está profundamente comprometido con el éxito de Texas”. ”En nombre de nuestros clientes, hemos invertido miles de millones en la energía de Texas, colaborando con el Estado para atraer inversiones a la red eléctrica tejana y ayudando a millones de tejanos a jubilarse con dignidad. Las participaciones de BlackRock en empresas energéticas son revisadas periódicamente por los reguladores federales y estatales. Hacemos estas inversiones en nombre de nuestros clientes, y nuestro objetivo es proporcionarles rendimientos financieros”, argumenta.

“La sugerencia de que BlackRock ha invertido dinero en empresas con el objetivo de perjudicarlas carece de fundamento y desafía el sentido común. Esta demanda socava la reputación proempresarial de Texas y desalienta las inversiones en las empresas en las que confían los consumidores“, añade la firma de inversión.

Los 11 Estados republicanos solicitan un juicio con jurado, acusan a las firmas de inversión de cargos federales y estatales y reclaman toda clase de medidas punitivas e indemnizatorias contra ellas.

Fuerte presión política

La presión política y regulatoria ya llevó en febrero pasado a cuatro gigantes financieros estadounidenses JPMorgan, BlackRock, State Street y Pimco) que suman billones de dólares en activos a abandonar o reducir su vinculación con Climate Action 100+, la mayor iniciativa de grupos de inversión y grandes empresas para la reducción de emisiones y la lucha contra el calentamiento global.

“Las opiniones sobre las prácticas de sostenibilidad o ESG, en particular las relacionadas con cuestiones climáticas, se han convertido en cuestiones políticas, lo que puede amplificar los riesgos de reputación”, señalaba State Street en su último informe anual, registrado ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC). “Algunos cargos estadounidenses han sugerido que las prácticas de inversión relacionadas con la sostenibilidad o la ESG pueden dar lugar a violaciones de la ley —incluidas las leyes antimonopolio— y a incumplimientos del deber fiduciario”, admitía.

BlackRock ya había lanzado una advertencia en ese mismo sentido en su informe anual de 2022. “Los criterios ESG y la sostenibilidad han sido objeto de una mayor atención regulatoria en todas las jurisdicciones”, señalaba. “Algunos estados o cargos estatales de Estados Unidos han aprobado o propuesto leyes o han adoptado posturas oficiales que restringen o prohíben a las entidades públicas estatales hacer ciertos negocios con entidades identificadas por el Estado como ‘boicoteadoras’ o ‘discriminatorias’ contra determinados sectores o que tienen en cuenta factores ESG en sus procesos de inversión y votación en las juntas. Otros estados y localidades pueden adoptar una legislación similar u otras leyes y posiciones relacionadas con los criterios ESG”, añadía.