Dos marineros del 'Alakrana' solicitan acusar a los piratas

Dos de los 36 marineros del atunero vasco Alakrana, secuestrados durante 47 días en aguas somalíes, han solicitado que se les admitiera como parte en el juicio que se seguirá en los próximos meses contra Raageggesey Hasan Aji y Cabduwelli Cabdulahi, Abdu Willy, los dos piratas detenidos por la Armada española cuando abandonaban el pesquero secuestrado. La sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aceptado su petición.

Son los únicos marineros que han aceptado ejercer la acusación. No obstante, el juez Santiago Pedraz se lo propuso al armador, Kepa Etxebarria, y a los 16 tripulantes españoles -ocho gallegos y ocho vascos- el pasado mes de noviembre en Gernika (Vizcaya) y Vigo (Pontevedra), donde el juez se desplazó para tomarles declaración.

El juicio, por el momento, no tiene fecha. La renuncia de Abdu Willy a su abogado ha obligado a designar uno nuevo de oficio -que ha tardado en ser nombrado más de un mes por el Colegio de Abogados- que acaba de tener acceso al sumario. Cuando termine de estudiarlo, en un plazo de 10 días, el tribunal abrirá el juicio oral y entregará la causa al fiscal, las acusaciones de los marineros y los abogados de los piratas para que formulen sus escritos de acusación y defensa. Una vez redactados esos documentos, el tribunal fijará la fecha del juicio.

En la investigación del secuestro, el fiscal consideró a Hasan y Cabdulahi autores de 36 secuestros, robo y uso de armas, lo que podría conllevar penas de más de 200 años.

La trama jurídico financiera de los secuestradores

El juez tomó declaración ayer al armador del Alakrana, Kepa Etxebarria, en el marco de la investigación de la "trama jurídico financiera vinculada con los secuestradores" que solicitó la fiscalía y que trata de depurar las responsabilidades de las personas que intervinieron en el cobro del rescate de 2,7 millones de euros que se abonó a los piratas, presuntamente comisionistas y abogados.

Pero las pesquisas avanzan muy despacio. El juez ha solicitado tres informes al CNI -que participó activamente en la liberación de los pescadores-, la Guardia Civil y la Comisaría General de Información de la Policía sobre las circunstancias en que se produjo el pago. El servicio secreto rechazó el mes pasado la petición del juez argumentando que era material clasificado y que no tenía permiso del Gobierno, y la Guardia Civil aseguró que desconoce los detalles del pago del rescate. El magistrado está aún pendiente de la respuesta de la Policía.