Como Italia

La abdicación del rey Juan Carlos se ha comparado con las de la Reina de Holanda y el Rey de Bélgica. Pero el rey Felipe VI podría tomar mayor inspiración en el jefe del Estado de Italia. La República italiana es un régimen parlamentario, en el que el jefe del Estado tiene poderes ceremoniales, como el español, pero no solamente. Como la Constitución italiana, y como la gran mayor parte de las que están en vigor en los sistemas parlamentarios europeos, la Constitución española establece que el jefe del Estado también debe arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. Esta tarea se ha echado muy en falta en España en los últimos años cuando el Parlamento, el Gobierno y la justicia han dejado de funcionar de acuerdo con sus misiones constitucionales. Ahora es el momento en que el nuevo jefe del Estado podría usar sus prerrogativas para facilitar un nuevo impulso de recuperación y renovación.

El presidente italiano, Giorgio Napolitano, ha sido un ejemplo de audacia, habilidad, sentido del deber y buen servicio a los ciudadanos, del cual los españoles podríamos sacar gran beneficio. Hace dos años y medio el Gobierno italiano, azotado por una serie de escándalos y la persecución judicial de su líder, estaba paralizado ante la crisis económica del país y las presiones de la Unión Europea. El jefe del Estado quitó entonces al jefe del Gobierno y nombró en su lugar a un prestigioso profesional independiente con experiencia en las instituciones europeas, el cual formó un Gobierno con los mejores especialistas en cada tema, sin ningún miembro de ningún partido político, que obtuvo a pesar de ello el apoyo del 90% del Parlamento. El nuevo Gobierno fue apoyado también por los líderes de la Unión Europea y de Estados Unidos. Italia ha tenido desde entonces su mejor periodo de gobierno en la historia moderna.

Aunque no lo requiera la Constitución, el jefe del Gobierno debería poner su cargo a disposición del nuevo rey

De acuerdo con el calendario electoral previsto, se convocaron nuevas elecciones al cabo de un año y medio. Más o menos el mismo tiempo que falta en España para que se cumpla el plazo para una nueva convocatoria. Tras esas elecciones, las resistencias al cambio de los partidos políticos tradicionales hicieron imposible la formación de una mayoría parlamentaria, la cual habría requerido una gran coalición con miembros de los dos partidos mayores. Pero ésta se acabó formando algunos meses después, al coste de una reestructuración del sistema de partidos. Mientras tanto, el presidente Napolitano había nombrado una comisión para elaborar propuestas de políticas públicas formada por 10 expertos, algunos de los cuales pasaron a formar parte del nuevo Gobierno. Es muy notable que toda esta experiencia tuviera lugar en un país que era conocido como una “partitocracia”, es decir, por un grado de control de las cúpulas de los partidos sobre las instituciones públicas igual o incluso superior al que suele ser denunciado en España. La mayor ventaja de una iniciativa del jefe del Estado es que viene desde fuera del sistema de partidos políticos, por lo que puede ser especialmente eficaz en inducir reformas que afecten también al sistema de partidos.

Como resultado de aquel proceso, el actual jefe del Gobierno italiano, Matteo Renzi, dirige un Gabinete formado por expertos independientes y miembros de los partidos de centroderecha y de centroizquierda, el cual, entre otros resultados, ha confirmado la baja de Italia de la lista de la Comisión Europea de países del Sur sometidos al Procedimiento de Déficit Excesivo. Su partido ha obtenido el mejor resultado de todos los partidos de Gobierno en Europa en la reciente elección al Parlamento Europeo, por lo que parece que las reestructuraciones económicas y las reformas legislativas pueden acompañar también una nueva normalización política.

De acuerdo con la Constitución española, el jefe del Estado puede destituir al jefe del Gobierno, disolver el Parlamento, convocar elecciones, nombrar un nuevo presidente del Gobierno, así como a los ministros que este proponga, presidir personalmente las reuniones del Consejo de Ministros, expedir los decretos gubernamentales, promulgar las leyes y, de acuerdo con el jefe del Gobierno nombrado por él, convocar referéndums sobre decisiones políticas de especial importancia. Se espera en general que el jefe del Estado use estas capacidades de acuerdo con los resultados electorales. Pero en una situación de emergencia —como sin duda es la española—, los poderes del jefe del Estado están para usarlos —como en el caso italiano— de acuerdo con la letra del texto legal.

Aunque no lo requiera la Constitución, y aunque solo fuera por cortesía protocolaria, el actual jefe del Gobierno debería poner su cargo a disposición del nuevo rey. La formación de un Gobierno de amplia coalición multipartidista, el acuerdo con Cataluña, el envío de señales de renovación y optimismo para que los capitales exiliados regresen y lleguen nuevas inversiones extranjeras, podrían ser el 23-F del rey Felipe VI. Es decir, su legitimación, no ya dinástica o constitucional, sino por los resultados de su acción. Como su padre, el nuevo jefe del Estado necesitará una legitimación de este tipo por una gran mayoría de la sociedad española, así como de la escena internacional, para consolidar su reinado en los años por venir.

Josep M. Colomer fue catedrático Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown.