Marruecos pierde el miedo a hablar de corrupción en público

La propina forzosa al gorrilla que reserva plazas para aparcar de las calles de Casablanca o Rabat es un mal menor para los marroquíes, habituados a lidiar con la corrupción en las esferas pública y privada. El 72% de los ciudadanos reconoce que las prácticas fraudulentas están muy extendidas. Lo mismo admiten el 68% de las empresas en la encuesta que presentó en diciembre la Instancia Nacional de Probidad, Prevención y Lucha contra la Corrupción. En los últimos cuatro años, Marruecos ha caído cinco puntos en la lista de Transparencia Internacional, con un retroceso de 21 posiciones hasta situarse en 2022 en el puesto 94º entre 180 Estados examinados. “Comprometido en múltiples proyectos sociales e integradores, Marruecos necesitaría ese 5% del PIB que es devorado cada año por la corrupción”, estima Reda Dalil, director del semanario Tel Quel.

Tras la mejora de posiciones registrada durante el decenio de gobiernos del Partido de la Justicia y el Desarrollo, islamista moderado, en el que se registraron avances legislativos, “el asunto (de la corrupción) ha desaparecido del radar (…) y no da señal alguna de reflujo”, sostiene Dalil en un reciente artículo editorial, tras la llegada al poder del primer ministro conservador Aziz Ajanuch, considerado el hombre más rico de Marruecos después del rey Mohamed VI. La justicia marroquí no ha investigado ninguna trama fraudulenta a gran escala desde 2020. Mientras tanto, el Ministerio del Interior se limita a destituir de tanto en tanto a algunos cargos locales sospechosos de haber metido la mano en las arcas públicas.

Las capas de población más marcadas por la vulnerabilidad y la pobreza, de acuerdo con el barómetro árabe de opinión de 2022, son precisamente las que muestran una mayor percepción de las prácticas corruptas en el acceso a los servicios sanitarios o las ayudas sociales, así como en los procesos de selección y promoción de personal en el sector público. Desde 2018, cuando registró una puntuación de 44 sobre 100 puntos, Marruecos ha descendido a 39 sobre 100.

En un inusual ejercicio de franqueza, el presidente del organismo que ha elaborado la encuesta, Mohamed Bachir Rachidi, aseguraba durante su presentación a la prensa que “los marroquíes consideran que es inútil denunciar la corrupción”, y solo un 6% de los consultados declara estar dispuesto a llevar un caso hasta la justicia, entre otros motivos, ante el temor a sufrir represalias desde el poder.

Efectos del terremoto

Mientras los marroquíes empiezan a perder el miedo a hablar sobre la corrupción en público, el Banco del Magreb, el banco central del país norteafricano, atisba las primeras señales de luz al final del túnel tras el terremoto que el pasado septiembre devastó varias provincias rurales del Alto Atlas, donde se cobró cerca de 3.000 vidas. El banco considera que las repercusiones del seísmo serán “débiles”, pero afectarán a las previsiones de crecimiento, que han sido rebajadas desde el 2,9% del PIB pronosticado en septiembre al 2,7% para 2023. En 2024 las expectativas se verán aún más recortadas, al pasar del 5,9% inicialmente previsto al 3,2%. El Banco del Magreb estima además que la tasa de inflación acabó 2023 en un 6,1%, similar a la de 2022, después de haberse superado el 10% el pasado febrero. Para ayudar a superar los baches que atraviesa, el Banco Mundial ha concedido a Marruecos un préstamo de 500 millones de dólares. Con cerca de 60.000 viviendas dañadas, y 2,8 millones de habitantes afectados por el temblor de tierra, el FMI otorgó en octubre un préstamo de 1.300 millones de dólares con el fin de hacer frente a las tensiones financieras derivadas de la reconstrucción tras la catástrofe.

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