Garzón acusa a Gestoras de extraer información de los sumarios para ETA

El auto de prisión dictado por el juez Baltasar Garzón contra los once miembros de Gestoras pro Amnistía detenidos el pasado miércoles señala que los abogados de la organización recaban de los sumarios "datos trascendentales para la seguridad interna" de ETA.

El juez de la Audiencia Nacional también acusa a los detenidos de pertenencia a banda armada por estar "sometidos a la disciplina orgánica" de la banda y de contar con el apoyo de los denominados "ayuntamientos vascos insumisos" para su campaña de presión Alde Hemendik (Fuera de Aquí).

En esta resolución, Garzón señala que los abogados de Gestoras recaban para ETA datos de procedimientos penales en los que los miembros de la banda terrorista están imputados, "excediendo con creces el derecho de defensa, como se concretará en esta causa".

El juez anuncia además que "se ha iniciado la investigación de todas las fuentes de financiación de Gestoras y sus organismos, así como el destino (...) hacia otras estructuras que participan o están vinculadas con el mismo entramado criminal (HB, AEK, y empresas editoriales)".

Olano, máximo responsable de Gestoras

Para Garzón queda acreditado que Juan María Olano, para el que en este auto ordena busca y captura internacional a efectos de extradición y prisión, es uno de los máximos responsables a nivel nacional "de la estructura integrada en ETA-KAS-EKIN conocida con el nombre de Gestoras Pro Amnistía", junto a Julen Celarain, uno de los 11 miembros de este organismo que se encuentra en prisión.

Respecto a que Olano no fuera detenido por la Policía francesa en una manifestación celebrada el sábado en Bayona (Francia) a pesar de existir la orden de detención, fuentes jurídicas han indicado que la primera orden emitida el pasado viernes por el juez era sólo de carácter nacional y que en el auto de prisión que dictó en la madrugada del sábado, la hizo extensiva a nivel internacional.

Las fuentes han señalado que la orden internacional debió llegar por lo tanto el sábado a Sirene -la oficina que recibe los requerimientos judiciales de los países firmantes del acuerdo de Schengen y que envía los requerimientos de España- y que "ésta no debió remitirla a Interpol hasta el domingo".

Entre las principales acciones que Garzón imputa a los miembros de Gestoras, "dentro de la estrategia político militar que desarrolla ETA-KAS-EKIN", destaca el señalamiento de los que ellos consideran responsables de la situación de los presos de ETA "convirtiéndolos en posibles objetivos de esta organización".

Garzón explica que los miembros de Gestoras desarrollan esta labor desde 1994 y entre las potenciales víctimas a las que se señala, también desde el colectivo de apoyo a familiares de presos de ETA, Senideak, figura, entre otros, el concejal del PP en Durango (Vizcaya), Jesús María Pedrosa, asesinado por ETA en abril de 2000.

Tras su muerte, recuerda el juez, Juan María Olano afirmó públicamente que desde Gestoras "se seguiría 'señalando' a los presuntos responsables" de la situación de los presos de la ETA.

Otra labor asumida por Gestoras, explica el auto, es "la puesta en marcha del proyecto de ETA-EKIN denominado Alde Hemendik (Fuera de Aquí)" que se describe en un documento intervenido en 1999 al dirigente etarra José Javier Arzicuren Ruiz, Kantauri.

Según se desprende de dicho documento, los ayuntamientos afines serán los encargados de ejecutar las medidas necesarias para la exclusión social de la presencia percibida como "obstáculo a la 'construcción nacional'", a través de la "precarización" de las condiciones de trabajo de estas personas y de su vida personal, tal y como manifestó Juan María Olano en noviembre de 1999.

Colaboración con algunos ayuntamientos vascos

En este sentido, explica Garzón, los denominados "ayuntamientos vascos insumisos" toman una serie de iniciativas tales como suspender el suministro de agua y luz a las instalaciones y viviendas oficiales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas o prohibir a la Policía Municipal que colabore con ellos.

Además, en coordinación con esta campaña, Gestoras ha difundido datos que afectan a la seguridad de los funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del Estado, "tal y como ha acontecido en la localidad de Bacoicoa (Navarra)" donde en septiembre de 2000 se distribuyó el boletín Alde Hemendik, en el que se facilitaban las placas de matrícula de 23 vehículos utilizados por la Guardia Civil, así como la descripción física de sus usuarios y movimientos.

Garzón explica que la puesta en marcha por parte de Gestoras de las directrices de la banda terrorista es posible "por la presencia en su estructura directiva de miembros de ETA-EKIN" que se dedican además a la "captación de militantes para la estructura operativa de ETA".

Así, y "siguiendo siempre las órdenes de la organización terrorista", Gestoras, a través de los delegados de EKIN que utilizan el nombre orgánico de ADIDAS, se encarga principalmente del sostenimiento económico del colectivo de presos de ETA para garantizar la cohesión interna y su sumisión a la disciplina de la banda terrorista.

En concreto, según el auto, los 515 presos de ETA que en 2000 se mantenían bajo su control percibieron cada uno una asignación mensual de 25.000 pesetas y el abono de suscripción al diario Gara, además de gastarse en ellos 60 millones de pesetas derivados de la asistencia jurídica y 8 millones más en concepto de gastos médicos.