La justicia europea sienta los requisitos para que los jueces valoren la legalidad del IRPH

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha vuelto a pronunciar sobre el controvertido Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) utilizado para calcular las cuotas de casi un millón de hipotecas (es el segundo índice más usado en España después del euríbor). En su sexta sentencia, la última de las que tenía pendientes sobre el asunto, la máxima instancia judicial europea ha puesto negro sobre blanco las condiciones para que los jueces nacionales puedan determinar, caso a caso, si los bancos actuaron de buena fe a la hora de aplicar este índice o si, por el contrario, dicha cláusula debe ser anulada por ser abusiva, al no ser transparente con el consumidor.

La cuestión que se ha resuelto este jueves surge de las 22 preguntas que elevó el Juzgado de Primera Instancia número 8 de San Sebastián en abril de 2023 con el objetivo de resolver sus dudas sobre la actuación de las entidades al comercializar las hipotecas con IRPH. Estas fueron utilizadas en su mayoría por las antiguas cajas de ahorro.

En su respuesta, el TJUE ha establecido, a lo largo de siete puntos, las condiciones para valorar la transparencia del índice. La corte con sede en Luxemburgo señala que el prestamista no está obligado a informar sobre la definición del IRPH, su fórmula de cálculo, su evolución cada año en función de la subida o bajada del interés medio de los préstamos hipotecarios u otros datos relevantes para el consumidor a la hora de evaluar correctamente las consecuencias económicas del préstamo hipotecario siempre y cuando toda esta información ya se encuentre publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) o se le hayan dado indicaciones para acceder a dicha información. Y remarca que el cliente debe ser un “consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz” que esté en “condiciones de comprender el funcionamiento” del índice y las consecuencias de sus obligaciones financieras.

“La ausencia de una indicación fiable a este respecto puede comprometer la accesibilidad de la correspondiente información para un consumidor medio”, reza la sentencia. En este contexto, el tribunal apunta que el profesional de la entidad bancaria debe proporcionar al consumidor toda la información que, en virtud de la normativa nacional aplicable en el momento de la celebración del contrato, esté obligado a proporcionar.

El Banco de España emitió en 1994 una circular a las entidades (que ya no está en vigor) para advertir de la necesidad de aplicar una diferencia negativa al IRPH porque colocaba la Tasa Anual Equivalente (TAE) directamente por encima de la del mercado. El TJUE indica que esta referencia es “un indicio pertinente de la utilidad que esa información tiene para el consumidor”, por lo que insta a los jueces nacionales a revisar si la advertencia fue incluida en el contrato y su aplicación.

La máxima instancia judicial europea ya se pronunció sobre esta circular del Banco de España en una sentencia anterior, dictada en julio de 2023, en la que determinó la necesidad de que las entidades aplicasen un diferencial negativo en los contratos hipotecarios para que el IRPH fuera competitivo con otros índices. El indicador se calculaba a partir de los tipos de interés medios a los que bancos y cajas concedían sus hipotecas y a lo largo de toda su vida resultó más caro que el euríbor. De hecho, las grandes dudas sobre la legalidad IRPH llegaron tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de principios de siglo, cuando el euríbor empezó bajar hasta situarse en negativo, lo que abarató las hipotecas que se calculaban con esa referencia. Sin embargo, las que contenían el IRPH se mantenían, ensanchando la diferencia de precio entre unas y otras. Esta situación provocó una avalancha de demandas en los tribunales que aún sigue coleando.

En el fallo de este jueves, el TJUE afirma que no puede presumirse la buena fe de los bancos por el mero hecho de que se aplique un índice oficial como es el IRPH, establecido por una autoridad administrativa y utilizado por las Administraciones públicas. Según el tribunal, la apreciación del eventual carácter abusivo de dicha cláusula debe hacerse en función de las circunstancias propias del caso y tras constatar si se aplicó el diferencial negativo exigido por el supervisor bancario o si, por el contrario, se causó “un desequilibrio en detrimento del consumidor”.

Reacciones a la sentencia

La sentencia ha sido celebrada por las asociaciones de consumidores como Asufin, que destaca que el fallo conocido este jueves abre la puerta a que los tribunales españoles declaren abusivo el IRPH. En un comunicado, la organización asegura que la carga de prueba la tienen los bancos, ya que son los que tienen que demostrar ante el juez que informaron adecuadamente a sus clientes, como es la comparativa entre la cuota con euríbor y la cuota con IRPH para ver la diferencia económica. “La sexta sentencia del TJUE es, una vez más, clara en cuanto a los requisitos de transparencia y creemos que la falta de información inicial a los consumidores es más que suficiente para declarar la cláusula nula. Ahora, debemos esperar a que el Tribunal Supremo aplique la misma y veamos cual sea su repercusión en los juzgados nacionales”, señala la asociación presidida por Patricia Suárez.

Por otra parte, aunque fuentes jurídicas creen que este fallo únicamente marca una serie de condiciones para analizar la transparencia del IRPH y no ven nada nuevo con respecto a otras sentencias previas del TJUE, incluso del Tribunal Supremo, que ha respaldado este tipo de índice, desde Arriaga Asociados consideran que la resolución es “claramente favorable para los consumidores”. “El mero hecho de tratarse de un índice oficial publicado en el BOE, no es suficiente para estimar la buena fe de la entidad, ni el cumplimiento de sus obligaciones de información al consumidor”, indica el despacho. E insiste que “para equipararlo al mercado, el índice IRPH debía incluir un diferencial negativo, así como proporcionarle toda la información necesaria para que comprendiera las consecuencias de lo que estaba firmando”.

Para José Montero, consejero delegado del despacho Montero de Cisneros Abogados, que ha seguido numerosos casos contra entidades financieras sobre el IRPH, la última sentencia del TJUE es “un gran paso hacia la protección de los derechos de los consumidores”. En opinión de este bufete, el fallo tendrá “repercusiones significativas” no solo en el desarrollo de los casos que están pendientes de resolverse en el Tribunal Supremo, “sino también en la regulación y la práctica bancaria a nivel de la Unión Europea”.