La difícil misión de volver mixtos colegios segregadores: “¿Llevarías a tu hijo a una escuela donde solo quieren niñas?”

Por la puerta del colegio Guadalaviar de Valencia, un buen ejemplo de la arquitectura moderna construida en la ciudad a finales de los años 50, van saliendo un miércoles de febrero adolescentes con faldas oscuras a cuadros verdes, chaquetas y bolsas de deporte con el nombre del centro educativo vinculado al Opus Dei. La ley de Educación aprobada en 2021 prohíbe que los colegios que separan al alumnado por género reciban fondos públicos. El caso del Guadalaviar, que está concertado y del que por mucho que uno espere no verá salir esta tarde a ningún chico, muestra hasta qué punto es difícil, sin embargo, la desegregación. Incluso cuando la administración responsable está claramente comprometida con ella, lo que no es tan frecuente, y el colegio no intenta esquivar la ley.

Hace un año, en cuanto el calendario de implantación de la ley educativa, la Lomloe, lo permitió, la Generalitat valenciana envió instrucciones a los 10 colegios concertados que segregan por sexo en la Comunidad Valenciana ―en toda España, cuando se aprobó la Lomloe, había unos 70― para advertirles que debían dejar de hacerlo. La mayoría de autonomías, con gobiernos de distinto signo, decidieron esperar a que concluyese el periodo de vigencia de los conciertos de los centros segregadores para exigírselo. La valenciana no. Los colegios acataron la instrucción, quitaron el requisito del sexo de su proceso de matriculación, y recibieron algunas peticiones de familias que querían llevar a niños a colegios que hasta entonces habían sido solo de niñas y a la inversa. Acabado el periodo de matrícula, sin embargo, ninguno consiguió plaza.

La Consejería de Educación supervisó, según fuentes de la Generalitat, el proceso, y comprobó que todo se había hecho conforme a la normativa. Los alumnos se habían quedado fuera, por un lado, porque no tenían hermanos (que es el elemento que más puntos da en los procesos de admisión) en unos colegios donde abundan. Dieciocho de las 20 alumnas matriculadas este curso en el aula de dos años del Guadalaviar tenían hermanas mayores en el centro, asegura una portavoz del centro. Pero el motivo fundamental por el que ningún chico entró en un colegio (hasta el curso pasado) de chicas ni tampoco a la inversa fue que se presentó un número muy bajo de solicitudes en tal sentido. “Y si lo piensas es normal”, añaden las fuentes de la Generalitat; “¿tú llevarías a tu hijo a un colegio religioso en el que solo quieren niñas? El problema fue haber permitido en su día que concertasen. Ahora es muy difícil de arreglar, o hará falta mucho tiempo, porque lo normal es que las familias que pidan plaza en estos centros compartan su ideario. Y ese ideario incluye el principio de que las niñas y los niños deben estudiar separados”.

Las comunidades autónomas están actuando con ritmos y estrategias diferentes respecto a la previsión de la Lomloe, pero 14 de ellas o bien han empezado a aplicarla o bien han comunicado a los centros segregadores su intención de retirarles el concierto si no aceptan la coeducación. Se trata de los 10 territorios gobernados por el PSOE, además de Cataluña, Euskadi, Cantabria y Galicia, que es el único donde manda el PP que ha dicho públicamente que va a cumplir la ley.

La mayoría de autonomías, de uno u otro color político, han optado por dejar que concluyan los conciertos con estos centros aprobados antes de la entrada en vigor de la Lomloe para abordar la cuestión. Andalucía, Murcia y Castilla y León tendrán que mostrar si van a cumplir o no la ley en cuestión de semanas, porque están ahora en proceso de renovación de sus conciertos. Madrid, donde más colegios segregadores subvencionados hay (17) optó, en cambio, por ampliar la duración general de los conciertos de seis a 10 años, es decir, hasta 2027.

El mandato de la ley orgánica de educación se está encontrando con otra clase de problemas. La reconversión de los colegios que segregan en mixtos podría ser relativamente rápida en los casos en que hay dos colegios, uno de chicos y otro de chicas, que pese a funcionar como centros distintos, pertenecen a una misma organización y están ubicados cerca, porque lo único que tendrían que hacer para cumplir la Lomloe sería mezclar las clases. En un reportaje publicado el año pasado por este periódico, una redactora llamó para pedir información a un centro de tales características, ubicado en Cataluña y gestionado por la Institució Familiar d’Educació, también vinculada al Opus Dei, sin identificarse como periodista, y su interlocutor le dijo: “Ahora, para no perder los conciertos, somos mixtos, los niños y las niñas están en el mismo edificio, pero hay aulas para niños y aulas para niñas. Y eso se mantendrá”. Institució Familiar matizó después que la información que se había proporcionado en dicha conversación no era correcta.

Los fraudes podrían combatirse, afirma José Manuel Cabrera, presidente de la asociación de inspectores de educación Adide. “Solo haría falta entrar para ver la composición de las clases. Aunque debería incluirse específicamente en los planes de trabajo, porque en general hacemos mucha menos supervisión de aula en los centros privados concertados que en los públicos”. La Generalitat catalana ha asegurado que utilizará a la inspección educativa para asegurarse de que se cumple la ley en este terreno.

El obstáculo judicial

Otro de los obstáculos, y quizá finalmente el decisivo, que está frenando la retirada de los conciertos a estos colegios lo están planteando los jueces. En Cataluña, primero impidieron a la Generalitat retirarles las subvenciones para la primaria en tanto no expirase la duración de los conciertos, en 2026. En secundaria, en cambio, concluían el año pasado, y el Departamento de Educación les comunicó que les retiraría el concierto si no asumían la coeducación. Siete aceptaron, pero dos no. Y pese a ello, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña paralizó en noviembre de forma cautelar la pérdida de la subvención hasta que haya sentencia sobre el fondo de la cuestión, si bien obligó a los dos centros, Viaró, situado en Sant Cugat del Vallès, al lado de Barcelona, y Camp Joliu, en L’Alborç (Tarragona), cercanas también al Opus, a depositar una fianza.

En Navarra, los jueces no han paralizado la retirada de los conciertos, pero han elevado una cuestión de inconstitucionalidad al respecto, al considerar que la decisión del Gobierno foral, derivada de la aplicación de la Lomloe, puede suponer “trato discriminatorio” además de impedir el derecho de las familias a que sus hijos “reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. El Tribunal Constitucional ya tenía que pronunciarse sobre la cuestión con motivo de los recursos presentados contra la Lomloe por el PP y Vox, y la resolverá probablemente en marzo.

El tribunal dictó en 2018 una polémica sentencia en la que no solo negó que separar por sexo al alumnado sea inconstitucionalidad (como le había pedido el PSOE que declarase), sino que sugirió, en un añadido que dividió al jurado en siete votos a favor y cinco en contra, que lo que sí sería contrario a la carta magna sería negar los conciertos solo por dicha razón. El Constitucional tenía entonces mayoría conservadora. Ahora, con predominio progresista, y con una ley que enmarca la exclusión de las subvenciones en el objetivo de “favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”, deberá zanjar el debate.

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