Por una nueva manera de diseñar políticas públicas

Las economías avanzadas se enfrentan a nuevos e importantes retos: creciente desigualdad, consecuencias del cambio climático e irrupción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Es más que probable que estos fenómenos tengan un efecto desigual entre los ciudadanos y afecten de manera más negativa a aquellos con menos recursos. Para dar respuesta a estos retos será cada vez más necesario desarrollar políticas públicas innovadoras y repensar el Estado del bienestar. En los últimos años, varios países han iniciado esta senda, adoptando políticas de renta básica universal que se basan en proporcionar transferencias monetarias a la mayoría de ciudadanos. Sin embargo, algunos expertos, como por ejemplo los galardonados con el premio Nobel de Economía Esther Duflo y Abhijit Banerjee, argumentan que las políticas de rentas podrían no ser suficientes para garantizar una inclusión social plena. Estos investigadores recomiendan un enfoque más holístico en el diseño de políticas que promueva la inclusión desde diferentes ámbitos como el laboral, social, educativo, familiar, entre otros.

La necesidad de un enfoque más amplio para combatir la exclusión social representa un importante reto para el diseño de políticas públicas. Ante el amplio abanico de políticas posibles, ¿cómo saber cuáles debemos priorizar? ¿qué combinación de medidas conllevaría mejores resultados?

Afortunadamente, en las últimas décadas las ciencias sociales han desarrollado nuevas herramientas para enfocar estas cuestiones. De entre ellas destacan los experimentos aleatorios, que consisten en implementar una medida en un subconjunto de la población objetivo que ha sido seleccionado de manera aleatoria y comparar los resultados con respecto a un grupo de control que no recibe la medida. Esta metodología proporciona una manera rigurosa de comparar la eficacia de un programa antes de ser implementado en la población general. Esta técnica nos permite averiguar el efecto causal de la medida en el bienestar de los ciudadanos. Los investigadores anteriormente mencionados fueron pioneros en la adopción de experimentos aleatorios en la evaluación de políticas públicas. Fue precisamente esta labor la que fue reconocida por el comité del premio Nobel de Economía en 2019. Varias organizaciones, como el Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), fundada por estos investigadores, han realizado cientos de experimentos aleatorios en todo el mundo. Esta metodología también se usa con frecuencia en organismos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo en la evaluación de sus programas. Si bien el uso de esta metodología esta cada vez más establecido, su uso en España ha sido muy limitado hasta hace poco.

¿Cuál es la situación en nuestro país respecto a la política de inclusión social? Tradicionalmente, el grueso del gasto social se vehiculaba a través de las prestaciones por desempleo. El gasto en materia de vivienda, apoyo a las familias y protección social era significativamente inferior a la media europea, como puso de relieve un reciente informe de la AIReF. En materia de innovación, si bien algunas comunidades autónomas y entidades locales han venido desarrollando programas diversos, la adopción de estas medidas era heterogénea y la evaluación de las políticas escasa.

Este panorama ha cambiado de manera sustancial desde la puesta en marcha del ingreso mínimo vital (IMV) impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por un lado, el IMV acerca a España a la cuantía media de las rentas garantizadas de los países europeos. Esta medida proporciona una prestación suelo, es decir, una renta mínima común para todas los ciudadanos del Estado español que los gobiernos autonómicos pueden complementar con ayudas adicionales. Aunque la implementación del IMV no ha estado exenta de dificultades, representa un gran impulso al gasto social en nuestro país, dirigido a paliar las difíciles condiciones de vida de las personas en riesgo de pobreza.

Un aspecto menos conocido de la Ley del IMV es que pretende ir más allá de ser una mera prestación monetaria. En el marco de esta ayuda, se deciden destinar una partida de 300 millones de euros de los fondos Europeos Next Generation EU para el desarrollo y la evaluación de los llamados itinerarios de inclusión. Estos itinerarios consisten en medidas complementarias que fomenten la inclusión en sentido amplio. Estos programas están dirigidos a los perceptores del IMV o a otras personas en una situación similar de vulnerabilidad. Mediante dos reales decretos aprobados en 2021 y 2022 se financian 34 proyectos implementados por comunidades autónomas, entidades locales y del tercer sector. Estos proyectos tienen una naturaleza diversa, por ejemplo programas de inserción laboral, prevención del abandono escolar, ayudas a la conciliación de familias monoparentales, entre otros. Todos los programas tienen dos rasgos en común: su naturaleza innovadora y su carácter experimental. El objetivo que persiguen los itinerarios es el desarrollo políticas innovadoras para fomentar la inclusión social y evaluar de manera rigurosa su eficacia antes de ser implementadas en la población general. Un reflejo de este objetivo es el compromiso establecido con la Comisión Europea de proporcionar 18 ejemplos de programas exitosos en el primer trimestre de 2024.

El desarrollo de estos itinerarios representa una nueva manera de hacer políticas públicas en España. Primero, porque no se presupone que una medida será positiva y se implementa en la población general. El punto de partida es reconocer que no sabemos qué medidas van a ser efectivas. Se propone evaluarlas y compararlas para posteriormente decidir cuáles son más prometedoras. Segundo porque se decide implementar la metodología más rigurosa para la evaluación de estos programas: los experimentos aleatorios. Tercero, porque en el diseño de las políticas y su evaluación colaboran múltiples actores de diferentes administraciones, con una colaboración estrecha de investigadores en todas las fases del proyecto.

Como investigadora, he tenido el placer de colaborar en esta iniciativa junto con mi compañero del CEMFI, Samuel Bentolila. Estamos coordinando un grupo de 18 investigadores de primer nivel de diversas universidades españolas e internacionales y también contamos con el apoyo de J-PAL. Damos apoyo al equipo técnico de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, liderada por la Secretaria General Milagros Paniagua, en su labor de evaluación de los diferentes programas.

Contrastar la efectividad de las políticas públicas antes de ser implementadas a gran escala será cada vez más necesario para desarrollar un Estado del bienestar capaz de dar respuesta a los retos a los que se enfrentan nuestras sociedades. Además la evaluación es garantía de que los, siempre escasos, recursos públicos se destinan a los programas más efectivos. Finalmente, fomentar vías de colaboración entre diferentes administraciones e investigadores, reforzará la capacidad del sector público de desarrollar políticas innovadoras y será una fuente de rigor e independencia en la evaluación. Es de desear que este nuevo paradigma en el diseño de las políticas públicas basadas en la evidencia se extienda a otras áreas del sector público.

Sigue la información de Negocios en Twitter, Facebook o en nuestra newsletter semanal